Este 23 de Julio, los trabajadores y trabajadoras estamos llamados a votar en las Elecciones Generales. Se trata de unas elecciones que se han adelantado debido al fracaso de la izquierda parlamentaria en las elecciones autonómicas y municipales. En esta tesitura, dicha izquierda hace uso de toda la maquinaria propagandística para mandar un mensaje a la sociedad: debéis votar o va a gobernar la derecha y habrá un retroceso en derechos sociales.
Ante esto, nuestra postura no debe ser ceder al chantaje y al voto del miedo, y muchos menos comprar la mentira de que un “gobierno progresista” es garante de nuestros derechos. En este comunicado será necesario hacer un ejercicio de memoria sobre cuál es la situación de la clase obrera y qué “de bueno” nos ha traído el gobierno progresista.
Antes que esto, es necesario analizar brevemente como se configura el parlamentarismo español, y cuál es el papel social de las distintas fuerzas que lo componen.
La transición del ‘78 significó la consolidación de España como una potencia de segundo orden, con los monopolios estatales reconstruidos durante el franquismo, la obtención de créditos y la apertura del mercado. En este contexto, la transición vino marcada por la institucionalización de un PCE ya revisionista y por el ascenso del PSOE, financiado por el Partido Socialdemócrata Alemán, como partido de Estado clásico socialdemócrata. A partir de ahí, el voto supuso un avance con respecto al modelo político anterior (la dictadura). Pero no debemos engañarnos: esto no significa que sea realmente democrático. Al final, la oligarquía financiera que barrió la Segunda República mediante el fascismo fue la misma que aceptó una transición a una democracia parlamentaria que se ajustaba mejor a sus necesidades.
En el caso del Estado español, la forma que toma la democracia parlamentaria es la del turnismo entre bloques de izquierda y derecha. Tradicionalmente, el PSOE, el partido socialdemócrata, no promete grandes avances sociales, sino que tiene el papel partido de Estado, garantizando además la paz social, incluso a pesar de sacar adelante medidas muy antipopulares, tal y como lo haría la derecha del parlamento: la entrada en la OTAN, la reconversión industrial, la financiación (por parte de altos cargos del Ministerio de Interior de Felipe González) del grupo paramilitar de los GAL, la Reforma Laboral de Zapatero, el tope al techo de gasto, la traición al Sahara Occidental, y la represión a las luchas obreras en general. En cualquier caso, su función es la de garantizar la viabilidad de los negocios y la gobernabilidad del país con un rosto “progresista”.
Dentro del PSOE, existen grandes represores como Grande-Marlaska, actual ministro de interior, con un currículum de sobra conocido: la prohibición de las manifestaciones de la Izquierda Abertzale y la persecución, criminalización y represión de ésta. En su carrera como ministro de interior, garantizó la gestión de este Estado democrático mediante las tanquetas en las protestas de Cádiz o el asesinato de decenas de migrantes en la frontera con Melilla.
En cambio, el Partido Popular, la derecha conservadora, ataca de manera mucho más frontal a clase trabajadora, defendiendo los intereses más inmediatos de la oligarquía financiera, con la que tiene vínculos más estrechos (conocidos son los casos de las puertas giratorias, donde políticos del PP pasan a ocupar grandes cargos en la gestión de los fondos buitre). Durante el gobierno de Aznar, el PP, en alianza con Bush y Blair, tuvo la ambición de convertir España en una potencia de primer orden colocándose como elemento proactivo en el reparto del mundo por parte de las potencias imperialistas, lo que culminó con su participación en la invasión de Irak. Además de eso, a nivel económico realizó grandes reformas como la definitiva privatización de los monopolios españoles, o la liberalización del suelo (acelerando la construcción de forma desenfrenada, participando en multitud de procesos de especulación, pelotazos urbanísticos y destrucción de las costas). También, durante el mandato de Mariano Rajoy, se aprobó una nueva Reforma Laboral, una profundización de la de Zapatero que terminaría por condenar de forma masiva a la clase obrera a la temporalidad, la precariedad, con salarios más bajos, y que ofrecía garantías para el despido barato.
Con el 15M, que surgió como una respuesta a la crisis capitalista de 2008 y los grandes casos de corrupción política y la consecuente desafección por los políticos, gran parte de las masas movilizadas empezaron a poner en cuestión el bipartidismo y la propia democracia parlamentaria. No obstante, el movimiento se fue desinflando y los sectores más acomodados y moderados se institucionalizaron. El espíritu combativo del 15M se disolvió y se canalizó a través de la propuesta política de Podemos, un partido reformista pequeñoburgués con un discurso, en inicio, radical. Todo esto supuso una ruptura con el modelo bipartidista: nuevos partidos empezaban a tener presencia significativa en las elecciones (Podemos, Ciudadanos, VOX…). No obstante, el cambio en la composición del parlamento no hace que los intereses de la oligarquía financiera se vean trastocados, sino que más bien es la forma que tiene esta oligarquía de mantener ligados a los diferentes sectores de la sociedad bajo este modelo político.
