El próximo domingo 28 de mayo, los trabajadores y trabajadoras estamos llamados a votar en muchas de las autonomías y ayuntamientos de España. Para analizar estas elecciones debemos saber cómo se relacionan con respecto al funcionamiento y significado de la democracia burguesa y el parlamentarismo, pero también debemos distinguir algunas particularidades, en especial con respecto a las elecciones generales. El objetivo de este artículo es desarrollar estas particularidades, siendo conscientes de que juegan un papel muy distinto al de las elecciones generales en la disputa por el poder político entre facciones de la burguesía y capas aliadas. De hecho, además de este artículo, y con motivo de las elecciones generales de finales de este año, desarrollaremos un análisis completo sobre la posición de los comunistas frente al parlamentarismo, a nivel histórico y actual, a nivel nacional e internacional, y cuál debe ser nuestra línea política al respecto de estas, adaptándonos a la realidad de la lucha de clases actual.
Cuestiones particulares de las elecciones locales y autonómicas.
Debemos ser conscientes de que las elecciones autonómicas y locales no constituyen el terreno principal de la lucha por el poder político. No son el ámbito en el que la burguesía desarrolla sus grandes políticas, ni donde se toman las grandes decisiones. La propia burguesía y sus servidores así lo entienden, dándoles una importancia secundaria con respecto a las elecciones generales, ya sea tomándolas como la primera batalla de cara a estas últimas, utilizándolas para colocar y alimentar a una gran cantidad de políticos profesionales para afianzar su influencia en las instituciones locales o incluso para hacer carrera de cara a las generales, posicionarse mejor dentro de su partido y atizar conflictos entre familias o corrientes políticas si es necesario.
No obstante, es cierto que las autonomías y ayuntamientos constituyen la política concreta de la burguesía en muchos aspectos. Dado que no pueden prometer un gran cambio social o de agenda política debido a las propias limitaciones de estas instituciones, se permiten anunciar cambios de gestión menores que, dentro de sus capacidades, en muchas ocasiones pueden cumplirse, aunque sea de forma limitada. Por tanto, no podemos utilizar la consigna infantil y simplona sobre que las elecciones no pueden conseguir nada, ya que va en contra de los propios hechos y no hacen más que alejarnos de la clase trabajadora, que sí ve diferencias en función de los distintos gobiernos autonómicos o municipales. Las medidas tomadas desde los ayuntamientos y autonomías van desde cambios en el funcionamiento del transporte público o privado en las ciudades, guiños en la gestión cultural, ayudas o subvenciones para empresas, autónomos o trabajadores, cambios en la política impositiva, o incluso una forma de gestión más o menos eficiente, más o menos corrupta, etc. En las elecciones municipales, especialmente en las localidades más pequeñas, muchas veces la lucha de programas o ideas se deja a un lado, tomando protagonismo las relaciones personales o cercanía de los candidatos. Por otro lado, es en el ámbito de las autonómicas donde se canaliza políticamente la dirección de la cuestión nacional en las naciones sin Estado, así como las particularidades de las nacionalidades que encontramos dentro de España.
El pueblo es consciente de esta particularidad.
En primer lugar, tenemos el caso los territorios fuertemente atravesados por la cuestión nacional, como Catalunya o Euskadi, donde el sentido del voto está muy ligado a la dirección de los intereses nacionales. Esto puede ser en un proceso abierto contra el Estado español, como en Catalunya o el Euskadi del Plan Ibarretxe, o de cara una mejor posición para la negociación bilateral con el Estado, como en Euskadi y Navarra actualmente. En función del estado del conflicto nacional, la participación electoral varía entre un 60% en momentos de “paz social” a un 80% en momentos de mayor conflicto (2001 a 2005 en Euskadi, 2015 a 2019 en Catalunya).
