El caso de Vestas, el último mazazo a la clase obrera leonesa

Con beneficios de más 200 millones de euros, pretende despedir a 370 personas sólo para seguir ganando cada vez más dinero

A principios de septiembre se hacía oficial la noticia del ERE extintivo, y por lo tanto, el cierre de la planta leonesa de fabricación de aerogeneradores perteneciente a la compañía Vestas Manufacturing Spain SL (dependiente de una compañía danesa). La plantilla llevaba ya dos meses de huelga indefinida tras los rumores del cierre, a los que la empresa ofreció comprometerse únicamente a mantener la producción durante el 2018. Tras estos meses de huelga los trabajadores querían negociar una alternativa al cierre, sin embargo, se encontraron con una carta de ERE y la comunicación del cese de la actividad del centro.

Este mazazo afectará con el despido de 370 empleos directos, así como 2000 empleos indirectos en un territorio ya muy castigado por los procesos de desindustrialización. De hecho, la población de la provincia no para de disminuir desde los años 60, siendo la emigración una de las pocas salidas que tiene la población en paro. A esto le sumamos que la mayoría de la plantilla se encuentra en una edad entre 30 y 40 años, a partir de los cuales es muy difícil encontrar otro empleo.

Y todo esto ocurre en una empresa que lejos de encontrarse en una situación económica difícil, está teniendo más de 200 millones de euros de beneficios por año y teniendo la factoría de León una productividad relativa importante. Lo que ocurre aquí no es la difícil decisión de una empresa de cerrar una planta porque no “le queda otra”, sino la actitud inhumana, típica de las multinacionales, en la búsqueda por más y más beneficios sin importarle nada más. Por un lado, los sindicatos de la empresa ya denuncian los planes de deslocalización de la planta a un país donde los derechos laborales permiten pagar menos sueldos, apretar más los turnos de trabajo y exprimir a los trabajadores en general, como es el caso de China, Argentina o India. Pero éste no es el único motivo: la empresa debe a la Agencia Tributaria más de 90 millones de euros. Es decir, los impuestos que la clase trabajadora aporta todos los meses al estado, para que podamos tener una sanidad y educación públicas, a esta empresa se ha “olvidado” pagar durante 3 años. Al final, la vida de todos esos trabajadores está dependiendo de los antojos de un puñado de capitalistas financieros que invierten a su antojo, para maximizar su beneficio, ya sea evadiendo impuestos o exprimiendo a los trabajadores.

Pero esto caso es más sangrante si tenemos en cuenta el trato privilegiado que ha tenido la empresa por parte del gobierno de Castilla y León, con la cesión de suelo público para establecer la factoría, así como con los 16 millones de euros en ayuda públicas.

Recordamos como se desmanteló un sector como el de la minería en la zona leonesa bajo la excusa de su baja rentabilidad, del coste público que tenía por culpa de las ayudas y subvenciones que necesitaba. Ahora vemos como eso no les importaba. Las deslocalizaciones, el cierre de plantas y los despidos tienen más que ver con las decisiones de esos capitalistas e inversores que buscan el máximo beneficio y competir con otras grandes empresas para controlar el máximo de la producción y los recursos.

Los sindicatos y la plantilla, así como los familiares y el resto de trabajadores del territorio siguen movilizándose, siguen luchando, incluso coordinándose con los sindicatos daneses para presionar a la empresa. Porque el poder está en nuestras manos. Porque la clase trabajadora somos la que crea la riqueza. Porque sin nosotros, ellos no son nada.