Contra la represión anticomunista, ¡Libertad Pablo Hasel!

Como ya sabemos, el caso de Pablo Hasel no es excepcional. La represión política que ejerce el Estado no descansa, y se manifiesta de formas muy variadas. A continuación, repasaremos la evolución y el estado actual del derecho a la “libertad de expresión” en España.

Antes de comenzar, queremos aclarar que la cuestión de la libertad de expresión, como cualquier otra, no debe abordarse en abstracto, sino dentro del marco de la realidad material y social en la que se ejerce. En la sociedad actual, la libertad de expresión está limitada para las clases populares, puesto que los medios de comunicación y difusión los acaparan unos pocos capitalistas. El mayor mecanismo de restricción de la libertad de expresión no son las penas de cárcel sino la privación de recursos. Así pues, siempre que hablemos del “derecho” a la libertad de expresión, hablaremos de un “derecho” que ya viene coartado de partida, aunque, como veremos más adelante, la burguesía invierte sus mejores esfuerzos en limitarlo aún más cuando le empieza a ser inconveniente.

El 28 de enero de 2021 la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del rapero y militante comunista Pablo Hasel. De esta manera culmina un largo proceso de persecución «jurídica» con una clara motivación política.

Perspectiva histórica

Cualquier derecho que haya conquistado la clase obrera en su lucha por la emancipación es temporal y contingente bajo el sistema capitalista.

Esto es así porque hasta que las clases populares no tomemos el poder y consigamos terminar con las contradicciones propias del modo de producción capitalista, solo hay tres razones por las que la burguesía y sus representantes nos conceden derechos y libertades: para que podamos seguir produciendo (sanidad, educación, transporte,…), concesiones para negociar la paz social (libertad de reunión, derecho a huelga y manifestación), y aquellos que sean inocuos para el dominio capitalista. A pesar de ello, la burguesía ya ha demostrado a lo largo de la historia que no tiene ningún reparo a la hora de violar su propio ordenamiento jurídico cuando su hegemonía se ve amenazada.

En España esto se ha vivido de forma recurrente desde el mismísimo nacimiento y consolidación del Estado moderno. Cuando la burguesía daba sus primeros pasos como clase dominante respondió a la conflictividad social del sexenio democrático instaurando la dictadura de Serrano (1874) como forma de transición de la primera república a la restauración borbónica. Años después, en 1923, ante una crisis de régimen provocada, entre otras cosas, por el auge del movimiento obrero, la burguesía volvió a responder de forma autoritaria apoyando la dictadura de Primo de Rivera, que fue el precedente directo de la intentona golpista de 1936 y la posterior dictadura franquista en 1939.

Podemos ver que estos momentos históricos corresponden a diferentes respuestas, más o menos desesperadas, de diversas fracciones dentro de la burguesía, para mantener su posición hegemónica. Independientemente de estos periodos en los que el régimen liberal se torna manifiestamente autoritario, se puede comprobar como el siglo XX y XXI está plagado de momentos de suspensión de las garantías constitucionales y excepcionalidad política.

Esta perspectiva histórica nos demuestra de manera práctica los pocos tapujos que tienen las clases rentistas y parasitarias a la hora de ignorar su propio sistema jurídico cuando conviene a sus intereses. No es ningún secreto que la ley afecta de forma diferente según a quien se le aplique, y no es necesario remontarse al último siglo para observar, en España, casos de represión institucional, torturas, violencia parapolicial, corrupción sistémica y un largo etcétera.

Teniendo todo esto en cuenta, no nos puede sorprender la constante situación de acoso y derribo en la que vive el «derecho» a la libertad de expresión. En 1964, a 14 años de la «ejemplar» transición española, el albañil Timoteo Buendía fue condenado a 10 años de prisión por «cagarse en Franco» repetidas veces y en voz alta. El proceso penal corrió a cargo del Tribunal de Orden Público que en 1977 se convirtió en la Audicencia Nacional que hoy conocemos y que ha condenado a Pablo Hasel. Hay un hilo gris que, pasando por el cierre ilegal del diario Egin o el secuestro de la revista El Jueves, une este suceso con los recientes casos de La insurgencia, Valtonyc, los titiriteros de Madrid, el cantante César Strawberry o los procesados de la Operación Araña, entre otros muchos.

El repunte de la caza de brujas: Ley mordaza y reforma del Código Penal

Existen dos desencadenantes directos que explican el salto restrictivo de la legislación sobre libertad de expresión. Por una parte, el repunte de la movilización popular en 2014 (soberanistas, lucha por la vivienda, marchas de la dignidad) y por otra, la incidencia del terrorismo internacional en Europa. Podemos decir que el primero es el enemigo a combatir a corto plazo y lo segundo la excusa perfecta. Esta dinámica de utilizar la «lucha antiterrorista» para justificar la represión a los movimientos populares es más que conocida y se ha manifestado en numerosas ocasiones (11M, ETA, IRA, y recientemente Antifa en EEUU).

