Madrid por la libertad de Pablo Hasel: represión y abuso policial

En los últimos meses se han sucedido diferentes movilizaciones en todo el estado exigiendo la libertad del rapero comunista Pablo Hasel. Estas movilizaciones, con especial incidencia en Cataluña y Madrid, han encontrado una respuesta represiva y desproporcionada por parte del gobierno y las fuerzas policiales: identificaciones masivas, amenazas, multas, cargas indiscriminadas, detenciones irregulares, malos tratos en comisaría… Bajo el amparo de los medios de comunicación y con la excusa de la “situación de excepción” provocada por el Covid19, el Estado se ha visto legitimado para mostrar una cara más autoritaria que de costumbre.

Los atropellos que se han ido acumulando durante la pandemia están poniendo al Estado en una situación verdaderamente incómoda. Teniendo en cuenta la posible ola de protestas y movilizaciones que podrán estallar con el pico de la crisis económica y la mejora de la situación sanitaria, se ha decidido preventivamente responder de forma autoritaria y amedrentar al movimiento popular. En este artículo veremos cómo la policía no ha dudado en saltarse su propia legalidad utilizando las herramientas a su alcance (legales e ilegales) para intentar desmovilizar a las miles de personas que decidieron salir a la calle en defensa de nuestros derechos y libertades más básicas.
A lo largo del texto repasaremos brevemente las movilizaciones que se han organizado en Madrid y analizaremos la estrategia de los cuerpos represivos (y su fracaso) a la hora de intentar desmovilizar a los solidarios. Todo apunta a que nos aproximamos a un momento histórico, a nivel internacional, en el que los Estados capitalistas lo van a tener cada vez más complicado para mantener la “paz social”. Las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasel han sido el prólogo de nuestro futuro más inmediato.

De Jacinto Benavente al 20M

El 6 de febrero, tras la noticia de la inminente entrada en prisión de Pablo Hasel, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid convocó una concentración en Jacinto Benavente. Media hora antes de la convocatoria, la plaza y sus alrededores estaban tomados por varias unidades de UIPs. Su intención era disolver la concentración antes de que empezara a llegar el grueso de la gente. Viendo que media hora antes de la convocatoria el número de concentrados ya era más que respetable, la policía hizo un intento fracasado de exigir verbalmente la disolución de la concentración y la identificación de quienes parecían ser los organizadores. No lograron amedrentar a nadie y a la hora fijada se desplegó la pancarta y se ocupó toda la plaza. La policía no tuvo fuerzas para disolver a las 600 personas que acudimos ese día. La concentración se alargó varias horas sin prácticamente ningún incidente. Una vez desconvocada se dieron altercados menores en las calles adyacentes y la policía secreta realizó algunas detenciones.
Tanto esta actuación policial como las que vinieron después se justificaron en el hecho de no haber comunicado la decisión de manifestarse. En España el “derecho a manifestarse” pasa por pedir permiso a la delegación del gobierno y que no te prohíban movilizarte. Como en teoría es un derecho fundamental la “única” obligación del convocante es “comunicar” la decisión de manifestarse. En la práctica, este “tramite” ha servido para que la delegación de gobierno de Madrid haya prohibido movilizaciones en solidaridad por Pablo Hasel, por los servicios públicos o el 8M, mientras permitía, en el mismo mes, dos manifestaciones franquistas en el centro de la ciudad. Está claro que el derecho de manifestación no es el mismo para todos.

