¡Interinas, interinos, vuestra lucha es nuestra lucha!

En los cambios de clase, en las conversaciones durante el recreo, el rumor se va confirmando. Los nervios entre buena parte del profesorado interino se van extendiendo. La confusión aumenta, y para más inri se ha convocado una huelga para el próximo 9 de febrero. ¿Qué está ocurriendo?

De un tiempo a esta parte

El curso 2017/2018 se inició con buenas perspectivas para el profesorado andaluz. La bajada del horario lectivo permitió la contratación de miles nuevas compañeras y compañeros en los centros de secundaria. Además, el Gobierno español, siguiendo las indicaciones emanadas desde Bruselas, prometía que en las siguientes convocatorias de oposiciones sacaría a concurso un mayor número de plazas. Y es que para bajar de un 20 % de interinidad al 8 %, son necesarios miles de puestos de trabajo.

Los sindicatos presentes en las mesas de negociación, tanto a nivel estatal como autonómico, iniciaron los contactos y comenzaron a discutir cómo deberían enfocarse las nuevas y sucesivas convocatorias de empleo público en el sector. Pero las alarmas se encendieron a fines de noviembre. El Ministerio mostró sus cartas rechazando las propuestas sindicales, y una parte de las organizaciones (CCOO, UGT y STEs) respondieron con un breve encierro en las dependencias ministeriales.

Pasaron los días y las semanas, mientras que las negociaciones se mantenían más o menos enfrascadas, sin que se conocieran avances, retrocesos o puntos muertos. Parecía que el Gobierno, así como sus homólogos autonómicos, no accedieran a implementar mejoras en el proceso de oposición (mayor elección de temas, pruebas no eliminatorias, mayor ponderación y puntuación de la experiencia acumulada,… ).

Las negociaciones llegaban a su fin: el papel de CGT y la huelga del 9 de febrero

Finalizado el año 2017, en el mes de enero debían intensificarse los contactos: la convocatoria de las oposiciones se venía encima. Los sindicatos de la Mesa Sectorial en Andalucía promovieron concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno como medida para presionar. Ahora bien, la protesta fue convocada a destiempo, con poco margen para llegar a todos los centros, lo que todavía generó más confusión entre un colectivo que se mueve sin saber qué ocurrirá en los próximos meses. De ahí que la asistencia a la llamada sindical fuera bajísima.

En medio de este escenario, la Federación Andaluza Sindical de Enseñanza de la CGT lanzó la convocatoria de huelga para el 9 de febrero unilateralmente. Los cegetistas, por su parte, tacharon las propuestas de negociación como meras migajas. Ellos, por su parte, exigen la completa estabilidad del profesorado interino, es decir, la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo de todas aquellas personas en situación de interinidad.

La culpa de todo, ¿es de los sindicatos?

Sin lugar a dudas, es justo reconocer que las fuerzas sindicales mayoritarias no se han desenvuelto de manera eficaz. Sin embargo, a nuestro juicio, el principal “pecado” no es tanto la propuesta de negociación sino la poca preparación de los acuerdos. Tras años de dejadez, los sindicatos han oxidado su capacidad de movilización: la afiliación se ha desinflado, y las trabajadoras de la enseñanza no se sienten realmente identificadas con quienes debieran ser sus representantes. Cualquier planteamiento ante la administración, es decir, nuestra “patronal”, no tendrá demasiado recorrido sin que exista la suficiente tensión entre el profesorado. En otras palabras, sin movilización, no habrá pacto, sino imposición del Ministerio y los gobiernos autonómicos.

De la misma manera, CGT no está teniendo un comportamiento correcto. Si en otras ocasiones, el sindicato rojinegro ha criticado los métodos poco democráticos de CCOO o UGT, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo movilizaciones laborales, en esta ocasión está incurriendo en la misma práctica. Además, la precipitada convocatoria de CGT posee más luces que sombras: crea ciertas expectativas entre un sector de la interinidad, realmente preocupado por ver peligrar su trabajo, pero la falta de preparación, así como su activismo espontáneo no auguran buenos resultados; más bien todo lo contrario.

Además, el planteamiento de CGT no es del todo sincero y claro. Al exigir la completa estabilidad del personal interino, es consciente de que se blindarían la mayoría de las plazas hoy ocupadas, reduciéndose en un alto porcentaje las posibilidades de que futuros aspirantes puedan opositar. Este matiz pasa desapercibido, en el mejor de los casos, y plantea interrogantes sobre el modelo de acceso al empleo público de este sindicato.