En segundo lugar, encontramos algunas nacionalidades o regiones con particularidades, como Galiza, País Valencià, Illes Balears o Islas Canarias, donde el voto está mucho más desplazado hacia las opciones regionalistas que van a representar y defender las particularidades de la región, como la lengua y la cultura, así como la negociación de presupuestos para la autonomía, con mayor ahínco que las filiales autonómicas de los partidos estatales. Como ejemplo, podemos ver la comparación de los votos en elecciones autonómicas frente a las generales, respectivamente a Bloque Nacionalista Galego (24% frente al 8%), Compromís (16% frente al 7%), MÉS (10% frente al 4%), Coalición Canaria y Nueva Canarias (21% + 9% frente al 13%), etc.
En tercer lugar, podemos observar que, a nivel general, las cotas de abstención en las autonómicas y municipales suelen ser ligeramente más altas que en las elecciones generales (35% frente a un 20%) [1]. Vemos cómo la abstención de la población frente a las citas electorales viene de la constante desilusión de los proyectos que les han prometido cambios que no han llegado, la resignación de que no se puede hacer otra cosa, el gran distanciamiento de la política institucional y sus portavoces con las masas y su realidad cotidiana, así como de la escasa participación real y efectiva que la democracia burguesa deja al trabajador y la trabajadora de a pie. En las elecciones autonómicas esto se profundiza porque la burguesía no despliega todo su potencial comunicativo como sí hace en las elecciones generales porque saben que no es “la gran batalla” y porque, por su propia naturaleza, en las elecciones autonómicas y municipales se dan particularidades territoriales y conflictos más diversos, siendo una dificultad comunicativa.
No obstante, debemos tener en cuenta que el porcentaje de participación de las masas en las elecciones burguesas sigue siendo la opción principal y mayoritaria, superando prácticamente siempre a la abstención. De tal forma, no podemos despreciar el papel que los procesos electorales tienen en la socialización, en la participación y concepción política de las masas, pasando por alto con consignas simples que no entran en la cuestión política o simplemente haciendo como que no existen.
Si bien el parlamentarismo, la democracia burguesa, ha caducado desde el punto de vista histórico, porque la clase obrera puede desarrollar medios más democráticos para organizar la sociedad, la vigencia de la democracia burguesa como sistema más asentado y aceptado por las masas es un hecho. Es decir, las masas todavía votan y toman parte de forma mayoritaria del sistema parlamentario burgués, ya sea con mayor o menor confianza hacia este, con la nariz tapada y votando al mal menor.
Las autonomías y ayuntamientos como administradores de la política concreta burguesa
Como hemos dicho, en las autonomías y ayuntamientos es donde se concreta la política burguesa dentro del marco dado por el Gobierno central y el Estado. En ellas se pueden evidenciar a grandes rasgos los modelos de gestión de las diferentes opciones políticas.
Por un lado, los partidos conservadores y liberales apuestan por la “ciudad espectáculo” ligada a una economía próspera (desde el punto de vista burgués) y el turismo, la baja carga impositiva y la privatización más o menos velada de servicios públicos.
Por otro lado, los partidos socialdemócratas y reformistas parecen apostar por una gestión del urbanismo enfocada a las “ciudades verdes” (la reducción de la movilidad y plazas de estacionamiento de vehículos, la promoción de espacios verdes), así como repartir las migajas del imperialismo en la construcción y creación de algunas infraestructuras y servicios públicos, tratando de brindar cierta estabilidad y hacer un uso más responsable de las finanzas públicas.
En ambos casos, los resultados más importantes suelen ser los mismos: un urbanismo ligado a la especulación, la subida del precio de la vivienda y la expulsión progresiva de la clase trabajadora de las ciudades hacia los barrios periféricos (que nunca son prósperos ni verdes) y los pueblos dormitorio, etc. Todo esto ligado a políticas para atraer a inversores privados a través de ayudas, facilidades y recursos provenientes de dinero público.
