Gallina Blanca: el pelotazo urbanístico que viene

El conflicto finaliza con un acuerdo, pero la planta de Sant Joan Despí cierra y la recalificación del terreno es más que probable.

Los trabajadores han llegado a un acuerdo con la empresa: reubican a una cuarta parte en otras plantas de la provincia, prejubilan a quienes por edad pueden hacerlo e indemnizan al resto. El acuerdo fue aprobado en asamblea por la mayoría de los afectados. Sin embargo, cierra la fábrica del Baix Llobregat y previsiblemente el siguiente paso será la oficialización de la recalificación del terreno.

Repasemos los hechos

El pasado mes de noviembre se comunicó a los empleados de la fábrica de Sant Joan Despí (Barcelona) la decisión de cerrar la planta tras un acuerdo con el ayuntamiento para la recalificación del terreno, convirtiendo el suelo industrial en suelo urbanizable. La dirección de la empresa intentó quitarle hierro al asunto señalando que los puestos de trabajo estaban garantizados… sí, pero en Ballobar: una localidad de 823 habitantes a 93 km de Huesca.

Los trabajadores recibieron la noticia como una tomadura de pelo (así nos lo hicieron saber cuando nos entrevistamos con ellos) y empezaron a investigar qué había detrás de todo este embrollo. El asunto venía de lejos: el propio alcalde reconoció haber recibido desde hace ocho años presiones de Gallina Blanca, que es propietaria de los terrenos, y a día de hoy es un secreto a voces que existe un proyecto (¡maqueta incluida!) para edificar en ellos 343 pisos, un hotel y oficinas.

Un negocio redondo

El desmantelamiento de la histórica fábrica del Baix Llobregat (en funcionamiento desde 1954) forma parte de una estrategia con la que Gallina Blanca pretende aumentar todavía más sus beneficios. GB Foods (identidad corporativa que adoptaron en 2015) ha entrado fuerte en Asia y África; para abaratar costes, el siguiente paso ha sido empezar a deslocalizar la producción al propio continente africano. El resultado: la fábrica de Ballobar ha empezado a quedarse sin faena, sin embargo optan por cerrar la planta catalana pues es ahí donde pueden pegar el pelotazo urbanístico. La jugada se completaría con un empeoramiento de las condiciones laborales: pues el convenio que rige las relaciones laborales en Ballobar tiene menos garantías que el de la planta del cinturón rojo barcelonés.

Cuando a la empresa le va mejor, ¿a los empleados también?

GB Foods abre nuevos mercados en medio planeta y sus beneficios no dejan de crecer. Su rentabilidad económica en el 2017 alcanzó un nivel positivo del 22,19%, mientras que su rentabilidad financiera ese mismo año alcanzó un nivel positivo del 38,07%. Para más inri, la fábrica de Sant Joan Despí ha sido la más rentable de toda la marca: su desarrollo técnico ha hecho que en 65 años haya reducido el número de trabajadores de mil a tan solo setenta. El índice de productividad se ha disparado, sin embargo, lejos de revertir en mejoras para quienes ponen cada día en marcha las máquinas, la empresa opta por seguir reduciendo costes: deshaciéndose de salarios en Catalunya y apostando por los más bajos en Ballobar y en África.

La plantilla y la dirección de la empresa siempre han tenido intereses contrapuestos

Desde el primer momento los trabajadores se negaron en rotundo a acceder al traslado a Ballobar: eran conscientes de que la empresa es más que rentable. Gallina Blanca forma parte del grupo Agrolimen, propietario a su vez de marcas como Pans & Company, El Pavo o Affinity. Agrolimen tiene otras fábricas en la provincia y cuenta con más de cincuenta proveedores a su servicio, así que no era creíble que no pudiese asumir siquiera la reubicación de los afectados.

La empresa se negó a negociar si no se asumía como punto de partida el traslado a Ballobar. Así que hubo que recurrir a la Inspección de Trabajo para que la dirección accediese a reunirse con los sindicatos.

El papel del Ayuntamiento y la Generalitat

El conflicto ha estallado en una localidad de tradición obrera y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, así que formalmente todos los partidos se apresuraron a hacer declaraciones en apoyo a los trabajadores afectados. El propio alcalde (PSC-PSOE) se comprometió a no recalificar los terrenos mientras no hubiese acuerdo entre empresa y sindicatos. Ahora que ya lo hay, el pelotazo urbanístico no tardará mucho en llegar, aunque cabe esperar que lo aplacen a pasadas las elecciones.

Ya antes del acuerdo, los trabajadores con los que nos entrevistamos desconfiaban de la honestidad del alcalde Poveda. Aunque no hubiese pasado por el pleno municipal ninguna propuesta de recalificación, es vox populi que se ha reunido en innumerables ocasiones con directivos de Gallina Blanca, además de que desde hace años Poveda habla de renovar la zona sacando las fábricas del lugar y mejorando así los accesos a la estación de Renfe, a escasos metros de la fábrica. El problema es que la carta de la modernización se utilice para favorecer la especulación urbanística en el área metropolitana de Barcelona, donde el precio de la vivienda es cada vez más prohibitivo.

Por su parte la Generalitat no intervino. Como tampoco lo hizo TV3, que no cubrió nada de lo sucedido pese a que sus instalaciones, irónicamente, se encuentran a apenas un kilómetro de la fábrica. Quizá un dato que explique el silencio mediático del Govern y TV3 es el peso de los Carulla (dueños de Gallina Blanca) en el soberanismo. Esta familia, propietaria de Agrolimen y la 28º más rica de España con un patrimonio neto de 1800 millones de euros[1], es accionista principal del diario independentista Ara. Que una familia de empresarios independentistas se lleve una fábrica icónica de Catalunya para acrecentar sus ya abultadas billeteras, y además lo haga con la complacencia del Govern soberanista, es motivo para reflexionar.

[1] https://gallinablancaccoo.blogspot.com/2019/02/la-riqueza-de-los-carulla.html