El Consejo de Ministros se reunió el pasado día 26 de octubre y anunció su anteproyecto de Ley de Vivienda con el fin de ofrecer “instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso” [1]. Como bien sabemos, la vivienda es una de las cuestiones más acuciantes y que más afectan a la clase obrera española.
El Gobierno ya ha anunciado esta ley a bombo y platillo como “la quinta pata del Estado del bienestar” y una «potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión». Pero, tras toda esta fraseología rimbombante, existe toda una serie de matices y filtros administrativos, además de las propias insuficiencias de sus medidas, que harán de esta ley algo totalmente inútil para el propósito que dicen defender.
Y es que toda la estructura burocrática del Estado burgués ralentiza y aplica todo tipo de filtros administrativos que podrían inutilizar incluso la medida más progresista a imaginar. En este caso, el anteproyecto de Ley de vivienda se desarrolla en base a las competencias de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Algo que, como desarrollaremos a continuación, es utilizado en este caso por PSOE y Unidas Podemos como un medio para vender de cara a la galería sus supuestas medidas progresistas evitando, en la práctica, una confrontación real con los capitalistas del sector inmobiliario.
Un anteproyecto de ley que los propios colectivos de la Iniciativa Ley Vivienda (plataforma conformada por más de 120 colectivos en todo el Estado) han denunciado como una “nueva burla al derecho a la vivienda”[2] o como “sinónimo de más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda”[3]. Recordemos que la Iniciativa Ley Vivienda surgió durante este año por parte de estos colectivos ante la pasividad del Gobierno por regular el derecho a la vivienda.
Mientras el descrédito del Gobierno de PSOE-UP crece entre estos colectivos, la izquierda reformista se ha dedicado a vanagloriarse de ser los impulsores de la “primera Ley de vivienda de la democracia” y de ser los principales defensores de “la gente” frente a los especuladores[4]. La izquierda reformista ya no puede si quiera venderse como el adalid parlamentario de los derechos sociales.
El vínculo del Gobierno de PSOE-UP con los fondos buitre y demás entidades financieras fue insultantemente expuesto en la famosa reunión mantenida por Pedro Sánchez el pasado mes de julio con Blackstone, JP Morgan o Blackrock, entre otros, en la que les garantizó “seguridad jurídica en el sector inmobiliario”. Aun queriendo presentarse como el “ala izquierda” de la democracia burguesa, este vínculo ha quedado patente con el anuncio oficial de este anteproyecto de ley el pasado 26 de octubre.
Los desahucios no se acaban con esta nueva ley. Estos se aplazarán entre dos y cuatro meses para, en teoría, facilitar a los servicios sociales encontrar alternativas habitacionales para los afectados, pero los desahucios se acabarán ejecutando. Recordemos que las familias que van a ser desahuciadas ya han agotado todas las vías legales y se encuentran en una situación desesperada. La medida estrella que esta ley plantea son “mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social”[5].
En cuanto a la limitación del precio del alquiler, esta nueva Ley no contrarrestará las subidas de los precios anteriores a su entrada en vigor. Los precios de nuevos arrendamientos se fijarán en base “a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley”[6]. Además, desde la aprobación de la ley podrán pasar hasta 18 meses para fijar estos precios que, como decimos, irán en base a los ya existentes y aun tendrán margen de aumentar.
Además, serán las Comunidades Autónomas quienes deberán solicitar al Gobierno la declaración de “área de mercado residencial tensionado” que permita activar medidas de regulación de precios. Esta regulación irá en base a facilitar incentivos fiscales a los propietarios: estos se beneficiarán de una reducción de impuestos de entre el 60% y el 90% si aplican una mísera reducción del 5% en el precio. El anteproyecto de ley habla de “crear un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios”, con lo que realmente no se ataca a los especuladores al no condicionar sus beneficios, al contrario, se les premia permitiéndoles que paguen menos impuestos y no se facilita el acceso a la vivienda en alquiler para amplios sectores de la clase obrera que hoy sufren estas dificultades.
Por otra parte, esta Ley establece que se reserve un 30% de viviendas para vivienda protegida con ambigüedades como “debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las Comunidades Autónomas”[7]. De nuevo, las Comunidades Autónomas son quienes decidirán. Asimismo, hay que señalar que en relación a la problemática del parque público de vivienda continuará habiendo miles de viviendas vacías propiedad de la SAREB (el “banco malo” creado en 2012 para comprar viviendas de la banca privada con dinero público). Un stock de viviendas que, con la nueva Ley de vivienda, seguirá inutilizado.
En cada una de las medidas de esta nueva ley encontramos trampas con la que socialdemócratas y reformistas juegan como son las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en materia de vivienda. Las CCAA y Ayuntamientos gobernados por el PP (los cuales afectan a unos 21 millones de personas) ya han dejado claro que no aplicarán esta ley. Y esta va a ser la excusa perfecta del Gobierno de PSOE-UP para seguir vendiéndose como los defensores de los derechos sociales, responsabilizando al PP de la inaplicación de la Ley de vivienda y alimentando así el circo parlamentario.
En definitiva, se está vendiendo como una victoria, como una ley estrella, una ley que ni si quiera atiende a las reivindicaciones de los colectivos en lucha por el derecho a la vivienda y en absoluto responde a las necesidades de la clase trabajadora en este terreno. Además, el anteproyecto de ley deberá pasar por todos los trámites parlamentarios antes de su aprobación definitiva. Una ley que presenta enormes limitaciones e insuficiencias y que, además, se apoya en todo tipo de trabas administrativas permitiendo que, en la práctica, no se produzca una confrontación real con los especuladores de vivienda y que se perpetúe este problema para el conjunto de la clase trabajadora. Un problema que alcanza la gravedad de que haya 32.000 personas sin hogar en España (algo que esta ley tampoco resuelve).
Este anteproyecto de ley es una evidencia más de que PSOE y Unidas Podemos están mintiendo al pueblo y garantizando los intereses de la oligarquía financiera. Ambas fuerzas políticas son plenamente conscientes de las limitaciones de este anteproyecto de ley y de cómo la complejidad burocrática del Estado burgués va a suponer todo tipo de palos en la rueda en su aplicación. Tanto PSOE como Unidas Podemos son y serán responsables de cada desahucio, de cada abuso de los especuladores con el precio del alquiler y de que la vivienda continúe siendo uno de los principales problemas para el conjunto de la clase obrera.
Ninguna ley bajo el capitalismo puede garantizar el derecho a una vivienda digna, pues la razón de ser del Estado burgués es garantizar los intereses de los capitalistas, en este caso del sector inmobiliario. Por tanto, debemos apoyar a los colectivos sociales que luchan a diario por conquistar este derecho a la vez que trabajamos por construir la herramienta que permita derribar al capitalismo: el Partido Comunista capaz de organizar la revolución.
[1] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/261021-enlace_vivienda.aspx
[2] https://afectadosporlahipoteca.com/2021/10/25/nueva-burla-al-derecho-a-la-vivienda/
[3] El acuerdo del Gobierno sobre la Ley de Vivienda es una nueva decepción – En defensa de un alquiler justo (sindicatdellogateres.org)
[4] https://twitter.com/PODEMOS/status/1452970766463471625
[5] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/261021-enlace_vivienda.aspx
[6] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/261021-enlace_vivienda.aspx
[7] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/261021-enlace_vivienda.aspx
