Una cuarentena a la carta para la patronal

En la segunda quincena de marzo se contabilizaron 900.000 nuevos parados, aumentando el desempleo hasta los 3’7 millones, cifra equivalente a los empleos destruidos entre el 2 de octubre de 2008 y el 27 de febrero de 2009. Esta cifra del paro no incluía a los trabajadores afectados por ERTES. Actualmente hay más de 4 millones de trabajadores afectados. Los sindicatos denunciaban el pasado 22 de marzo que el 95% de las empresas industriales y de la construcción seguían activas. Los sindicatos italianos, conscientes del riesgo al que se exponían los trabajadores, llamaron a una huelga general si el gobierno de Giuseppe Conte no decretaba el cierre de las empresas que no ejercían una función fundamental en la crisis sanitaria.

El pasado 14 de marzo el gobierno decretó el Estado de Alarma ante la llamada “crisis del coronavirus”. Esta medida está destinada a asegurar el confinamiento colectivo como forma de evitar el contagio masivo del COVID-19 y el colapso en el sistema sanitario español. Un sistema sanitario público que, siendo uno de los mejores del mundo, llega debilitado tras los intensos recortes sufridos durante la crisis y que ahora se hacen evidentes, por ejemplo, con el insuficiente número de camas en las UCIs.

Con el Real Decreto se dio lugar al Estado de Alarma, se cerraban los bares y restaurantes, la mayoría de comercios, centros culturales y todo espacio público que pudiera suponer un foco de contagio. Como contraposición, el gobierno comunicó que se mantenían los trabajos necesarios relacionados con la sanidad, los supermercados, la limpieza, la energía, la investigación o los transportes; pero también se mantenía la producción industrial y la construcción como puestos de trabajo que no están de cara al público.

empresas que mantenían innecesariamente su producción acabaron cerrando debido a la presión de la plantilla, que incluso se plantó durante los turnos de trabajo ante la falta de seguridad, como es el caso de Mercedes o Vestas

El gobierno, con la presión de la patronal, se ha encargado de que la producción se detuviese en lo más mínimo. De hecho, ha sido una práctica generalizada en casi todos los países dilatar en la medida de lo posible la activación de medidas de protección y confinamiento para la población si suponía un parón en la economía. Los empresarios alegaban que paralizar la producción tendría un gran impacto en la economía española y podría llevar a una nueva crisis. Además, estos denunciaban que tuvieran que seguir pagando el sueldo de la plantilla si no iba a trabajar, a pesar de la situación de excepcionalidad y de los beneficios que tienen las grandes empresas del país.

Teniendo en cuenta lo anterior, las opciones que han ido quedando para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país han sido: seguir trabajando, muchas veces en condiciones de inseguridad, por incumplimiento de distancias, falta de material de protección, condiciones inseguras de transporte, falta de información, etc.; o ser despedidos, tanto definitiva como temporalmente, con la reducción de ingresos correspondiente.

Por un lado, la mayoría de fábricas y cadenas de montaje han seguido funcionando con normalidad, salvo las grandes plantas de automoción que se acogieron mayoritariamente a los ERTE facilitados por el gobierno. Los sindicatos denunciaban el pasado día 22 de marzo que el 95% de las empresas industriales y de la construcción seguían activas, y en particular las PYMES. Parte de estas empresas que mantenían innecesariamente su producción acabaron cerrando debido a la presión de la plantilla, que incluso se plantó durante los turnos de trabajo ante la falta de seguridad, como es el caso de Mercedes o Vestas.

Los progresivos cierres y su gestión, por lo tanto, no han tenido como único objetivo y criterio el desarrollo de una política ordenada de contención del virus que planifica, coordina y armoniza una respuesta colectiva para superar esta crisis.
En cualquier caso, actualmente muchas empresas continúan su producción a pesar de los riesgos que pueda sufrir la plantilla. Uno de los casos más llamativos es el de Airbus, que llegó a reconocer al menos 138 trabajadores contagiados mientras mantenía su producción en marcha.

