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25N: ¿Por qué el capitalismo es incapaz de erradicar la violencia de género?
La lacra de la Violencia de Género parece ser un mal social endémico. Es decir, a pesar de contar con una Ley de Protección Integral, un Plan de Estado en 2019 y una partida presupuestaria, las cifras se mantienen regulares. Esto se debe a cómo la violencia de género ha sido y es un fenómeno socialmente necesario para mantener el orden patriarcal. En la dictadura franquista, no sólo era legal sino recomendable ejercerla para mantener la estabilidad en el núcleo familiar. Hoy en día, incluso en países donde se reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, no existe una categoría legal que reconozca la violencia de género. En el caso del Estado Español, se cuenta con una ley avanzada pero que, aún así, no es capaz de frenar la violencia de género ni prevenirla.
Así pues, el objetivo de este artículo será demostrar a nivel práctico como la violencia de género no puede combatirse eficazmente desde el capitalismo, así como desenmascarar todas las trabas sociales, burocráticas y jurídicas a la hora de denunciarla. Esto, al fin y al cabo, explica una pauta real que supone una problemática que el estado burgués no es capaz de abordar: un 74’4% de las mujeres asesinadas por violencia de género no ha denunciado[1]. Esta elevada cifra tiene, por una parte, un componente de clase, y, por otra, una serie de trabas burocráticas durante el proceso que fomentan que la denuncia no se termine de tramitar. Es vox populi que un proceso de denuncia por violencia de género es muy duro. Puede durar años e incluso puede costar la vida en caso de represalia. Pero nosotros explicaremos el “porqué”, en relación con el sistema capitalista y la situación de las mujeres trabajadoras.
1. Los problemas de la aplicación de la Ley Integral de Protección Contra la Violencia de Género.
El primer problema radica en los presupuestos: se han destinado 220 millones a la aplicación del Pacto de Estado Contra la violencia de género en 2019[2]. Evidentemente, estos presupuestos oscilan en función de las legislaturas, se reparten entre las Comunidades Autónomas, y de ahí entre los municipios. No se puede hacer un seguimiento ni exigir rendición de cuentas en cómo se distribuye e invierte este dinero, pero lo que está claro es que la dotación presupuestaria no es suficiente para cubrir la emergencia sanitaria de la Covid 19, durante la cual las llamadas al 016 se han incrementado al 60%[3]. Un presupuesto oscilante, que no está blindado, no es garantía de protección ante nada. Menos aún teniendo en cuenta que, muchas veces, también escasean profesionales formados en este ámbito, además de haber una carencia evidente de infraestructuras y financiación. Tenemos que ser conscientes que esta partida presupuestaria la pintan como un salvavidas, pero es insuficiente. En tiempos donde la agudización de la crisis lleve al gobierno a recortar en gastos sociales, la situación empeorará: si el dinero va destinado sobre todo a planes de prevención, estos se paralizarán y dejarán aun menos preparadas a las instituciones.
Un ejemplo de este problema sería el reciente conflicto de las y los trabajadores de SARA[4] (Servicio de Atención, Recuperación y Acogida). Barcelona, con un ayuntamiento que presume de ser puntero en materia de violencia de género, tiene un único centro físico de asistencia en la ciudad, que cuenta con tan sólo 43 trabajadores. Si nos fijamos en las estadísticas, que nos dicen que un 31% de las mujeres de la ciudad ha sufrido violencia de género, no nos salen las cuentas. Y es que este año el SARA de Barcelona ha hecho 8566 intervenciones, el doble que el año pasado. Además, estos trabajadores se encuentran en una situación límite en la que están obligados a mantener horarios peregrinos que no les permiten conciliar con su vida privada. Dadas las malas condiciones, otro problema grave es la rotación de plantilla. Un buen número de ellos entran a través de la bolsa de empleo del ayuntamiento y al encontrarse tal panorama, piden el traslado a los seis meses. Esto hace que mujeres y menores que estaban en período de recuperación se queden sin psicóloga ni asistente social. Como podemos ver, las propias condiciones laborales que imperan dentro del capitalismo ya de por sí son una traba en sí para que se aplique la ley de forma efectiva.