10 días después de la concentración en Jacinto Benavente los Mossos d’Esquadra asaltaban el rectorado de la Universidad de Lleida para detener a Hasel. La respuesta en la calle no se hizo esperar, al día siguiente, miles de personas nos concentramos en la puerta del Sol. Esta vez el despliegue policial duplicó al anterior. Desde la hora de comer se podían ver furgones policiales por el centro de Madrid, un helicóptero de la policía nacional que sobrevoló la ciudad hasta altas horas de la noche y varias unidades de UIP controlando los accesos a la plaza, identificando, cacheando de forma arbitraria e intimidando a cualquiera que pareciera sospechoso. Estas identificaciones fueron especialmente violentas y humillantes, se requisaron panfletos, banderas, carteles e incluso botellas de agua. La intención de la policía era obvia: caldear el ambiente todo lo posible, provocar “caos” y “disturbios” para, por un lado, deslegitimar las protestas por “violentas” y, por otro, justificar las cargas policiales (que para los medios nunca son violentas).

A pesar del sabotaje, ese día se congregaron en la Plaza del Sol más de 6000 personas que exigieron firmemente la libertad de todos los presos políticos, las libertades de expresión y de manifestación, el fin de las torturas en comisaria y de la impunidad policial. Como es lógico, las fuerzas represivas no podían permitir que en la capital del reino se pusiera en evidencia -de forma tan descarada- el carácter antidemocrático del Estado. Urgía dar una lección ejemplar, no solo al movimiento popular madrileño sino también al resto del estado. Las cargas no se hicieron esperar. Tras dos horas de concentración la policía cerró todos los accesos a la Puerta del Sol. Ante esta situación los manifestantes intentaron romper el cerco subiendo por la Calle de Carretas. En este momento comenzaron los disparos de Foam, los porrazos y las cargas. Parte de los concentrados huyeron por las diferentes bocas de metro, pero una gran mayoría aguantó 45 minutos más de cargas. Llegado cierto momento la policía dejó libre la Calle del Correo por donde se desperdigó la mayoría de la gente terminando con la concentración. En las calles adyacentes, escuadras de UIP seguían cargando y grupos de secretas detenían a las personas que intentaban abandonar el lugar. La actuación policial se saldó con cientos de heridos por los golpes, 30 de ellos necesitaron asistencia medica y hubo más de 20 detenidos.

No puedes encerrar a más de 6000 personas en una plaza céntrica de Madrid, molerles a palos y pretender que nadie se entere. La principal tarea del Estado, llegados a este punto, era justificar lo ocurrido. Los voceros de la patronal no tardaron ni 24 horas en dibujar un escenario inventado de salvajes radicales cuyo único propósito era quemar Madrid. Para ello se valieron, por ejemplo, de un video en el que se puede ver como unos cuantos manifestantes acorralan a varios UIP que estaban de caza en una de las calles adyacentes por donde había escapado la mayoría de la gente. ¿Si el operativo policial estaba en sol, que hacían ahí esos agentes? Ningún medio se hizo esa pregunta, la respuesta no les salía a cuenta.

En este clima de tensión y con la maquinaria mediática funcionado a pleno rendimiento, el MAR volvió a convocar 3 días después una concentración en Callao por la libertad de Pablo Hasel y la de todos los detenidos en Sol. La delegación de gobierno redobló sus esfuerzos y volvió a aumentar el dispositivo policial. Esta vez ocuparon todas las calles que desembocaban en la plaza y directamente decidieron no dejar pasar a nadie que viniera en grupos (amén de los cacheos y las identificaciones arbitrarias que serán una constante en todas estas movilizaciones). Los tambores de guerra de la prensa, los palos en sol y una presencia policial abrumadora e injustificada lograron su objetivo y la concentración se realizó con la asistencia de unas 300 personas. Esta vez, además, acudieron a las calles aledañas grupúsculos de neonazis que no llegaron a hacer nada (y no precisamente por la presencia policial).

Tras lo ocurrido en Callao se convocaron asambleas abiertas multitudinarias a las que acudieron organizaciones comunistas, colectivos antifascistas, anarquistas y un grandísimo número de individualidades dispuestas a luchar por las libertades más básicas y por el cese de la brutalidad y la impunidad policial. De esta asamblea surgió la idea de realizar otra movilización el 20 de marzo: “Por nuestros derechos y libertades ¡Amnistía total! Libertad Pablo Hasel”.