Dentro de este contexto, ante un crecimiento de infectados que no remitía, se aprobaba un Decreto por el que quedaba suspendida toda la actividad considerada no esencial. Esta medida, que duraba menos de 2 semanas, cerraba con una deuda de los y las trabajadoras hacia la patronal en forma de una bolsa de horas, que tendrán que recuperar durante los próximos meses.

Por ahora, el peso de la crisis lo está soportando el conjunto de la clase trabajadora, que exponiéndose al contagio del virus sigue o bien en la cadena de producción, transporte y distribución de las mercancías necesarias para la resistir esta crisis, o bien manteniendo la actividad económica para que los empresarios mantengan sus beneficios, o bien en el paro esperando a que esto pase. Esto, sin pasar por alto el trabajo del personal sanitario y de servicios relacionados (como la limpieza) que se están dejando la piel en contener la enfermedad y tratar a los afectados.

¿Qué hacen las empresas cuando se ven obligadas a parar?

Con la llegada de la pandemia a nuestro país, los casos de parálisis productiva se han traducido en despidos. En la segunda quincena de marzo se contabilizaron 900.000 nuevos parados, con los que la cifra de desempleo asciende a 3’7 millones. Conviene recordar que aquí no se contabilizan las personas afectadas por ERTEs, pues éstas conservan su puesto de trabajo. Para ilustrar la magnitud del impacto, la cifra equivale a los empleos destruidos en España entre el 2 de octubre de 2008 y el 27 de febrero de 2009: cinco meses considerados la zona cero de la Gran Recesión provocada por la quiebra de Lehman Brothers.

En principio estos despidos quisieron evitarse. La facilitación de los ERTEs fue justificada por el gobierno como una medida en ese sentido. Sin embargo, los despidos no fueron parcialmente dificultados hasta 13 días después de declararse el estado de alarma. Decimos “parcialmente dificultados” porque no es exacto hablar de prohibición, ya que sigue siendo posible el uso del despido improcedente y cualquier recurso a los juzgados queda paralizado a la espera de que éstos retomen su actividad. Momento en el que previsiblemente se dé una saturación ante la oleada de despidos e irregularidades cometidas por la patronal desde el inicio de la crisis sanitaria.

Aun así, los ERTEs están siendo el recurso más común en las empresas para evitar las cargas salariales mientras dure la crisis sanitaria. Al cierre de esta edición, este tipo de expedientes afectan a más de 4 millones de personas: 4 millones de sueldos y cotizaciones a la seguridad social que correrán a cargo de las arcas públicas.

La negociación de los ERTEs no ha estado exenta de conflictividad y se han generalizado tensiones en torno a la complementación salarial más allá del 70% que paga el Estado. Uno de los ejemplos ha sido Nissan, donde los representantes de los trabajadores han tenido que pelear duro para conseguir que la empresa compense hasta alcanzar el 85%; además la empresa parece querer aprovechar la coyuntura para cesar su actividad industrial en Cataluña y no esconden que la posible vuelta a la actividad el próximo 4 de mayo sea sólo para la fabricación puntual del modelo pick up de Mercedes Benz, tras la cual el futuro de la planta está en el aire. La respuesta de los trabajadores y trabajadoras ha sido la convocatoria de huelga.

El resultado global del impacto queda plasmado en la siguiente gráfica. Ésta muestra los datos en base a la población activa del cuarto trimestre de 2019 (23.158.800 personas), el último publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

¿Qué está pasando fuera de nuestras fronteras?

Fuera de nuestras fronteras la crisis del coronavirus también hace estragos. En China y Corea del Sur prácticamente se ha superado la situación. Sin embargo, en el resto de Asia lo peor está por venir, con países como la India, Rusia y del sureste asiático que están en subida casi exponencial.

Los sindicatos italianos, conscientes del riesgo al que se exponían los trabajadores, llamaron a una huelga general

En Europa se está llegando a sus niveles máximos, en base a las medidas de contención, la realización de test de forma masiva y el acceso a un tratamiento por parte de la mayoría de la población trabajadora. A pesar de ello, las consecuencias a nivel económico y laboral están siendo negativas. Además, hay casos en los que se viven condiciones extremas como son los campos de refugiados en Grecia y Turquía.

