En el juego del capitalismo siempre gana la banca

El escándalo de las últimas semanas en España ha sido de grandes proporciones después de una histórica sentencia emitida por el Tribunal Supremo. En esta se establecía que correspondía a los bancos y no a los clientes pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la firma de la escritura notarial de una hipoteca, a diferencia de lo que se había venido haciendo hasta la fecha.

En menos de 24 horas reaccionó el Presidente del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, que convocó Pleno para tratar la cuestión a la mayor brevedad posible aduciendo que el asunto tenía una “enorme repercusión económica y social”. Tras ese momento, los distintos altavoces de la burguesía empezaron a proclamar que se trataba de un problema técnico por la forma en que se había cambiado bruscamente la doctrina pero Díez-Picazo había sido claro y honesto, se trata de un problema económico y no jurídico.

Por supuesto, el pasado martes 6 de noviembre el Tribunal Supremo establecía la vuelta a la doctrina anterior. De nuevo vuelven a ser los clientes los que deben pagar el impuesto. Esta sumisión a los poderes económicos es algo a lo que todo el mundo ya está acostumbrado cuando se trata de los políticos, pero ha cogido por sorpresa a algunos que esto también suceda con los jueces. No debe sorprendernos en absoluto, puesto que no son los políticos o los jueces de forma individual quienes se someten a los intereses de los empresarios, sino que es el Estado el que de forma sistemática representa los intereses de la clase dominante.

El Estado es el encargado de mediar en los inevitables conflictos que surgen entra clases sociales por la imposibilidad de atender a la vez los intereses económicos y políticos de éstas. En este caso, por ejemplo, es imposible contentar a clientes y banqueros puesto que el coste económico del impuesto lo debe pagar o uno o el otro.

En definitiva, la función del Estado es la de actuar como colchón que amortigua la lucha entre las distintas clases con la intención de obtener la mejor solución posible para la clase dominante. Y esta labor se encomienda a administradores estatales (altos funcionarios, jueces, políticos…) que son profesionales entrenados para ejercer esa función mejor que lo harían quienes son los interesados más directos, los empresarios, que suelen ser algo más toscos. Y la patronal se asegura que estos administradores están alineados con sus intereses con métodos que van desde el pago de altos salarios (si no directamente sobresueldos pagados por las empresas) a educación, contactos, etc.

Y todo esto hace que este grupo de gente no tenga ni idea de cómo vive la clase trabajadora, tienen otro nivel de vida, viven en otro mundo. En el caso de muchos jueces, sobre todo los de más altos tribunales, se crean redes de contactos y clientelares en las cuales los jueces y los grandes bufetes de abogados están muy vinculados a través de excedencias y relaciones de amistad e incluso familiares. Esto forma una casta jurídica con fuertes vinculaciones con las grandes empresas y la banca que hace y deshace a su antojo ya que no tiene ningún tipo de control democrático.

Pero esto no quiere decir que los trabajadores y trabajadoras nunca podrán ser la parte más beneficiada en un conflicto que resuelva el Estado, ni tampoco que ningún empresario podrá ser particular o temporalmente perjudicado por una estructura creada para defenderle. Pensar esto sería no entender la naturaleza del Estado. Los administradores del Estado tienen un cierto grado de autonomía que les permitirá tomar decisiones que perjudiquen a algún sector de la burguesía o que hagan concesiones temporales pero siempre se asegurarán de tomar la decisión más beneficiosa para el conjunto de los empresarios y el mantenimiento del sistema, y esto se acaba haciendo patente en la mayoría de decisiones que toma el Estado.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha decidido con esta decisión histórica convertirse en el mayor garante de la estabilidad de los negocios de los empresarios aun a costa de perjudicar su propia imagen ante la sociedad. Esta decisión ha abierto los ojos a gran parte de la clase obrera ante el carácter de clase que también tienen los jueces.

Sin embargo, hay algo que debemos tener claro. Con independencia de quien acabe pagando el impuesto, siempre seríamos los clientes los que acabaríamos soportando el coste económico del mismo ya que los bancos nos lo repercutirían a través de distintas comisiones para ellos no perder nada. Pero entonces ¿dónde está la repercusión económica de la que hablaba el Presidente del Supremo?

Se encuentra en la llamada retroactividad, es decir, en que los bancos debían haber devuelto miles de millones en un corto espacio de tiempo a los clientes que en el pasado habían pagado el impuesto. Y esto hubiese supuesto un perjuicio económico fuerte para los bancos ya que, aunque hubiesen recuperado en el largo plazo ese dinero a base de subir los tipos de interés de las hipotecas, el hecho de tener que pagar tanto dinero de golpe hubiese supuesto un riesgo para su solvencia.

Es por este motivo por el que al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le costó poco salir el día siguiente ante los medios de comunicación a informar de que se va a aprobar un decreto-ley para que a partir de ahora sean los bancos los que paguen el impuesto. Porque a los bancos les da igual si abonan ellos o los clientes el impuesto (de hecho hay otros países europeos en que lo ingresan los bancos) siempre y cuando les den tiempo para hacer que el coste económico lo asuman los clientes.

Y, además, hemos visto cómo diversos medios de comunicación han criminalizado la voluntad de movilización del pueblo en defensa de sus derechos alegando que ya votaron a sus representantes políticos y que son ellos quienes deben encargarse de solventar los conflictos mientras el resto nos quedamos al margen de la participación política y la lucha.

Debemos tener claro que cualquier cambio político de peso que beneficie a los trabajadores a costa de los explotadores es imposible si seguimos las normas del Estado. Si el juego está pensando para que siempre ganen los mismos, nuestra política y nuestra lucha no puede seguir sus reglas para poder ganar. Llega la hora de organizarse y movilizarse frente a un Estado que sólo defiende los intereses de los empresarios para que puedan seguir explotando a la clase trabajadora. Busquemos un nuevo modelo, un nuevo Estado que ponga por delante los intereses de la clase obrera y que dirija a la sociedad hacia un mundo mejor, un mundo sin clases, un mundo comunista.