Por otra parte, nace VOX desde una plataforma ultranacionalista española dentro del Partido Popular, críticos con las políticas moderadas de Mariano Rajoy. Se escinden como partido cuyo objetivo es recabar los votos de las personas de derecha desencantadas con un discurso más radical. Combinan elementos propios de la ultraderecha como el conservadurismo extremo con una propuesta neoliberal. Su propuesta genera recelos, incluso algunos grandes empresarios no ven con buenos ojos que VOX, en caso de coalición de Gobierno, forme parte del ejecutivo, ya que esto podría poner en riesgo la paz social, las relaciones internacionales y, al fin y al cabo, la estabilidad de los negocios. Aun así, su propia existencia y su agenda económica neoliberal hacen que no sean un partido molesto para la oligarquía financiera y más teniendo el precedente de otros partidos de extrema derecha en el gobierno de países imperialistas, como Meloni en Italia, que acaban descafeinando su programa para ser meros gestores de los intereses de la propia oligarquía financiera.
Por lo tanto, ya que a nivel estructural no pueden hacer grandes cambios, estos partidos ponen en el punto de mira los derechos conquistados por sectores oprimidos: la igualdad de género, las reformas en materia de derechos LGBT, la cuestión lingüística en nacionalidades históricas, etc. Ante esto, recordamos que no sólo VOX pone en duda estas cuestiones, también PP volvió a poner en duda el matrimonio homosexual en 2011 y como este hay muchos otros ejemplos.
La existencia de partidos como VOX, la moderación de las políticas de izquierdas y la represión del gobierno progresista hacia la lucha de la clase obrera, corresponden a la tendencia al estancamiento del imperialismo. Actualmente, en una situación de crisis permanente, con unos estados más burocráticos y militarizados, las tendencias políticas se van a la derecha. Es necesario que la vida de la clase obrera se recrudezca a nivel general para poder seguir exprimiéndola al máximo posible, mientras que el Estado interviene en todas las esferas de la vida, asegurando el control y la represión. Así pues, operaciones represivas como encarcelamientos a músicos, vigilancia a activistas mediante infiltración policial, desahucios violentos, surgimiento de grupos escuadristas como Desokupa y un largo etcétera, están a la orden del día gobierne quien gobierne.
Aplicando esta tendencia general a nuestro país, vemos cómo el modelo económico español se ha desarrollado en base al ladrillo y la especulación, el margen de reformas es más y más estrecho, los partidos son cada vez más complacientes y la careta reformista cae cada vez más rápido. Un ejemplo de ello es el actual gobierno progresista: el PSOE gana las elecciones y forma un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Si hacemos memoria, Podemos prometía estar en el gobierno de forma crítica: se derogaría la Ley Mordaza, se derogaría la Reforma Laboral, se pondría freno a los grandes beneficios de las eléctricas para abaratar la luz y se crearía una empresa pública de energía, se erradicarían la trata y la explotación sexual, tendríamos Renta Básica Universal, etc.
No sólo la mayoría de las reformas han caído en saco roto, sino que nuestra situación se ha recrudecido. Con todo esto, nos dicen que votemos a la socialdemocracia porque vamos a ir a peor. Al final, resulta que ya estamos en lo peor. La inflación está disparada (a pesar de que nos digan que ha bajado, sigue siendo una de las cifras más altas desde 2016), es casi imposible independizarse antes de los 30, los requisitos para comprar una casa requieren mucho esfuerzo para la clase obrera —en especial jóvenes— y la mayoría de nuestro sueldo se va a pagar el alquiler y los gastos básicos para vivir. Y si se vive en la capital de una comunidad autónoma, casi todo el alquiler va a pagar una habitación en condiciones pésimas; cien euros más al mes si tiene ventana.
Así pues, vamos a enumerar cómo han sido las ‘reformas’ en su ejecución:
- La reforma laboral apenas se ha modificado. Se han cambiado los nombres de los contratos pero el problema de la cuestión sigue siendo el mismo. Las dos reformas laborales realizadas entre 2010 y 2012 (la primera por el PSOE, la segunda por el PP) supusieron un duro golpe a los derechos de la clase trabajadora con el fin de facilitar a los capitalistas su recuperación tras el estallido de la crisis de 2008, y a pesar de que era una de las promesas estrella, ha quedado en papel mojado.La nueva reforma laboral no ha despeinado ni un poco a la burguesía: despedir a los trabajadores sigue saliendo muy barato y se puede hacer de forma muy flexible, incluso, la nueva reforma laboral hace más difícil la negociación sindical de los trabajadores en empresas pequeñas, reduciendo de 15 a 7 días el “período de consultas” para la negociación de un ERTE en empresas de menos de 50 trabajadores. En el caso de las convocatorias de huelga, que se deben convocar con cinco días de antelación, reducen a la mitad el margen de preparación.