En Italia, el 23 de marzo el gobierno decretó el cierre de empresas cuya actividad consideraba “estrictamente no esencial”. Sin embargo, este decreto contemplaba excepciones para muchas empresas del sector industrial. Los sindicatos italianos, conscientes del riesgo al que se exponían los trabajadores, llamaron a una huelga general si el gobierno no decretaba el cierre de las empresas que no ejerciesen una función fundamental en la crisis sanitaria.

Fuente: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

En África y Latinoamérica el virus avanza más lento, pero las consecuencias de su extensión en estas zonas pueden ser devastadoras, debido a la precariedad de los sistemas sanitarios y preventivos. A esto se le suma la gran incidencia de otras enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el sida, que multiplican la mortalidad del coronavirus.

Los gobiernos, líderes y movimientos de extrema derecha aprovechan la situación creada para perpetuar la limitación de libertades y con ello coartar la capacidad de movilización y lucha de los trabajadores ante la crisis que está por venir

Cabe destacar el caso de EEUU, con la mayor tasa de infección y mortalidad a nivel mundial. Con un sistema sanitario restringido y caro para la gran parte de la población trabajadora, puede afectar dramáticamente no sólo a su salud si no llevarlos endeudarse de por vida. Por otro lado, cabe destacar las consecuencias políticas que está habiendo a nivel mundial. Los gobiernos, líderes y movimientos de extrema derecha aprovechan la situación creada para perpetuar la limitación de libertades y con ello coartar la capacidad de movilización y lucha de los trabajadores ante la crisis que está por venir: en Hungría, el presidente ultraderechista Orbán gana una votación para mantener indefinidamente el estado de alarma y disolver en la práctica el parlamento; en Brasil, Bolsonaro promueve manifestaciones filofascistas contra la cuarentena donde se llama a cerrar el Congreso y darle el poder al ejército; en EEUU, Trump aprovecha la coyuntura para fomentar la xenofobia; por lo que respecta a España, se ha visto a miembros de VOX y su entorno coqueteando en redes sociales con la posibilidad de un alzamiento militar.

¿Y mañana qué?

Todo apunta que no habrá un día concreto en el que todo vuelva a “la normalidad”. La transición será larga y no será un regreso a la situación previa, pues la pandemia lo habrá trastocado todo.

¿quién pagará la factura de todo esto? Porque de momento no se ha anunciado ni un solo impuesto a las grandes fortunas

El escenario en el medio plazo se está dibujando hoy mismo. En paralelo a los despidos y ERTEs ya mencionados, se produjo el desplome de las bolsas: los inversores retiraron sus acciones para no hacerse cargo de las pérdidas. No obstante, en cuestión de semanas el IBEX se ha ido recuperando gracias a las citadas medidas y a que de los 200.000 millones de euros movilizados por el Ejecutivo, la mitad han sido destinados a una línea de avales para las empresas.

Los objetivos de déficit y las normas presupuestarias de la Unión Europea quedan temporalmente suspendidos por la pandemia. Sin embargo, hay una pregunta obligada: ¿quién pagará la factura de todo esto? Porque de momento no se ha anunciado ni un solo impuesto a las grandes fortunas ni se ha obligado a las empresas con beneficios multimillonarios a hacerse cargo íntegramente de los sueldos de sus empleados.

La lucha contra el coronavirus está precisando de la movilización coordinada de ingentes recursos materiales y humanos. Una vez la epidemia remita, perdurará el desempleo (en España el papel del turismo es crucial y éste no va a recuperarse tan rápidamente), habrá aumentado el endeudamiento y caído el poder adquisitivo. ¿Cómo van a afrontar los trabajadores esa otra crisis que está por venir? En vista de los hechos, la reacción espontánea de quienes acumulan los beneficios no es arrimar el hombro.