El PSOE ha presentado en el Congreso una propuesta de ley abolicionista de la prostitución que ya ha sido aprobada y se encuentra en trámite. A partir de esta ley se harán una serie de enmiendas que faciliten, según ellos, la persecución de proxenetas y ayude a erradicar por completo la prostitución. Esta ley, que sigue el modelo abolicionista francés, pretende realizar cambios en los siguientes puntos de la legislación:
• Sanción a los clientes de la prostitución con multas que se duplican en el caso de que la prostituta sea menor de edad, además de acarrear penas de cárcel de uno a tres años. Nunca se aplicarían sanciones contra la mujer prostituida.
• El cambio del foco en el «ánimo de lucro» y no en la «explotación» como método más eficaz para perseguir el proxenetismo, para evitar la dificultad que hay para demostrar en los tribunales que ha habido explotación.
• Multas y prisión para aquel que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento.
Aunque de primeras pueda parecer que esta ley es positiva y puede ayudar a producir grandes cambios en la mercantilización de las mujeres, en este artículo comprobaremos cómo, por muy avanzadas que puedan parecer, las reformas desde el Estado son totalmente insuficientes y nunca han servido ni servirán para proteger realmente a la clase trabajadora. Para empezar, el PP es uno de los partidos que apoya esta reforma, un partido que históricamente ha luchado por mantener firmes las estructuras de patriarcado y al que nunca le ha interesado lo más mínimo la protección de la mujer -más allá de los fines reproductivos para disponer de una amplia masa de trabajadores a los que poder exprimir-. Este hecho ya nos abre camino para empezar a sospechar sobre la naturaleza real de la propuesta de ley.
La pregunta que se nos plantea a partir de aquí es la siguiente: ¿Por qué la aplicación de esta ley no servirá para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad cuyo único recurso es prostituirse o que directamente se encuentran dentro de una red de trata? Para empezar, es el propio capitalismo y su hermano inseparable, el patriarcado, los que empujan a las mujeres a los márgenes de la sociedad y les ofrece como único recurso la explotación de su cuerpo. Fue durante el inicio del imperialismo, la fase más avanzada y decadente del capitalismo, y de la industrialización cuando se extremó la situación de vulnerabilidad y precariedad de las mujeres de clase obrera, a quienes no les quedó más remedio que compaginar sus trabajos en las fábricas con la prostitución para poder mantener a sus familias. Es decir, la precariedad extrema fue la que provocó que miles de mujeres se vieran obligadas a prostituirse para poder sobrevivir. Es también en el inicio del imperialismo cuando estallan las grandes guerras entre potencias. En este contexto, la prostitución sirvió como gran herramienta para oprimir a las mujeres de las zonas dominadas, quienes era esclavizadas en burdeles. Y fue precisamente en estos burdeles dónde se empezó a comprobar la rentabilidad económica de la trata y dónde se acabó de arraigar la cultura de la prostitución. A partir de este punto, empezaron a surgir economías sumergidas como el turismo sexual de Tailandia, etc.
Esta situación, evidentemente, no ha mejorado en la actualidad, pues la fase imperialista aún continúa y las luchas de las oligarquías monopolistas por aumentar sus beneficios son cada vez más extremas, hecho que se refleja en una mayor precarización de la clase trabajadora. Como reflejo de esta lucha por intentar rascar el máximo de rentabilidad económica (con cada vez más dificultades), vemos que actualmente la prostitución se engloba en una serie de industrias muy competitivas que se desarrollan dentro del imperialismo. Es decir, la prostitución es un pilar fundamental de las economías sumergidas que enriquecen enormemente a aquellos que manejan los hilos, por lo que esta actividad no desaparecerá, sino que simplemente se volverá aún más clandestina. Por tanto, las mujeres empujadas a prostituirse por la precariedad y la marginalización se encontrarán en una posición aún más vulnerable y estigmatizada, recibirán aún más violencia y tendrán aún menos protección.
Una vez entendido el por qué es imposible que la prostitución desaparezca en un estado capitalista, veamos un caso real: Francia. El PSOE ha declarado que sigue como referencia el modelo abolicionista francés. Según estas declaraciones, parece que Francia debería ser un paraíso libre de prostitución, pero ¿es realmente así? La respuesta es no. La prostitución sigue existiendo en Francia y su red es extensa. Uno de los ejemplos más ilustrativos es Bois de Boulogne, un parque de 846 hectáreas que se ha convertido en el mayor “burdel” de París. Es interesante saber que este parque se encuentra en la zona más rica de París, hecho que confirma que, por mucho que los burgueses abanderen la moralidad, son precisamente ellos los interesados en mantener estas redes de explotación, pues son los que sacan mayor rédito de ellas.
