Un año después, los exámenes siguen siendo inseguros para la clase obrera

Desde que comenzara la pandemia, como casi todos los ámbitos sociales, la educación ha sido un campo de batalla para la clase obrera. El paso abrupto a la docencia online trajo consigo una docencia de mala calidad y un aumento del trabajo por parte del profesorado. El Estado apenas aumentó las plantillas de profesores (sólo algunas autonomías a partir de septiembre y de manera completamente insuficiente), no proporcionó la formación necesaria para adaptarse a la situación, ni dispuso del material tecnológico necesario para paliar la brecha digital, que sobre todo en secundaria es notable (un 9,2% de los hogares con menores no tienen acceso a internet y un 20% de las familias con menos renta no disponen de un ordenador[1]). A esta situación, hubo que sumar el empobrecimiento de las condiciones de vida de las familias obreras.

A partir de septiembre, la vuelta a las universidades fue completamente caótica pese a los meses de previsibilidad y estuvo marcada por la falta de recursos. Escusándose en criterios sanitarios, las bibliotecas universitarias, que son espacios necesarios para que la clase obrera pueda estudiar, redujeron de forma radical su aforo puesto que las universidades no estaban dispuestas a invertir recursos en abrir otros espacios y contratar más personal. Lo mismo ocurrió con las clases, muchas de las cuáles se han dado online para evitar otros gastos.

En las microsociedades que son las universidades, hemos podido ver también analogías de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad: a la burguesía se le protege y a la clase obrera se le excluye. Mientras se cerraban los comedores y mesas interiores, donde acuden los estudiantes que comen de tupper, las cafeterías de las universidades permanecían abiertas de par en par, abarrotadas. Mientras los microondas no podían tocarse por ser un foco de contagios, las máquinas expendedoras de empresas como Teika, con grandes contratos en las universidades, se convierten en el único lugar de donde poder consumir (además de las cafeterías, claro). A esta situación general hay que sumar que, allí donde había educación presencial, el transporte público se abarrotaba, tal y como ocurre en las horas punta para ir y volver de la jornada laboral.

Sencillamente, a grandes rasgos, invertir en educación es sólo productivo en la medida en la que se genera la mano de obra que el tejido productivo del estado demanda (abrir una nueva rama de estudios demandada por las últimas previsiones de la burguesía, adquirir licencias masivas para una tecnología usada por las empresas, etc.). Invertir en seguridad en el sistema público de educación no es rentable, y lo pagan con su salud los trabajadores de la educación y los estudiantes, sobre todo los de clase trabajadora. Por tanto, no es una necesidad bajo la lógica del capitalismo, y las medidas adoptadas no pasarán del mero maquillaje a no ser que la presión social fuerce lo contrario.

EXAMENES PRESENCIALES EN EL PICO DE LA PANDEMIA

Lo que durante el curso era un imposible para las instituciones, garantizar una presencialidad segura, y que obligó a muchos estudiantes a recibir una educación telemática de peor calidad, ahora por decreto se vuelve viable. De repente, los gobiernos y universidades afirman que la presencialidad plena y segura es posible durante los exámenes, y se reúnen para pactar nuevas medidas: aforos muy reducidos, personal para facilitar la movilidad, desinfección continua de espacios… Mientras, colegios profesionales de la salud[2], comités científicos o prevención laboral, afirman lo contrario y urgen evitar la presencialidad en las condiciones actuales. Pero como sabemos, el papel lo aguanta todo, y se manifiesta entonces una de las contradicciones que caracteriza a las democracias burguesas cuando tratan de dar respuesta a las necesidades sociales: se dice una cosa, pero ocurre otra.

Como resultado, la táctica seguida por las instituciones ha sido bien ignorar el problema, mentir o adoptar medidas nimias cuyo objetivo primordial es disimular de cara a la galería. La realidad general vista en las universidades y que ha llenado las redes sociales estos días ha sido la de aulas y pasillos abarrotados de estudiantes. Dentro de las aulas, donde en la mayoría de los casos hay decenas de estudiantes obligados a incumplir las medidas de seguridad decretadas por las mismas instituciones del estado (distancia, aglomeración, ventilación…), la mayor de las soluciones adoptadas ha sido la apertura de ventanas para generar corriente en medio de una de las mayores olas de frío de las últimas décadas (irónicamente, incumpliendo también toda normativa relativa a la temperatura mínima para lugares de trabajo y estudio).

