La educación pública siempre ha sido una institución al servicio de la burguesía, sí. Desde que a partir del siglo XIX, la pujante burguesía necesitara la construcción de instituciones estatales de educación en los países capitalistas, las clases populares han entrado en masa a las escuelas para ser instruidas para la producción y moderadas en los valores e ideas de la clase dominante. Pero a lo que asistimos desde la etapa neoliberal es a la burguesía al descubierto y sin tapujos contra las clases populares. Sus menguantes márgenes de beneficio los lleva a preservar a toda costa sus intereses de clase y esto se concreta en una serie de políticas antipopulares con décadas de recorrido.
Para la burguesía, la fórmula es muy fácil: máxima productividad al menor coste, sumado al mantenimiento del orden social, lo cual va desde la transmisión de sus valores hasta la represión. En las condiciones actuales, esta fórmula tiene dos resultados educativos: en la universidad, tramitándose en los últimos meses, la nueva ley universitaria, la LOSU, y la Ley de Convivencia Universitaria, o Ley Mordaza Universitaria, como a partir de ahora la llamaremos y como la denominan las organizaciones educativas combativas. En las enseñanzas medias y formación profesional, la Ley Celaá y la nueva Ley de FP, de las que hablaremos en próximos artículos.
Máxima productividad al menor coste.
La dicotomía Estado vs. empresas es una ficción que la socialdemocracia espolea para justificarse a sí misma, para simular un enfrentamiento que dé a entender que desde los estamentos del Estado puede transformarse radicalmente la sociedad. Este relato que interpreta la socialdemocracia es necesario para la burguesía porque ata a buena parte de las clases populares al juego parlamentario y legalista. Lejos de ser elementos separados, la burguesía como clase políticamente dominante hace uso del Estado para mantener su orden social, por más que el circo electoral tenga también espacio incluso para funambulistas reformistas con mensajes pseudorradicales.
Entonces, como dueños máximos del Estado, a la burguesía las cuentas del Estado no le son ajenas. La minimización de los servicios públicos como la educación le permite, como clase, por una parte, disminuir la presión fiscal que pueda afectarles; por otra, redistribuir los fondos del Estado a otras partidas: rescate bancario, costear el robo de las eléctricas, invertir en sectores productivos, etc.
¿Cómo se minimiza el gasto de la universidad pública? El mecanismo principal son los Presupuestos Generales del Estado, de los cuáles la partida de educación todavía no se ha recuperado de la crisis (la anterior, no la actual), de la misma manera que las tasas universitarias siguen lejos de las cifras de por entonces. ¿Pero qué parte de este gasto general en educación se destina al fomento de la empresa en educación, a la investigación, a la introducción de las multinacionales tecnológicas en las aulas, etc.? Es una pregunta cuya respuesta concreta sale del presente artículo, pero que deja entrever de qué maneras el Gobierno puede ocultar su política real.
Otra de las formas de disminuir el gasto en la universidad pública es a través de la precarización de los y las trabajadoras de la universidad. Aunque la LOSU pone un coto parcial a la presencia disparatada de los asociados en la universidad, un tipo de profesorado enormemente precarizado, a su vez el Ministerio ha creado en los últimos años nuevas figuras que complementan esta precariedad. Este es otro de los mecanismos típicos de la política burguesa para legislar en contra del pueblo: para solucionar un problema que ellos mismos han generado conscientemente, crean nuevas figuras mediante las cuáles cristalizan esta precariedad.
Para reducir el gasto educativo por parte del Estado, también se puede estratificar la educación, tal y como sin disimulo han recomendado abiertamente informes de la OCDE en múltiples ocasiones. Si bien en el Estado español la universidad no es todavía una institución cerrada para las clases populares, aunque evidentemente tiene un fuerte sesgo de clase, cada vez es más difícil no ya acceder a ella, sino tener una formación completa. ¿Qué ocurre si las carreras duran menos años y para obtener la misma formación que antes, debes acceder a un máster que es más caro? Que la mayoría del estudiantado accede sólo a los estudios generales, los grados, y sale más barato porque son menos años que las carreras de cinco años, mientras que las capas con más posibilidades llegan a los másters, que son más caros para el estudiantado. La LOSU perpetúa este modelo, aunque no ha avanzado en él convirtiendo en norma el 3+2, como sí pretendía Castells, por las quejas inmediatas de los movimientos sociales.