Por otro lado, sabemos que las migajas que nos concede la socialdemocracia de la mano del reformismo (o incluso de los conservadores en época de bonanza), cada vez dan menos de sí. Estas migajas, que son fruto del expolio imperialista, van a la baja, ya que cada vez es más voraz y aguda la competencia entre las diferentes potencias y monopolios y pueden permitirse cada vez menos comprar a la población de sus Estados en favor de la estabilidad. En su lugar, estas superganancias se deben derivar mayormente en esta competencia, ya sea a través de grandes inversiones de capital, en guerras comerciales o directamente conflictos bélicos.
No debemos olvidar precisamente que la función de estas medidas dentro del Estado burgués, sea intención de los políticos o no, es el de frenar la movilización popular, el de generar estabilidad para los grandes negocios y conseguir la paz social de la que se vanagloria siempre todo político burgués. Y, aun así, cuando se aplican sus medidas, enseguida vemos sus trampas: limitaciones presupuestarias, burocracia, represión, acomodamiento de los políticos en los ritmos de la administración, alejamiento de las masas en todos los ámbitos…
La lucha de las masas como ariete que golpea la política burguesa
Como comunistas, en cualquier contexto, debemos aprovechar las fortalezas del campo revolucionario y las debilidades del enemigo, y esto debe ser aplicable en el proceso electoral de las autonómicas y locales. Nuestra fortaleza es la capacidad de movilización de las masas en la lucha por nuestros derechos y nuestras condiciones de vida diarias en un contexto de despego relativo y falta de credibilidad de la mayoría de los políticos profesionales. La debilidad del enemigo son las propias administraciones locales y autonómicas, como ejes secundarios y más débiles del Estado burgués, con menor capacidad de maniobra de políticas a gran escala, pero con mucho peso en la política concreta del día a día cuyas consecuencias la clase obrera siente diariamente. En este contexto, el enemigo expondrá sus medidas dentro de sus programas y promesas y se comprometerá con la población a tomar una serie de medidas.
Nuestra posición pues, no debe ir encaminada a pedir el voto para “el mal menor”, para frenar a la derecha y la ultraderecha, puesto que la clase obrera, y las masas en general, de forma espontánea ya tienden a hacerlo. Nuestra posición sobre la abstención activa o el boicot electoral la publicaremos, como adelantábamos antes, en un análisis de cara a las elecciones generales, donde repasaremos las posiciones y tácticas históricas de los comunistas frente al parlamentarismo y cuál debe ser nuestra táctica hoy en nuestro país. No obstante, sí dejamos ya claro que el boicot electoral no es una posición discursiva sino una táctica activa contra el proceso burgués en el que se educa y moviliza a las masas de manera significativa contra él. A día de hoy va en contra el sentido común de una amplia parte de las masas y la clase trabajadora y no tenemos la capacidad efectiva de desarrollar esa táctica en ninguna parte del territorio, mientras trabajamos en la reconstitución del Partido y los instrumentos de la revolución, que por el momento se encuentran en una fase temprana de su desarrollo.
Nuestro trabajo debe ir encaminado, independientemente de quién gane las elecciones, a dirigir y escalar las luchas de las masas a través de sus movimientos y organizaciones en relación a la política burguesa concreta. Debemos aprovechar las promesas progresistas y en favor de las masas trabajadoras para llevarlas a luchar por hacerlas cumplir, a profundizarlas y decantarlas hacia una posición obrera. En esta lucha, las masas, y con ellas los comunistas, podemos y debemos aprender mucho. ¿Qué oportunidades nos ofrece a comunistas y al pueblo en general de cara al aprendizaje, movilización y organización?
En primer lugar, dado que las administraciones autonómicas y locales tienden a ser prácticos y concretos, donde no hay grandes promesas, encontramos algunas políticas y promesas viables a nivel de inversión pública en infraestructuras y servicios. Estas luchas las debemos ganar, no sólo por su resultado, sino porque demostramos que con lucha y organización conseguimos imponer o llevar a cabo más profundamente las medidas que se pongan encima de la mesa, reforzando también la moral del pueblo y fortaleciendo sus organizaciones de lucha.
