¿El gobierno nos ha salvado de pagar el alquiler?

En las últimas semanas el gobierno ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas que tenían como objetivo aliviar la situación económica de las y los inquilinos a la hora de pagar su alquiler. Dentro de estas, si bien por un lado nos encontramos algunas como la suspensión de desahucios para familias vulnerables, o la prórroga de los contratos de alquiler sin posibilidad de subir el precio durante 6 meses (lo cual no ayuda mucho, pues este se ha inflado en los últimos años, siendo en 2019, de media, un 50% más caro que en 2014), vemos como el resto de lo aprobado se centra, en realidad, en asegurar el pago del alquiler a los arrendadores de alguna manera. Así, aunque parezca que se pone en el centro de atención el ayudar a quienes viven de alquiler, en realidad a quien más beneficia estas medidas es a quienes verán cómo se garantiza que esa vía de ingresos no se corta con esta situación

¿Cómo se va a ayudar a “los más vulnerables”?

En el Decreto en el que se aprueban las medidas relativas a las ayudas al alquiler, sistemáticamente se repite como muchas de estas se aplicaran a personas o familias que se encuentren en “situación de vulnerabilidad”. Si bien los criterios a cumplir para entrar en esta categoría se han ampliado (incluyéndose el ver disminuidos tus ingresos por haber sufrido un ERTE, por ejemplo) las condiciones para tener esta consideración siguen resultando insuficientes cuando sabemos que en grandes ciudades los precios de alquiler medios son totalmente desorbitados, sobrepasando, los 800€ de media en Madrid y Barcelona y habiendo muchos que, además, sobrepasan esta media con creces.

Pero, para quienes sí entren en lo que se considera “en situación de vulnerabilidad”, ¿en qué consistirá la ayuda? La mayoría de las medidas se pueden resumir en acumular de una manera u otra la deuda, mediante microcréditos sin intereses, que tendrán que devolverse antes de que pasen 6 años. Si después de esta cantidad de tiempo esas familias demuestran no poder devolver dicho crédito se podrán acoger a una serie de ayudas del Estado. No obstante, sabiendo como sabemos cómo funciona la maraña administrativa del Estado, para todo ello (tanto para pedir los microcréditos como para solicitar la ayuda para pagarlos) seguro será necesario realizar una serie de trámites burocráticos difíciles y complejos, que precisamente entorpezcan que buena parte de quienes tienen una peor situación económica los puedan desentrañar y realizar, consiguiendo así que un sector de quienes más necesitan estas ayudas no lleguen a recibirlas nunca. El Estado por un lado, demuestra con ello hasta qué punto es ajeno a lo inaccesible que estos trámites llegan a ser para un sector de la clase trabajadora, cuanto no es consciente de ello y así pretende disminuir la cantidad de ayudas solicitadas.

Por ello, si bien el poder retrasar el pago del alquiler puede ser un alivio en el corto plazo, a la larga es evidente que esto no presenta ningún beneficio para las personas afectadas, pues sigue implicando el pago íntegro de la renta, considerando además que en todos estos casos se ha dado una reducción substancial de salario de algún tipo con anterioridad (sea debido a un despido o un ERTE), lo que en esencia implica una pérdida de poder adquisitivo.

¿Qué pasa con quienes tienen gran cantidad de viviendas alquiladas?

Para los inquilinos (siempre que entren dentro de la categoría de “en situación de vulnerabilidad”) que vivan en una casa de un propietario que posesa gran cantidad de estas,  en cambio, sí podrá llegar a haber una reducción del precio de su alquiler de hasta un 50% (durante el Estado de alarma y los 4 meses posteriores). Pero, ¿qué se considera tener gran cantidad de propiedades? Observamos como para el gobierno se considera que son grandes tenedores de propiedad quienes tengan a partir de 10 inmuebles y a los fondos de inversión. Es decir, esta reducción de la renta sólo se aplicará si el arrendador se encuentra entre estos. Además de que considerar a una persona con 8 o 9 viviendas como “pequeño propietario”es indignante, vemos cómo en la práctica esto excluye a más del 85% de los inquilinos de esta rebaja. Es decir, esto se aplicará en muy pocos casos, y sólo en aquellos en que los arrendatarios se puedan permitir ese pago del 50%, pues en caso contrario se tendrán que abonar las rentas no pagadas de forma íntegra en las siguientes mensualidades (que es la otra opción a la que se pueden acoger los inquilinos de estos casos).

Resulta evidente que estas medidas no están destinadas a proteger económicamente a la clase trabajadora y las capas sociales más precarias, sino que tienen como objetivo minimizar tanto los daños económicos causados a los arrendadores, como el choque entre clases, a cambio de que los de siempre paguen los platos rotos.