Incluso en relación a la Ley, el Ministro ha señalado su total acuerdo con que la educación universitaria debe ser gratuita, porque si no, como él mismo ha dicho: “la enseñanza universitaria qué es, ¿un lujo? Esto es de otros tiempos en el que había elitismo. […] Pero hay que ser realista y en esta legislatura no hay capacidad presupuestaria”, para momentos después decir que “todo es cuestión de voluntad política”. Para la clase obrera, el Ministro Castells, más que un ingenuo, como él mismo se suele calificar, únicamente puede ser un cínico.
Así es como el Gobierno le da cumplimiento a parte de la fórmula de la burguesía que persigue la educación “al menor coste”.
Y ahora, otra parte de la fórmula: ¿cómo puede ser la universidad más productiva para la burguesía? Por una parte, fomentando todavía más la relación entre la universidad y la empresa. La universidad es el laboratorio privado del carísimo I+D+i de las empresas y la LOSU potencia esta relación. En el texto se menciona eufemísticamente como el impulso de “redes de conocimiento entre instituciones y empresas” o el incentivo de “la relación científica entre las universidades y el tejido social y económico”. Por otra parte, los estudiantes son más productivos si, además de estudiantes, son trabajadores. Y aunque muchos ya lo sean, porque necesitan serlo para costearse total o parcialmente sus estudios y medios de vida, la nueva ley introduce la Mención Dual en los grados y másteres. Esto significa llevar a la universidad lo que ya ocurre en la FP Dual: los estudiantes deben trabajar en una empresa del sector a la vez que desarrollan sus estudios para obtener esta mención y así “mejorar la formación integral del estudiantado y su empleabilidad”. Esto no sólo significa abaratar el coste de un nuevo trabajador y precarizar al resto de la plantilla, sino someterlo en su etapa educativa a la disciplina empresarial, para que su “educador en la empresa”, es decir, su jefe, pueda enseñarle cuál es la realidad en el trabajo: horas extra, horario arbitrario, legislación laboral que resulta ser papel mojado, etc. A esto le siguen las tantas dinámicas neoliberales que hacen de la educación el coto privado de las empresas: avance de la universidad privada, introducción de “nuevas tecnologías” de la mano de grandes multinacionales, etc.
Es cierto que la Ley también incluye algunos avances progresistas, como pueden ser el aumento de requisitos a las universidades privadas para que sean consideradas como universidades, aunque como es tradicional, estas exigencias se quedan cortas. No obstante, si el Gobierno representa los intereses de la burguesía, ¿por qué haría algo así? ¿Se trata de alguna reforma que suponga algún punto de inflexión? El PP, el PSOE y Unidas Podemos no son lo mismo. En el parlamento no actúan distinto solo por disimular. Además de tratar de perpetuar la existencia de sus propios partidos, y aunque gobiernan para la misma oligarquía financiera, hay que tener en cuenta que estos partidos también representan a diferentes sectores de la burguesía y de las capas más acomodadas (precisamente, las que con más ímpetu participan en la democracia burguesa). Lo que ocurre con esta medida es que a los partidos de la izquierda parlamentaria le cuesta mucho menos ponérselo algo menos fácil a las universidades privadas porque, a diferencia del PP, están históricamente menos ligados a la burguesía del sector educativo, dentro de la cual la Iglesia es un agente importante. Y aunque en los últimos años la apuesta fuerte en la universidad privada viene por parte de los fondos de inversión, la medida les permite blanquearse de cara al votante progresista y las nuevas exigencias son modestas; no tendrán consecuencias hasta dentro de 5 años una vez aprobada la ley (un Gobierno del PP podría derogarla sin que hubiera tenido ningún efecto para la universidad privada) y la inercia general es clara: crecimiento de las universidades privadas por el empobrecimiento de las públicas, hipervaloración de los másteres en detrimento de los grados, etc. El negocio sigue, pese a las apariencias.