En segundo lugar, las clases populares observan de primera mano cómo la propia burguesía utiliza un Estado descentralizado y repartido en diferentes niveles (Gobierno central, comunidad, diputación, comarca, ayuntamiento, etc.) para los intereses de la clase dominante. La estructura particular de nuestro Estado, como la existencia de las autonomías, ha llegado a ser la que es principalmente por sucesivas luchas y pactos entre distintos sectores de la burguesía. Es esta estructura la que permite al Estado llevar a cabo a nivel concreto la administración, infraestructura y políticas básicas para que el orden burgués siga en funcionamiento. Además de esto, sabemos que el Estado burgués utiliza su infraestructura no para tener mayor cercanía con la población a la que gobierna, para conocer mejor sus necesidades y reivindicaciones, sino que se adapta todavía más para ser funcional al mantenimiento del orden burgués. Por ejemplo, sus múltiples niveles institucionales sirven para que se pasen la pelota de un tejado a otro, es decir, eludir responsabilidades como un juego de trileros. Veremos también como utilizan la burocracia, los procedimientos y las leyes, para mirar para otro lado y no tomar decisiones. Veremos cómo hay una red de políticos profesionales viviendo del cuento, a un lado y a otro de los parlamentos, agarrados a su sillón y dispuestos a vender sus principios, apaciguar luchas y engañarnos, para seguir en sus puestos. Observaremos cómo la política local y autonómica compra y coopta permanentemente para sus filas a destacados activistas de los movimientos sociales, tratando de dividir al pueblo. Esto nos permite a los revolucionarios ver con nuestros ojos quiénes son nuestros amigos, es decir, quien lucha con nosotros y no se rinde; y quiénes son nuestros enemigos, los que traicionan la lucha y se pasan al campo burgués.
En tercer lugar, veremos cómo, a pesar de nuestra lucha, por muy combativa y masiva que sea, no será capaz de conseguir todas nuestras demandas. Veremos cómo la parte más progresista y radical de los programas electorales son papel mojado, un engaño para que los mantengamos en sus puestos. El pueblo aprende con su propia experiencia cuáles son los límites que impone el propio Estado burgués y este sistema, y cómo en el capitalismo no podremos desprendernos de la explotación hacia las masas trabajadores ni de ciertas opresiones, necesarias para perpetuar la dominación de la burguesía, la estabilidad del Estado burgués y los grandes negocios.
La vivienda: piedra de toque de los gobiernos municipales y autonómicos.
La especulación con bienes esenciales para nuestra vida aprovechando la situación de inflación, los impuestos y el aumento de los alquileres o hipotecas supone, al igual que la explotación asalariada, la transferencia de rentas directa o indirecta del proletariado a la burguesía. Este es el caso de la especulación con la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, que es uno de los mayores puntos de presión de la oligarquía financiera sobre el proletariado y demás capas populares.
El carácter de España como potencia imperialista de segundo orden, que la deja en una situación relativa de menor poderío industrial con respecto a otras potencias imperialistas europeas, hace que tenga que fundamentar sus fases de crecimiento y acumulación de capital en activos mucho más volátiles que generan una rentabilidad más rápida en el corto plazo.
En los últimos cuatro años, también en ayuntamientos y autonomías gobernadas por coaliciones progresistas, hemos seguido padeciendo desahucios, represión y un aumento descontrolado de los precios de los alquileres. Ahora, con la nueva Ley de la Vivienda aprobada, se van a transferir las competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas. Este punto no ha pasado desapercibido para la socialdemocracia y los diferentes partidos reformistas de los diferentes puntos del Estado español, que pretenden canalizar el descontento del proletariado y las masas hacia algunas propuestas electorales.
Por una parte, los programas autonómicos del PSOE en material social son muy moderados y sumamente poco concretos; y cuando lo son y gobiernan, ya sabemos por experiencia que jamás los cumplen ni se acercan a hacerlo. No puede esperarse otra cosa: si hay algún partido de Estado en la historia de nuestro país desde el fin del franquismo ese es el PSOE, el partido encargado de acometer las grandes transformaciones en política estatal, que consigue ser el gestor de la oligarquía financiera y, a la vez, garantizar el orden social, ya sea mediante la conciliación (con medidas sociales mínimas, pactos con direcciones sindicales…) o reprimiendo al pueblo.