Otro problema de aplicación de la ley son las propias dinámicas de las democracias burguesas. Como hemos visto, a la hora de aplicar la ley, esta es poco más que papel mojado, pero si analizamos algunos factores culturales podemos ir más lejos. Hoy en día tener unas tasas muy altas de violencia machista es motivo de vergüenza e indica una falta de estabilidad en el modelo estatal. Esta percepción se debe al auge de un Movimeinto Feminista que vive una carrera ascensional desde 2008 y ha sido capaz de presionar. De este modo, en general, todos los partidos políticos parlamentarios condenan la violencia de género, o al menos sus expresiones más dañinas. Pero aún así, el supuesto state of mind feminista no está tan generalizado como podríamos creer, sino que corresponde a una tendencia que puede ser pasajera, o incluso que haya legislaturas reaccionarias. Por ejemplo, ante la amenaza de la pandemia, se emprendió una campaña mediática de debate acerca de si la manifestación del 8M había tenido algo que ver en su propagación. Aunque solo se generó ruido y poco más, tenemos que ser conscientes de que los derechos en una democracia burguesa no son garantías, y que no se pueden desestimar legislaturas de carácter conservador o reaccionario, que recorten aún más los presupuestos o propongan enmiendas a la ley.
Finalmente, nos encontramos con un problema cultural de fondo. A pesar de que la mitad de la población se considera feminista, “sólo” un 5’1 % es activa dentro del movimiento[5], ya que el feminismo en España se entiende como un sinónimo de igualdad formal -en abstracto- entre hombres y mujeres, más que como la participación en un movimiento social. Si nos fijamos en las estadísticas, vemos que, entre los jóvenes, aunque las chicas sean mucho más conscientes de las desigualdades, existen una serie de tópicos machistas asociados al comportamiento en pareja. Estos siguen siendo ampliamente aceptados, como por ejemplo que el chico debe tener un rol protector en la relación (60%) o, con menos frecuencia, la normalización de los celos como sinónimos de amor[6]. Lo destacable es que, en un 73’3 %[7], son comentarios que han escuchado de adultos. No podemos desestimar que en España hemos estado bajo una dictadura ultra-católica de carácter muy patriarcal, y que derechos fundamentales como el divorcio se consiguieron en el 81, a 6 años del fin de la dictadura, así que nos encontramos también un largo período de cultura machista en democracia. El movimiento feminista se ha mantenido muy activo y con carácter masivo desde finales de los 70 en las metrópolis, pero esta tendencia no se ha generalizado hasta finales de los 2000. Es decir, el patriarcado como sistema que afecta a las relaciones sociales, con dispositivos ideológicos y políticos respaldados por el capital, no se tambaleará porque un movimiento de masas haya forzado cierta sensibilidad legislativa en una de las formas mas explícitas de violencia contra las mujeres.
2. Situación de las mujeres trabajadoras antes de denunciar.
→ El principal factor disuasorio a la hora de poner una denuncia e, incluso, terminar con la relación, es el de clase. Si echamos un ojo a los datos vemos que la brecha salarial es del 21’9%[8] y que las mujeres ostentan el 75% de los trabajos a tiempo parcial[9]. Normalmente, la parcialidad y, por tanto, un salario bajo, genera una situación de dependencia económica en caso de parejas que comparten núcleo familiar. Es decir, un salario que oscila entre los 800 y los 1000 (dando por hecho que se respeta el SMI) no da para emanciparse en solitario, pagar una fianza de dos meses, y mucho menos mantener a menores. Además de asumir a nivel logístico una mudanza. Incluso, si nos atenemos a las infraestructuras de las casas de los barrios obreros, mudarse con los padres, más aún teniendo niños, crearía una situación de hacinamiento.
→ También, los indicadores de violencia de género se acrecientan a medida que aumenta la pobreza o el paro, debido a que verse constantemente en el domicilio familiar aumenta las fricciones y genera conflictos, sobretodo, en la gestión económica. En este sistema capitalista, la estabilidad no es algo que podamos dar por garantizado debido a las crisis cíclicas del propio sistema, en las cuales se destruyen puestos de trabajo y se empobrece a una parte de la clase trabajadora.