Nuestra posición

A pesar de la endiablada situación en la que se encuentra el personal interino, se están convocando diversas asambleas de trabajadoras y trabajadores en los centros de estudio. Sin duda, es una buena noticia que el personal interino, aunque no solo, se reúna, evalúe el momento y tome las decisiones que estime oportuno. En nuestro caso, consideramos que la huelga del 9 de febrero es precipitada, y puede suponer una derrota antes de tiempo para un conflicto que, sin duda, debe plantearse a medio y largo plazo.

Las asambleas serán el espacio propicio para estudiar qué hacer. Es urgente determinar los plazos con que contamos, y trazar un plan para llegar a la totalidad de centros de Andalucía, y no solo en las enseñanzas medias, sino también en los niveles de infantil y primaria. Además, el personal interino no puede lanzarse a la pelea sin contar con el apoyo y la implicación directa del resto de la plantilla funcionaria, así como del resto de agentes de la comunidad educativa. Insistimos en los tiempos, ya que es muy probable que una vez se convoquen las oposiciones, la mayoría de interinas e interinos prioricen su tiempo libre en la preparación de los exámenes.

Ahora bien, el verdadero problema al que nos enfrentamos, trasciende de qué tipo de acceso es más favorable o menos al conjunto de los interinos, o qué fórmula encaja mejor para conciliar los intereses entre quienes ya están dentro del sistema educativo y quienes aspiran a ingresar. El origen de todos los males radica, en último término, en las bases del sistema educativo y el modelo de sociedad en el que se inserta. Recordemos que, a fin de cuentas, todavía serían necesarios cubrir más puestos de trabajo en los colegios e institutos para alcanzar los niveles de ratio más dignos. Esto, sin embargo, no se ha contemplado (ni se contempla) por ninguno de los Gobiernos o fuerzas políticas en liza. Los sindicatos son débiles, y nosotras, las trabajadoras de la enseñanza, tenemos como primera obligación aumentar la afiliación de las organizaciones sindicales. Pero no para agrandar los listados de socios, sino para encauzar toda nuestra fuerza en un único y útil sentido.

¿Podemos cambiar el horizonte?

La lucha de los interinos no deja de ser un síntoma más de los límites a los que nos enfrentamos la mayoría trabajadora. Hoy es el profesorado que lucha por ver colmada su aspiración a un puesto de trabajo estable digno. Ayer fueron las trabajadoras y trabajadores de la estiba quienes pelearon duramente por por mantener sus empleos. El mañana todavía es incierto, sobre todo para aquellas trabajadoras y trabajadores en paro, o para aquellas que todavía se encuentran terminando su formación.

En este sentido, no es difícil concluir que si el profesorado interino consigue sus objetivos, a medio plazo, no serán fácilmente sostenibles en el tiempo. La economía capitalista que gobierna nuestras vidas impone desde hace años un modelo de enseñanza basado en el aumento de la escuela concertada y privada, donde reina el enchufismo y elitismo, frente a una cada vez más mermada escuela pública. Los recortes de los últimos años no son casuales, responden en todo caso a un perfecto plan que busca precarizar el sistema público de enseñanza a costa de beneficiar un modelo basado en la privatización y mercantilización. Ahí entra el papel que ha jugado la interinidad: un colectivo altamente precario, utilizado para “tapar” los agujeros de la administración a un coste más barato. En cambio, la pérdida de derechos en el resto del profesorado supone una oportunidad para reducir los niveles de interinidad, tal y como marca Bruselas. Tanto los gobiernos socialistas como, en los últimos años, los ejecutivos del Partido Popular, han desarrollado una política salvaje contra todos los derechos laborales del profesorado. Las diferencias entre colectivos docentes, en consecuencia, se han reducido. Y, por desgracia, a peor.

Mermar el sistema público de enseñanza es el objetivo principal, beneficiar a los centros concertados-privados el resultado de la política. La escuela pública, en pocos años, terminará por convertirse en el espacio de formación de los sectores más empobrecidos de la población, un espacio donde encuadrar y formar al menor coste posible a la futura mano de obra del país; los grupos sociales más acomodados, deberán pagar de su propio bolsillo una mejor educación para sus hijas e hijos.

Pero no lo olvidemos, se trata de un asunto político, netamente político.

La clase obrera, de la que forma parte el profesorado, no tiene quien la defienda. Es el momento, es la hora de poner fin a esto. Modestamente, desde nuestra Organización Comunista Revolución, creemos que el futuro pasa por organizar los intereses políticos de nuestra clase. Y para ello es preciso construir una organización, el Partido Comunista, que sea capaz de cambiar por completo el estado actual de las cosas. Solo construyendo un nueva nueva política, basada en el interés de la mayoría, podremos comenzar a poner fin a todos nuestros problemas. Solo la lucha por el Socialismo nos ofrecerá un mejor futuro.