Por otra parte, el reformismo, con Podemos-IU a la cabeza, se permiten promesas más allá de las del PSOE, pero también comedidas que, en cualquier caso, saben que no cumplirán porque, si gobiernan, siempre lo harán en minoría como sostén necesario del PSOE. Lo que sí consiguen con estas promesas y tono discursivo radical es vincularse con las capas más derechistas y acomodadas de los movimientos sociales, absorbiendo a algunos activistas para sus listas y fracturando los movimientos. Incluso cuando consiguen dirigir algún gobierno local demuestran que lo hacen también para llevarse su trozo de pastel pactando con los grandes monopolios. Un caso significativo fue el de Manuela Carmena y miembros del actual partido Más Madrid, que cedieron kilómetros y kilómetros de suelo público al megacomplejo urbanístico Nuevo Madrid Norte. Prácticamente una ciudad dentro de la ciudad, que justifican su existencia con la falta habitacional, pero que ha servido de excusa para inflar los beneficios del capital especulativo y sus gestores. No obstante, Más Madrid ya ha dejado más que claro que las empresas no tienen de qué preocuparse [2].
Otro aspecto destacable en las elecciones es la campaña de criminalización hacia las clases populares, principalmente potenciada por el sector de la derecha. Esta campaña toma la forma de iniciar una suerte de pánico social respecto a la ocupación, para asegurar la fidelidad de voto de pequeños propietarios y capas ideológicamente atrasadas. Para ello, son cómplices los medios de comunicación burguesas, que blanquean el cuerpo paramilitar Desokupa y falsean la tasa de ocupación. Además, en las calles, se carga -incluso físicamente- contra los espacios autogestionados por la clase trabajadora y las clases populares; a su vez que los gobiernos progresistas de ayuntamientos dan largas a la hora de negociar cesiones. Ejemplos recientes los encontramos en los casos de la Ruïna o de la Antiga Massana, ambos en Barcelona.
El movimiento por la vivienda debe estar a la altura, combinar las formas de presión y negociación con las diferentes administraciones para arrancar leyes en favor de la mayoría trabajadora. El movimiento no sólo puede ir a la defensiva parando desahucios de las familias en condiciones de más extrema necesidad, sino de debe poner en el centro la lucha contra del problema medular de vivienda: la especulación y la falta de regulación de los precios del alquiler. España se ha basado en un modelo compra de vivienda por parte de la mayoría de la población (80% en 2010), pero la tendencia está cambiando después de varias crisis inmobiliarias, situándose el alquiler como principal opción para la gente más joven y las familias de clase trabajadora, especialmente en las grandes ciudades (a nivel global el porcentaje de propietarios en 2020 ha bajado al 75%, pero es una tendencia que continua a la baja) [3]. En este contexto, el mercado del alquiler ha estado poco regulado, reinando las arbitrariedades, la indefensión de los inquilinos y con una cantidad de parque público de viviendas para alquilar irrisorio. En otros países europeos, cuya tradición por el alquiler está más asentada, el porcentaje de vivienda pública para alquilar es mucho mayor y los precios están más regulados. Es tarea pues del movimiento por la vivienda conseguir una mejor accesibilidad y defensión de las amplias masas trabajadoras con respecto a la vivienda, y todo en el contexto donde grandes fondos de inversión, inmobiliarias y bancos están entrando en el sector de la especulación masiva de pisos para el alquiler.
Expandir las luchas a todos los sectores.
No debemos olvidar que la administración local y autonómica también gestiona muchas de las competencias relativas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, la cultura, las inversiones locales, recogida de basuras, la movilidad urbana, etc. Estas siempre están sujetas a la privatización y a los recortes para dejarlas en mínimos.