→ A nivel de crisis, tampoco podemos perder de vista la crisis sanitaria actual, en la cual se ha disparado el riesgo de violencia de género, aumentando exponencialmente el número de llamadas al 016, y encontrándonos en una situación de colapso sanitario. La medida que propuso el gobierno fue habilitar una serie de códigos en farmacias o en video-llamadas para que terceras personas pudieran llamar al 016 en caso de que el agresor llevase un registro de las llamadas. Esta situación se debe a que el confinamiento y las medidas restrictivas incrementan el tiempo en el hogar, además de los casos de ERTEs o de teletrabajo. Es decir, si antes el sistema tampoco podía asumir la problemática de la violencia de género, este aumento de riesgo hace que la situación sea aún más inmanejable por parte de las instituciones burguesas.
→ A parte de los problemas estrictamente económicos como el precio de los alquileres o la desigualdad salarial, no podemos olvidar un factor importante, y es que la salud mental es también una cuestión de clase. La violencia de género destruye la autoestima de la mujer que la sufre, incluso antes de que empiecen procesos de aislamiento social o de violencia económica. A parte del temor a la propia seguridad, uno de los factores para separarse es darse cuenta de la propia valía. La terapia psicológica es una necesidad de salud básica que la seguridad social no cumple lo suficiente para que sea efectiva: para tener acceso a una buena profesional es necesario contar con un seguro médico privado, o bien gastar unos 120 euros al mes. Se trata de algo que buena parte de las capas de la clase trabajadora no puede asumir, así que la autoestima se deja en manos de un núcleo familiar o de amistades que es probable que se haya perdido.
→ La narrativa de que la denuncia es la única salida. Paradójicamente, las medidas de prevención ante la violencia de género más institucionales ponen en el foco de la cuestión la necesidad de denunciar, a pesar del escepticismo general o las trabas sociales que impiden efectuar dicha denuncia. Este tipo de difusión no es casual, el gobierno no aconsejará ir a la asociación feminista especializada en violencia de género a pedir asesoramiento, o empezar a tomar partido en el movimiento vecinal para construir lazos y mejorar la autoestima, sino que delegará toda la responsabilidad en la denunciante: ella tendrá que buscar asesoría a partir del 016, tendrá que iniciar un proceso judicial, y después tendrá que buscarse la vida. Esto se debe a que las instituciones burguesas difunden una narrativa en que el Estado es un ente mediador, que ampara a su ciudadanía y que la protege. Pero tenemos que tener en cuenta que el Estado responde a los intereses de la burguesía y una de sus características es que sus instituciones, por muy «bien intencionadas» que puedan ser, se construyen por encima de la sociedad. Es decir, están desvinculadas de las problemáticas de la clase trabajadora para impedir su participación política. Por lo tanto, las medidas de prevención que se promuevan se moverán dentro de estos mismos marcos.
Otra de las trabas es en el caso de querer obtener esta información acerca de los procedimientos: la asesoría con la que se va a contar a priori va a ser la que ofrezca de forma gratuita el 016, y al ser una línea telefónica de atención no va a tener los recursos para asesorar detalladamente e informar de todas las opciones y procedimientos. El lenguaje administrativo a la hora de realizar trámites es increíblemente complicado, y se ralentiza eternamente si la persona que busca denunciar o asesorarse no tiene nacionalidad española. La información se difunde a bocajarro, cambia constantemente debido a las fluctuaciones presupuestarias o a la redistribución de recursos, y puede depender de comunidades autónomas e, incluso, de municipios. Para una mujer de clase trabajadora ajena a la política, esto es un tiempo que no tiene. En este caso, para agilizar información, es recomendable preguntar directamente a asociaciones feministas.
3. Las trabas en el proceso de denuncia.
Durante el proceso, la denunciante va a toparse de golpe con los cuerpos policiales y judiciales, que tienen una función concreta dentro del Estado Burgués, y que se han configurado de una manera concreta en el caso del Estado Español. Esto hace que sean, casi por definición, parcialmente reacios a reivindicaciones progresistas y feministas. De aquí todas las reivindicaciones del movimiento acerca de la Justicia Patriarcal.