En todos los barrios de Madrid aparecieron pintadas, panfletos y piquetes informativos denunciando los abusos y torturas policiales, los ataques a la libertad de expresión, los abusos de la patronal, el paro endémico y la precariedad a la que nos condenan para que los cuatro de siempre se sigan llenando los bolsillos. Como reacción a esto, las “fuerzas del orden” se sirvieron del ruido y del miedo mediático para deslegitimar la movilización con semanas de antelación: “la extrema izquierda se prepara para tomar Madrid” rezaban sus titulares. En las semanas previas a la manifestación la policía se esforzó en intimidar a todas las personas que participaban de las acciones para difundir la convocatoria: identificaciones, multas y requisas de todo el material posible. Esta vez la estrategia del miedo iba un paso más allá y demostraba una vez más que el derecho a la libertad de expresión solo protege a quien no incomoda.

El 20 de mayo nos congregamos en Atocha más de 1000 personas a pesar de saber que el dispositivo policial iba a ser el mayor hasta la fecha: otros 1000 antidisturbios venidos de fuera de Madrid, con sus escopetas, drones y ganas de dar palizas. La propia policía decidió colocar sus furgones en el Paseo del Prado para impedir el avance de la manifestación, cortando durante horas una arteria principal de la ciudad. El fuerte dispositivo policial no se hizo esperar y las Unidades de Intervención encapsularon al millar de manifestantes a pesar de encontrarse en “campo abierto”. Tras dos horas de concentración se desconvocó la movilización sin ningún incidente.

Sin embargo, no puedes ponerte en pie de guerra alertando de que Madrid va a arder, gastarte un dineral en una operación policial desproporcionada y que luego no pase nada. La policía no se pensaba conformar, no querían irse sin un par de fotos que pudieran justificar ante la prensa un desligue de estas características. Así pues, una vez terminada la manifestación la policía obligó a todos los manifestantes a retirarse por la Cuesta de Moyano (una calle peatonal sin salidas laterales). Al final de la Cuesta un cordón de «lecheras» y antidisturbios seguido por un nutrido grupo de periodistas bloqueaba el paso a la gente que quería volver a casa. La idea era simple: si durante la manifestación no hay altercados, se fuerza la situación para que los haya. La jugada les volvió a salir mal. Exigieron que los manifestantes se identificaran uno a uno para poder salir. Muchos se negaron y estuvieron más de 3 horas bajo las amenazas de detenciones y multas.
Hasta la fecha no ha llegado (ni llegará) ninguna multa derivada de esas identificaciones. Esto es así porque la actuación policial fue manifiestamente ilegal y su intención no era multar a todos los asistentes a la manifestación; su intención era disciplinar a la disidencia, humillarnos y desmovilizarnos: la siguiente asamblea abierta fue todavía más numerosa que las de preparación para el 20M, se ve que no lo consiguieron.

Conclusiones

La represión es una táctica más -de la burguesía- para afianzar su sistema utilizando la maquinaria del Estado como un títere a su servicio. Cuando la zanahoria no funciona, toca usar el palo. Las crisis cíclicas del capitalismo son cada vez más profundas y frecuentes y están llevando a la clase dominante al borde de sus contradicciones. Esto hace que, en muchos casos, no tengan con qué apaciguar las protestas populares y recurran a la violencia directa.
Esto que se ha vivido en Madrid no es ajeno a la situación internacional: la semana del 21 de marzo se produjeron movilizaciones multitudinarias en Reino Unido en contra de la futura aprobación de una “ley mordaza”; de la misma forma que meses atrás el pueblo francés salía a las calles y obligaba al presidente Macron a revisar su “ley de seguridad ciudadana”. España no será una excepción, el camino de la organización y la lucha es el único que nos puede garantizar unas condiciones de vida dignas. Seguiremos saliendo a la calle para denunciar las miserias del régimen, exigir la amnistía de todos los presos políticos y la derogación de la legislación represiva.