- La Ley Estatal LGBT. Esta ley ha sido aprobada a final de legislatura, y quien tuvo un papel activo en bloquearla debido a la integración de feministas transexcluyentes en sus sillones, fue el PSOE. El mismo que presume de colgar la bandera LGBT en el Parlamento, el mismo que ha acusado a las mujeres trans de depredadoras, y que ha pasado una ley bajo mínimos en la cual nos hemos quedado fuera las personas no-binarias, las migrantes y las menores. Aprobar esta ley a final de legislatura, conociendo perfectamente las dinámicas del parlamentarismo español, es traficar con los derechos del colectivo LGBT y luego usarlos para hacernos chantaje.
- Ley del Sí y Sí. La famosa ley por la que Unidas Podemos se ha marcado un tanto. En primer lugar, nace del apropiamiento que el reformismo ha hecho sobre el precedente penal que se consiguió en el juicio de la Manada, conseguido por la lucha feminista de las masas. En segundo lugar, aunque presente aspectos positivos en la caracterización del delito de agresión sexual, falla en la ejecución. Los centros de asistencia de mujeres maltratadas y víctimas de violaciones están infrafinanciados y colapsados. Durante el gobierno progresista ha habido dos huelgas del SARA (Barcelona), denunciando las condiciones de trabajo y los ratios sobrehumanos con los cuales tienen que trabajar.
- La Ley Mordaza. Una de las leyes más represivas, que ha permitido encarcelar a artistas, arrestar y represaliar a miles de activistas, que ha supuesto una dificultad real a la hora de convocar manifestaciones y concentraciones, no sólo no se ha derogado, sino que se ha endurecido. Es más, esta ley es la que protege directamente a los cuerpos represores del Estado, cerrando aún más la brecha de defensa legal que tenemos la clase obrera en caso de ser imputados. Ahora pasan a ser criminales los actos conspirativos y se han endurecido las penas de cara a la defensa vecinal, haciendo más difícil parar desahucios.
No sólo no han mejorado la situación sino que la han empeorado. Con todo esto, el discurso del reformismo y la socialdemocracia es el discurso del miedo. El reformismo ha entrado en crisis e intenta reciclarse, con la nueva coalición de izquierdas SUMAR. Después de las chapuzas de intentos reformistas, la responsabilidad ahora recae en el voto de los oprimidos. El mal menor es seguir votándoles. El caso es que, como hemos analizado antes, los ciclos políticos en la política española funcionan por turnismo, es decir, la izquierda no va a ganar eternamente, y si no es en estas elecciones, en las siguientes va a ganar la derecha. Lo que nos “ofrecen” son cuatro años más de supuestas garantías de derechos sociales. Como hemos visto, estos derechos son mínimos y, en el caso de que ganara la izquierda otra vez, contaría con la desobediencia, el boicot y las contrarreformas de las autonomías, que están en su mayoría en manos de gobiernos de la derecha. Como podemos ver, al final el sistema capitalista no puede blindar nuestros derechos, es más, pedimos mucho más de lo que ellos están dispuestos a concedernos.
Cuando el discurso que se repite día tras día en los medios de comunicación es que la única actividad política relevante es el voto, es normal que este miedo cale. Al final del día, el voto es ir solo a una cabina a depositar un sobre. Pero ningún gobierno es garante real de nuestros derechos. De hecho, terminan siendo papel mojado. El solo hecho de que nuestros derechos entren en la agenda política ya es una cuestión de organización y lucha. Es mediante la presión popular que se han recuperado edificios de fondos buitre y se han conseguido alquileres sociales a familias; ha sido mediante presión que el colectivo LGBT se ha enfrentado a los reaccionarios y ha conseguido poner unos derechos sobre la mesa; han sido las feministas organizadas quienes, ejerciendo una presión masiva, consiguieron un precedente penal en un sistema jurídico patriarcal; han sido los trabajadores mediante huelgas los que han conseguido una mejora de sus convenios, que superan con creces el marco de mínimos del Estatuto de los Trabajadores.
Fueron las trabajadoras de Inditex las que, durante la temporada de rebajas, tuvieron la valentía de ponerse en huelga y plantar cara a uno de los mayores monopolios españoles. Tenemos que ser conscientes de que el poder no está en las urnas, el poder está en las calles. Debemos ser conscientes del papel que ocupamos en la sociedad como clase trabajadora: sin nosotros, la producción se para, las mercancías no se distribuyen, los enfermos no se atienden, los niños no se educan, etc. Es decir, el día en que seamos conscientes de que no solo debemos organizarnos para defender lo que hemos conseguido, sino organizarnos para que estas luchas sean revolucionarias, el miedo va a cambiar de bando.