Debemos reconocer que el Gobierno tampoco disimula. El mismo Ministro Castells ha dicho, refiriéndose a la derecha parlamentaria, que debe ser una ley “sobre temas de fondo, que podríamos ponernos de acuerdo más allá de las diferencias políticas [para] llegar a un consenso”. ¿Cuáles son los temas de fondo en los que van a estar de acuerdo? La defensa de los intereses generales de la burguesía.
Mantenimiento del orden social.
Como señalábamos en la fórmula, la burguesía no sólo busca la mayor productividad al menor coste, sino que debe tener las condiciones sociales necesarias para que esto se siga dando. Es decir, debe garantizar su orden social, y en consecuencia despliega los medios para conseguirlo con especial contundencia cuando la conflictividad social aumenta.
En el último año y medio de pandemia hemos visto cómo las luchas sociales han sido atacadas por medios indirectos (“responsabilidad social”, evitar aglomeraciones, etc.) y directos (aumento de la represión policial, legislación abusiva contra derechos y libertades, etc.). En este contexto, justo cuando el curso académico estaba llegando a su fin, el gobierno comenzaba a tramitar la Ley Mordaza Universitaria.
La Ley Mordaza Universitaria sustituye a una ley franquista de 1954. ¿Qué tiene de progresista? Elimina los aspectos más retrógrados de aquella relacionados con las ofensas a la religión. Hasta ahí llega el progresismo de esta ley. En el resto, profundiza y detalla las formas de reprimir cualquier tipo de protesta estudiantil, tratando de amordazar a un sector social que históricamente ha demostrado ser la chispa desencadenante de movilizaciones populares de envergadura.
Algunas de las faltas tipificadas por la ley son: como muy grave, “impedir el correcto desarrollo de los profesos electorales de la universidad”; o como grave, “impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento”. Estos son sólo algunos ejemplos, entre los que destaca la protección a la empresa privada dentro de la universidad mediante el concepto “transferencia de conocimiento”, aunque al parecer el Ministerio ha eliminado las menciones más explícitas a la defensa de la empresa que sí aparecían en el anterior borrador. Un ejemplo es la falta grave descrita como “la agresión de palabra u obra, así como la falta de respeto muy grave a cualquier miembro de la comunidad universitaria o de empresas subcontratadas, tanto docentes como no docentes”.
No sólo las faltas apuntan hacia la lucha de la clase trabajadora, sino que quien dispara es el mismo rectorado, que en la Ley es quien inicia el procedimiento y quien se encarga de nombrar al órgano instructor que lo resolverá. E incluso hay que tener en cuenta algunas de las sanciones ante las faltas, también las relacionadas con la copia de trabajos, son de carácter económico, introduciendo, una vez más, un sesgo dirigido hacia las clases populares.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el estudiantado organizado por interrumpir un acto universitario o una clase para realizar una protesta? ¿Cuáles pueden ser por denunciar la injerencia empresarial en una de las ferias que las empresas realizan en los interiores de los campus? ¿Cuántos activistas estudiantiles se lo pensarán dos veces, por necesidad, antes de llevar a cabo sus legítimas protestas? Al fin y al cabo, se trata del mismo gobierno que disfruta del mantenimiento de la Ley Mordaza que el Partido Popular aprobó en 2015, ley mediante la cual se ataca a la lucha social y que sigue reprimiendo y multando a centenares de activistas, entre los que también se encuentran camaradas de nuestra organización.
Para mantener el orden social no sólo se usan palos y multas. La arquitectura institucional y sus mecanismos son una parte fundamental para embellecer el sistema y legitimar el poder de los representantes de la burguesía y capas conformistas, que dicen representar los “intereses generales” (como si pudiera haberlos en una sociedad de clases), para que en lo fundamental nada cambie. Y esto sucede también en la universidad.