En el caso de la sanidad, uno de los casos más sangrantes se puede ver en la Comunidad de Madrid, donde en los últimos meses se han dado movilizaciones masivas por el derecho a la sanidad pública, que está completamente esquilmada, resultado de años de privatizaciones, impulsando un fuerte modelo concertado-privado. Esta situación ha sido aprovechada por el oportunismo reformista, que se vanaglorian de ser los adalides de la protección de dichos derechos. Sin embargo, vemos como en comunidades con gobiernos de todo color la situación de la sanidad en general no deja de empeorar, en especial en los barrios donde viven las clases populares. En los últimos 4 años se han incrementado las listas de espera en todas las comunidades, en especial en la atención primaria [4], a pesar de los esfuerzos de los trabajadores sanitarios que se deja piel en su trabajo.
Frente a la farsa electoral, lucha popular y organización revolucionaria.
Las ventajas que puedan suponer nuevas líneas de metro, un hospital nuevo, más frecuencia en línea de autobús metropolitanas o limitaciones en el precio de alquiler se ven sistemáticamente alteradas por la burocracia, las limitaciones presupuestarias, el acomodamiento en los ritmos y el nivel de vida que ofrece la administración pública, la necesidad de limitar el alcance de las propuestas para no incomodar a la oligarquía financiera y los monopolios o la propia capacidad de la burguesía de incumplir su propia legislación para seguir engrosando su bolsa de beneficios. Dijeron que iban a prohibir los desahucios y estos se han seguido produciendo. Las diferentes ayudas en transporte no compensan en absoluto el aumento del coste del combustible y de vida. La bajada del IVA en productos esenciales se ha compensado con una subida artificial por parte de los monopolios para incrementar sus beneficios, que se suma a las enormes subidas de precios de los últimos dos años.
Además, la aplicación de estas pequeñas mejoras siempre se tiene que pelear. Una vez ganadas las elecciones se gestiona burocráticamente la institución burguesa de turno. Al final, la aplicación de estas pequeñas reformas o la derogación de leyes y ordenanzas antipopulares nunca son mérito de los políticos burgueses: somos la clase obrera organizada en los diferentes frentes de lucha las que arrancamos estas ventajas mediante nuestra fuerza haciéndolas cumplir.
Gran parte de nuestra clase ya se organiza en sus centros de trabajo para luchar contra los abusos de la burguesía, en sus barrios para frenar los desahucios o se enfrenta a las instituciones universitarias por una educación digna. Vemos cada día cómo la vía más efectiva para obtener mejoras es luchando y organizándonos. Pero las clases populares no nos podemos quedar en este punto. Vemos cómo incluso las mejoras que conseguimos con nuestras luchas tienen fecha de caducidad y mil barreras para su posterior aplicación. Debemos acabar con este sistema que especula con nuestros medios esenciales de vida, que nos explota dentro y fuera del trabajo y que no puede ofrecer alternativa. Es por ello que, de la lucha de masas del día a día, nuestra responsabilidad como comunistas es luchar junto a nuestro pueblo y aportar la síntesis de las experiencias revolucionarias internacionales para, progresivamente, ser capaces de transformar las luchas de masas por las reformas, a luchas por la toma del poder.
El proletariado y las masas deben asumir su tarea más importante a día de hoy, deben reconstituir su herramienta más avanzada y poderosa de lucha: el Partido Comunista. Este partido debe nutrirse de las capas más preparadas y abnegadas de nuestra clase, forjadas en la lucha diaria contra el sistema. Un partido capaz de analizar, filtrar y posteriormente transformar en una fuerza social objetiva todo el conocimiento adquirido de la lucha de masas. Es decir, en una línea política acertada que nos conduzca a la revolución, la dictadura del proletariado y mantenga una línea proletaria hasta la consecución del comunismo.
¡Frente a la farsa electoral, lucha popular y organización revolucionaria!
[1] https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_071_072_04.pdf
[2] https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-madrid/2023/05/25/646e5207fc6c838a078b45dd.html
[3] https://www.larazon.es/economia/20220115/yxyfvfbuyjdqvecz5pchpy66fa.html