Para empezar, existe la necesidad de mantener a los cuerpos policiales «blindados» frente a los problemas de los trabajadores. Para hacerlos más estables y leales, se procura que los policías vivan casi en un mundo aparte: se sindican en sindicatos corporativos, pasan procesos de selección psicológica y ambientes que favorecen mucho una visión muy conservadora (a menudo reaccionaria) de la sociedad. Recientemente, en los países imperialistas a nivel mundial, está creciendo la faceta violenta de su actuación cotidiana. Todo esto desemboca en que los encargados «a primer nivel» de hacer valer los mecanismos jurídicos de protección contra la violencia machista tengan uno de los sesgos más conservadores que hay hacia movimientos progresistas como el feminismo y sus reclamaciones.
Por otra parte, la necesidad del Estado burgués de que los jueces sean un «oasis de estabilidad» que dé una base sólida a la sociedad democrático-burguesa lleva a que sean también un eslabón especialmente «fosilizado» del Estado: la mayoría son gente de clases altas, muchas veces «dinero viejo» y familias de jueces, atados por mil hilos (familiares, amistades, corporativos…) a una visión «de orden» de la sociedad. Muchos fueron nombrados durante el franquismo o son sus descendientes directos.
En resumen, se parte de una situación de desventaja en el proceso de denuncia que puede convertirse en una sentencia desfavorable. Así nos encontramos casos como el de una jueza preguntando a una denunciante de una violación sí “había cerrado las piernas”, o la sentencia de la Manada.
Existen también otros factores, como que los procesos judiciales son mental y económicamente desgastadores: a veces no se consiguen órdenes de alejamiento y, mientras el proceso sigue abierto, se pueden recibir amenazas y acoso. No podemos obviar cómo son los mecanismos del maltrato psicológico: el maltratador desplegará una serie de tácticas para mantener la relación, convencerá a la denunciante de retirar la denuncia, etc. No hay sólo una desigualdad en el sistema jurídico, sino que hay una relación de poder que no conviene desestimar. Una denuncia es una carrera de fondo, y si no se cuentan con los suficientes apoyos, es probable que la denunciante no pueda seguir adelante ante la falta apabullante de opciones. En las mujeres jóvenes o adolescentes, aunque no hayan interpuesto una denuncia, o bien se encarguen los padres, hay que tener en cuenta que el acoso y ciberacoso son prácticas muy extendidas entre los maltratadores.
Los juicios, pues, son una ruleta rusa. Acabamos de hablar del estamento judicial, y hemos visto que hay posibilidades de que el juez o jueza sea de carácter conservador y carente de empatía. Es una situación de vulnerabilidad en la que se tiene que contar la versión de los hechos de forma más o menos pública. Contando con que el denunciado, en el caso de que tenga una mejor defensa -que atendiendo a la brecha salarial no es una posibilidad residual-, el juicio será aún más extenuante.
Cierto es que, aunque en nuestro caso el asesoramiento jurídico en casos de violencia de género es gratuito y está exento de tasas, hay que ser consciente de que el tiempo es dinero. Si una persona tiene menos dinero, junto con la sobrecarga de trabajo doméstico, la jornada laboral, el transporte, etc, tendrá menos tiempo para pararse a averiguar cuales son sus derechos democráticos, desgranar la información que le transmiten los abogados, que muchas veces suele ser lenguaje administrativo[10]. Además, esta falta de tiempo afecta a la auto-percepción a la hora de resolver los propios problemas, o trazar un nuevo plan de vida.