Un ejemplo: ante esto, ¿qué dice la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)? Pese a la enorme amenaza represiva se han mostrado tibios en estos aspectos. ¿Por qué? Al fin y al cabo, la represión perjudica a quien lucha, no a quien está encerrado en las dinámicas institucionales. Además, debemos insistir en la idea de que la representación institucional, sumida en las lógicas de la democracia burguesa, tal y como también ocurre en el parlamento, aunque a menor escala, terminan sirviendo para el mantenimiento del sistema. No se trata de una representación real del estudiantado: ni en su composición, porque los mecanismos de selección de representantes en sus sucesivos estamentos han ido filtrando quién llega a formar parte de estas instituciones; ni tampoco son representación de los intereses del estudiantado en la medida en que están atrapados en las dinámicas internas de la institución y permanecer en ellas es parte de la carrera institucional de sus miembros. Esta realidad por parte de la mayoría de representantes “oficiales” en los estamentos altos de la universidad refleja la necesidad de construir organizaciones populares combativas capaces de plantar cara a las instituciones y empresas, detener las medidas reaccionarias y avanzar hacia la conquista de mejoras para el pueblo.
En la profundización antidemocrática de la universidad a través de sus estructuras y procedimientos, la ya mencionada LOSU abre la posibilidad, inédita hasta el momento, a que la elección del rector o rectora no se realice por sufragio del conjunto de la comunidad universitaria, sino que sea a elección de un pequeño órgano de 20 a 30 miembros. De ellos, el 50% sería personal docente e investigador, el 10% del personal de administración y el 10% estudiantil, y como ya se ha comentado con anterioridad, sabemos a quiénes obedecen quienes llegan a los órganos superiores de las instituciones. Pero por si fuera poco, el 30% de este órgano estaría ocupado por personas de “reconocido prestigio”, y por experiencia en el análisis de las instituciones universitarias, sabemos que las plazas de libre designación acaban ocupándolas los empresarios “de reconocido prestigio” más interesados en hacer negocio. Pero la LOSU incluye otras medidas que resquebrajan todavía más la democracia universitaria, como es la “revitalización de los consejos sociales como órganos de interrelación entre la sociedad y la universidad”, órganos con mucha influencia (más todavía con esta ley) en los que el sector más representado son los empresarios.
Las universidades han sido y son históricos espacios de subversión, lugares donde permean con facilidad las ideas marxistas y donde se dan las primeras experiencias militantes de muchos cuadros comunistas, por lo que no es de extrañar que los estados traten de limitar el impacto de las ideas revolucionarias en las universidades, más en la actual delicada coyuntura de la burguesía.
Un ministro de Podemos es un ministro del capital.
El Gobierno, como gestor máximo del Estado, es el máximo servidor de la burguesía, y el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está cumpliendo perfectamente este papel, cada vez de manera más abierta. Llevamos meses contemplando la inacción ante la pandemia del COVID en las aulas, que ha sido un absoluto desastre por la falta de medios, perjudicando de forma especial a las capas más empobrecidas de la población y aumentando la conflictividad social. Se trata de un Gobierno que no ha hecho ningún cambio positivo relevante en la educación, pese a no ser un ministerio clave y estar capitaneado por una elección de Unidas Podemos. Las excusas, varias: falta de capacidad presupuestaria o imposiciones fijadas por parte de la Unión Europea, que no deja de ser un matrimonio de conveniencia con la oligarquía española defendido de facto a capa y espada por el PSOE y Unidas Podemos.
La tendencia del Estado a ser cada vez menos permisivo, amparado estos meses bajo la coyuntura de la pandemia, se aprecia de forma clara incluso en ámbitos secundarios como las universidades. Ahora, el Ministerio de Universidades refuerza el papel de la empresa en la universidad e incrementa la capacidad del sistema público para ser productivo hacia sus intereses, mientras que atacan la poca democracia universitaria y reprime abiertamente el activismo en los campus. La asfixia ante cualquier actividad que se salga de los reducidos márgenes permitidos por el Estado llega a puntos disparatados, en el que la seguridad privada persigue a activistas estudiantiles por repartir folletos a sus compañeros y compañeras. De hecho, desde la Organización Comunista Revolución denunciamos hace meses la presencia policial en la universidad para detener nuestra actividad propagandística, impidiendo el simple reparto de una revista política dirigida al estudiantado.
¡El capitalismo y su gobierno nos quiere callados!
¡Abajo la Ley Mordaza Universitaria!