Desde el inicio de la pandemia, las organizaciones educativas (sindicatos de trabajadores, sindicatos de estudiantes, asociaciones de madres y padres…) han luchado y denunciado la necesidad de generar espacios seguros en el ámbito educativo: grupos reducidos, purificadores de aire con filtros HEPA… Pero vista la falta de medidas por parte del Estado y ante la aceleración brutal de la tercera ola del COVID-19, con la urgencia sanitaria que acarrea, gran parte del movimiento estudiantil de clase se está viendo en la difícil coyuntura de tener que presionar a las universidades para que el periodo de evaluaciones de enero sea online, mientras se realiza una profunda crítica a las instituciones por su completa inacción desde que comenzara la pandemia; la educación debería ser presencial y segura con suficiente inversión. Organizaciones del movimiento estudiantil se están movilizando por detener los exámenes presenciales y pasar a la modalidad online, llevando a cabo acciones que pueden verse en muchas ciudades del Estado: en el País Valenciano (Valencia, Elche o Alicante), en Cataluña (Barcelona o Girona), en Andalucía (Jaén, Córdoba, Huelva o Málaga) o en Murcia. Pero las quejas se extienden por todo el estado. No obstante, es la clase obrera la que mayor peligro corre en el repunte de la pandemia: es la que acude a los centros de estudio en el transporte público, la que convive y tiene a su cargo a personas en riesgo, los que más hacinados viven en sus casas, la que no se puede permitir una sanidad privada cuando la pública comienza a desbordar… Y esta decisión, pasar a la evaluación online, es la decisión de la enorme mayoría de los estudiantes (el 91 y 86% en las universidades de Valencia o el 93% en Jaén, en encuestas realizadas el pasado fin de semana con 1.600, 4.000 y 1.800 respuestas).

Fruto de esta presión, hay algunas universidades, las que menos, que están adaptando la evaluación a la modalidad online. Otras optan por delegar esta responsabilidad en el profesorado y en el estudiantado, dejando una libertad sobre el papel que, en realidad, se traduce en desconcierto, arbitrariedad y falta de asunción de responsabilidades, mostrando la incapacidad del estado burocrático capitalista para evitar los choques entre sus distintas capas burocráticas por sus propios intereses y en adoptar medidas reales para situaciones más que previsibles.

LOS ESTUDIANTES, DISPUESTOS A PROTESTAR

Desde que se comenzara la pandemia, desde Organización Comunista Revolución denunciamos el brutal ataque del Estado hacia toda protesta social. Esta limitación de la protesta ha tenido dos vertientes. La primera, la represión directa, como pudimos ver hace pocos meses cuando la policía cargó contra los vecinos del barrio obrero de Vallecas. La segunda, la autocensura, la disuasión por el temor que surge entre los movimientos sociales a la represión, tanto violenta como económica o de estigmatización social. Para ello, el estado no duda en individualizar la responsabilidad de la pandemia para luego señalar a quien interviene en el espacio público para algo que no es ni producir ni consumir, sino protestar; o restringir la protesta a unas condiciones de seguridad que pocas organizaciones sociales se atreven a firmar por el miedo a multas inasumibles que sencillamente dejarían en bancarrota a la mayoría de los colectivos sociales. Así, en un momento de aguda crisis social, en un momento donde las organizaciones sociales se ven empujadas a luchar por unos derechos arrebatados, el derecho a la protesta se ve enormemente restringido.

Pese a ello, los comunistas sabemos que debemos empujar la protesta y la movilización, tanto desde nuestras propias organizaciones como desde aquellos movimientos sociales donde intervengamos. Y las clases populares también lo saben. Pese al dogma desmovilizador pregonado por el Estado y los medios de comunicación, en algunas de las ciudades donde se está luchando por unos exámenes seguros, los estudiantes sí han afirmado su predisposición a protestar. Por ejemplo, el 70% en la Universidad de Valencia o el 55% en la Universidad Politécnica de Valencia, cifras que representan a más de 3.000 estudiantes con la voluntad de tomar acción para revertir la situación, sólo contando con aquellos que respondieron a las encuestas.

Vemos, pues, un estado capitalista dispuesto a sacrificar a los estudiantes y trabajadores de la educación pública, fruto del desinterés para financiar su seguridad como por su incapacidad para mover a las distintas capas burocráticas en la adopción de responsabilidades y una dirección común con una mínima previsión. En cualquier caso, podemos observar cómo las clases populares, también junto a los comunistas, ofrecen resistencia pese a los difíciles márgenes que la pandemia deja para la lucha.

[1] https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/31/brecha_digital_coronavirus_110417_1012.html

[2] https://www.lasprovincias.es/comunitat/colegios-enfermeria-reclaman-20210107115024-nt.html