Para sorpresa de nadie, el 80% de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse en Bois de Boulogne son racializadas, indocumentadas y transgénero. Y no “trabajan” en unas condiciones precisamente favorables. Al tener que prostituirse de manera aún más clandestina, la protección que pudieran recibir es aún menor. Existen estudios que han comprobado cómo, desde la implantación de la ley abolicionista, los casos de violencia a mujeres trans prostitutas se han duplicado. Testimonios desgarradores nos cuentan que la violencia está a la orden del día: puñaladas, asesinatos o mujeres desaparecidas que nunca han sido buscadas. Muchas de las mujeres comentan cómo la policía, ante la denuncia de estos ataques, hacen mofas, las tratan de hombres, las obligan a desnudarse… Por tanto, el cuerpo de protección del Estado, aquellos que “protegen al ciudadano y hacen valer la ley”, són los primeros que ejercen violencia sobre la mujer vulnerable. A esto debe añadirse el miedo racional de las mujeres indocumentadas a exponerse ante la policía y ser deportadas. Ante esta situación, muchas de las mujeres del parque prefieren exponerse solas a la violencia antes que acudir a la policía.
Una vez visto cómo afecta la aplicación de un modelo abolicionista dentro de un sistema capitalista, veamos la opción que plantean UP y EH Bildu: el regulacionismo. Esta alternativa de regular la prostitución como una actividad comercial más es planteada como la salvación para las mujeres prostitutas. Pero si, cómo se ha demostrado, la implantación de un modelo abolicionista en un sistema capitalista trae consecuencias desastrosas, la implantación de un modelo regulacionista solo puede suponer la devastación. Para demostrarlo, tomaremos como ejemplo el modelo regulacionista de Nueva Zelanda, el más alabado por el feminismo prosex.
Desde que se aprobó la ley regulacionista en Nueva Zelanda, la oferta de prostitución se ha duplicado y sigue siendo únicamente femenina -hecho que confirma su cimiento misógino- . Los proxenetas han sido elevados a la categoría de empresarios, por lo que se han despenalizado las prácticas abusivas (que no han disminuido desde la regularización) y la violencia contra las prostitutas ha aumentado. La trata sigue estando al orden del día, esclavizando sexualmente a mujeres trans y migrantes por ser las más vulnerables, y el aumento de la demanda ha conducido a que un gran número de niñas sean forzadas e introducidas en estas redes. Además, por si no fuera suficiente, el proxenetismo se ha normalizado, pero las prostitutas continúan recibiendo el mismo estigma que tenían antes. La ley regulacionista no tiene capacidad de actuación ante los múltiples casos de violencia que las prostitutas viven diariamente. Esto es porque su objetivo no es el de proteger a la mujer, sino impulsar el crecimiento del negocio de los burdeles y el proxenetismo, a la vez que levantar una fachada de legitimidad que oculte la explotación sexual. Podemos comprobarlo con el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda, formado por y para proxenetas, cuya función es dar asesoramiento para la creación de nuevos burdeles. Así, Nueva Zelanda ha dejado a su suerte a miles de mujeres y niñas (cuyo número crece constantemente) que se han visto forzadas a entrar en redes de explotación sexual.
Este claro ejemplo debería bastar para entender que la aplicación de un modelo regulacionista nunca podría proteger a las mujeres que se dedican a la prostitución, sino que solo se convertiría en una estratagema para llenar las calles de burdeles y legitimar la violencia sexual contra mujeres y niñas. La compra del consentimiento sexual debe ser perseguido y erradicado, pero la solución tampoco reside en implantar un modelo abolicionista dentro del marco de un sistema capitalista, pues es el propio sistema el que crea un caldo de cultivo propicio para el comercio de los cuerpos de las mujeres. Solo a partir de la toma de poder mediante la revolución socialista podremos acabar con el capitalismo y el patriarcado y evitar que las mujeres se vean empujadas a los márgenes de la precariedad extrema. El único camino viable para la verdadera desaparición de la explotación sexual es el derrocamiento del Estado Burgués.