4. Después de la denuncia.
Después de la denuncia, existen casas de acogida y pisos tutelados, pero comprenden una ratio demasiado grande para la cantidad de denuncias y sólo se acogen a las mujeres que corren riesgo por su vida, y no a todas. Por ejemplo, es normal que las plazas oscilen entre las veinte y las estancias sean rotativas, así que la solución depende de los programas que llevan a cabo los trabajadores psicosociales en un tiempo límite. Ante el contexto de crisis crónica, nos encontramos que esta falta de alternativa habitacional es endémica al capitalismo, y que, además, los pisos vacíos que podrían usarse como centros de acogida pertenecen a bancos y fondos buitre. Por si fuera poco, en el caso de que se tenga que huir y se cuente con los recursos suficientes, una mudanza es cara hasta para una persona de las capas medias, en las que se tiene que entregar una fianza y honorarios. Para añadidura, tampoco hay planes concretos para la reubicación del maltratador, y las asistencias que hay o bien son en la cárcel[11], y no suelen estar durante largos períodos en ella, o programas concretos de carácter voluntario. Entonces, el Estado también se desentiende del riesgo a la reincidencia.
Si vemos las estadísticas, la mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas que habían denunciado[12] vivían en el mismo domicilio familiar que el asesino. Esta imposibilidad de separación aumenta mucho el riesgo de la mujer, ya que la denuncia crispa el ambiente hacia puntos insostenibles. En este caso, nos encontramos que las pocas medidas de protección son una orden de alejamiento, y que no hay blindada una separación efectiva que pueda proteger a las mujeres en situación de riesgo, salvo por centros de acogida sobre-poblados con tiempos de espera largos. Para colmo, en la emergencia sanitaria actual, estos mismos centros, si no están equipados con el material necesario, pueden poner en riesgo la salud de las mujeres.
5. Conclusiones.
Como podemos ver, las herramientas que da el propio el sistema capitalista apenas sirven para paliar los efectos más devastadores de la violencia de género. Los recursos destinados en relación al volumen del problema no son suficientes y, realmente, nunca podran serlo. Para empezar a plantar cara a la violencia de género sería necesario, para empezar, un programa de educación sexual integral en todos los niveles que haga hincapié en las relaciones interpersonales, entendidas como un fenómeno social sujeto a condicionamientos. Después, se deberían habilitar centros de atención y acogida a nivel barrial y, sobre todo, facilitar procesos de denuncia, junto con un saneamiento de los cuerpos policiales y judiciales. Evidentemente, si hacemos cuentas, pedimos más de lo que el sistema es capaz de darnos. Para conseguir que la cuestión de la violencia de género sea un problema que podamos atajar de raíz, tenemos que luchar por construir otro sistema que permita la participación política real de las mujeres trabajadoras en todos los niveles y que garantice que estas medidas sean permanentes. Sólo con el socialismo conseguiremos avanzar hacia nuestra liberación.
[1] https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-74-1000-mujeres-asesinadas-violencia-genero-2003-no-denunciado-agresor-20200617131606.html
[2] https://elpais.com/economia/2019/01/14/actualidad/1547463182_525219.html
[3] https://www.rtve.es/noticias/20200506/suben-60-llamadas-016-para-pedir-ayuda-violencia-genero/2013430.shtml
[4] https://directa.cat/les-treballadores-municipals-datencio-a-victimes-de-violencia-masclista-denuncien-labandonament-de-lajuntament-de-barcelona/
[5] https://elpais.com/sociedad/2018/11/07/actualidad/1541616264_498265.html
[6] http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/11/resumen_la_violencia_genero_jovenes.pdf
[7] Ídem
[8] https://www.lavanguardia.com/economia/20200218/473646362178/brecha-salarial-mujeres-hombres-baja-04-ano.html
[9] http://www.mujeresenigualdad.com/Mujeres-a-tiempo-parcial_es_1_1632.html
[10] De hecho hay incluso algunos manuales de buenas prácticas dirigidos a abogados de oficio por lo complejo que puede resultar un caso de violencia de género, que se acrecenta más por la falta de tiempo para dedicarle a la mujer por la sobrecarga de casos. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/Otros_Recursos/docs/Guia_Fund_Pombo.pdf
[11] Hay un programa específico en el que acceden en el caso de que no tengan antecedentes, en el que, a cambio, se les priva de la condena.
[12] https://elpais.com/sociedad/2019/09/25/actualidad/1569405117_893029.html