Las restricciones a la libertad de expresión se recrudecen en 2015 con la aprobación por parte del Partido Popular de Mariano Rajoy de la reforma del Código Penal y la Ley de seguridad ciudadana (más conocida como «Ley Mordaza»). Estos «avances» legislativos sitúan rápidamente al Estado español al frente de la persecución de artistas no solo en Europa sino también en el resto del mundo, con un total de 14 represaliados sometidos a penas de cárcel. El grave deterioro de los derechos y libertades democráticos es tan evidente que incluso lo denuncian las organizaciones más descafeinadas «Pro-derechos Humanos» (Amnistia Internacional).

Pero lo que se vive en España, por desgracia, no es una excepción. Podemos encontrar numerosos ejemplos de la deriva autoritaria que se ha extendido entre los países del entorno político español: Trumpismo en EEUU, Casa Pound/Fratelli d´Italia/Lega Nord en Italia; Front Nationale de Le Pen, Orban en Hungría, Law and Justice en Polonia, y recientemente Chega en Portugal, amén de un largo etcétera.

Entonces, ¿qué consecuencias han tenido la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal? Estas modificaciones normativas simplemente refuerzan las facultades represivas del estado. A través de imprecisiones legales y conceptos jurídicos difusos se favorece la discrecionalidad policial, dando a la policía más herramientas para perseguir y acallar la disidencia. Esto provoca no solo la represión directa de las personas afectadas, sino también, de forma indirecta, la autocensura informativa y desmovilización ciudadana derivadas de estos casos ejemplarizantes. Identificaciones masivas en manifestaciones para amedrentar a los asistentes; detención y amenazas a periodistas; trabas a la hora de identificar a la policía en su actuación; son todo medidas tendentes a asegurar la impunidad y manga ancha de los cuerpos de seguridad del estado.

Las consecuencias son contundentes: más de 25.000 sanciones entre 2016 y 2017 por “desobediencia” a agentes de policía, más de 40.000 sanciones por “faltas de respeto” a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hablamos de un total de 1.009.729 multas (hasta 2019) que suman una recaudación de más de 563,3 millones de euros. Con respecto al código penal, las cosas no mejoran: en aplicación del artículo 578 (enaltecimiento del terrorismo) desde 2011 (cese de la actividad armada de ETA) se han dictado 121 sentencias sobre enaltecimiento del terrorismo, 85 a partir de 2015. Una cifra especialmente curiosa si se tiene en cuenta las 30 sentencias dictadas en los 10 años anteriores a 2011.

No hay que olvidar que en este texto estamos hablando todo el tiempo de ataques a la libertad de expresión, que se encuadran en el marco de la represión política, pero, como es lógico, esta represión va mucho más allá (aunque hoy no toca hablar de eso).

El caso de Pablo Hasel

El proceso que ha vivido (y sufrido) Pablo Hasel es un caso paradigmático de todo lo que hemos comentado. La estrategia de acoso y derribo contra una figura pública relevante en la izquierda estatal es una forma fácil y eficaz de amedrentar a todo el movimiento popular y utilizar un chivo expiatorio que valga como ejemplo al resto. Esta dinámica se reproduce de forma constante desde 2014 con todos los casos mediáticos que, aunque en ocasiones terminaron en absoluciones, seguían provocando el efecto desmovilizador tanto en el represaliado (pena de banquillo) como en el resto del movimiento popular.

Como es lógico, a Pablo Hasel no solo se le persigue por el contenido de determinadas canciones. Si es el foco de las iras de la judicatura más reaccionaria es debido a su militancia comunista. Con Pablo la represión ha ido un paso más lejos y por ello será el primer rapero encarcelado en Europa. Poco importa la apariencia de legalidad que el aparato burocrático intente darle a este escándalo, el resultado material es claro: castigar el pensamiento, la ideología y una forma determinada de disidencia política.

Este ataque que afecta de forma personal a Pablo Hasel, es también un ataque directo contra una de las herramientas de lucha que tenemos, la capacidad de expresarnos de manera más o menos libre. Es un ataque frontal contra cualquiera que sea consciente de la necesidad de luchar contra este sistema decadente.

¿Qué pasos tenemos que dar ahora?

Como es obvio, el gobierno «más progresista de la historia» ni está, ni se le espera. Las múltiples promesas, tanto del PSOE como de UP, para derogar la ley mordaza y la reforma del código penal han caído en saco roto. Si tuvieran algún interés en deshacer esta injusticia, podrían tramitar un expediente de indulto (art. 21 de la Ley del Indulto), pero se ve que las intenciones de reparar el daño no van más allá de Twitter.

Así pues, el único camino viable es enfrentar con firmeza los ataques contra nuestros derechos más básicos. Las instituciones del Estado no son ajenas al clima político. Si la represión hoy es incontestada, mañana será aún más virulenta y devastadora. Por ello la solidaridad es una necesidad inexcusable.

Desde la Organización Comunista Revolución mandamos todo nuestro apoyo al camarada represaliado y nos movilizaremos junto al resto de los trabajadores para exigir su puesta en libertad.

¡Libertad para Pablo Hasel!

¡Amnistía de todos los presos políticos!