A bombo y platillo lo anuncian los grandes medios de comunicación, especialmente aquellos cercanos al Gobierno: ¡ha llegado el paquete anti crisis!
La batería de medidas para combatir la inflación acordada por Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), es decir, entre la socialdemocracia y el reformismo de izquierda en el Gobierno español, puede impresionar en una primera lectura, igual que ocurre con la accidentada retahíla de leyes y medidas promulgadas en su recta final de legislatura.
Pero, como con las otras medidas que iban a suponer un “antes y un después”, como el Ingreso Mínimo Vital o la enésima reforma laboral, estas medidas van a oscilar entre ser cosméticos para maquillar (y perpetuar) el empeoramiento general de nuestras condiciones o ser directamente una burla. Veamos:
La bajada del IVA en alimentación es puramente cosmética:
La bajada del IVA es la medida que más atención mediática está acaparando.
Se elimina el IVA de los alimentos que ya tenían un IVA “súperreducido”, del 4% (huevo, harina, leche, verduras, frutas y legumbres), y se rebaja del 10% al 5% el del aceite de oliva y la pasta, manteniéndose el resto de alimentos con un 10 a un 21% de IVA.
Prácticamente todos los productos han subido de precio el último año, y la cesta de la compra ha subido entre un 8 y un 16% en todas las cadenas de supermercado, muy por encima de esta rebaja del IVA.[1]
Esta rebaja, de hecho, queda especialmente por detrás de los alimentos a los que supuestamente afecta: la leche entera ha subido un 31% su precio, las verduras un 15%, las frutas un 9%, el aceite un 26% y el pan un 15%.[2]
Esta rebaja, por lo tanto, no contrarresta el alza de los precios, ni siquiera en los bienes que cataloga como “alimentos esenciales”. Que incluso el socio supuestamente crítico del Gobierno, Izquierda Unida, esté dando a entender lo contrario, es un insulto a la clase trabajadora.
El cheque de ayuda para familias:
Como un escandaloso caso de cinismo encontramos la segunda medida del paquete anti-crisis: 200€ en único pago de limosna en forma de cheque del Estado para familias con ingresos medios-bajos y bajos (27.000€ anuales).
Ni siquiera el controvertido cheque cultural de Pedro Sánchez para los jóvenes quedaba por debajo de esta “ayuda”. Indagando un poco, no es difícil deducir de dónde ha salido la idea de que 200€ es una medida anti-inflación.
El gasto promedio en alimentación en 2021, según datos del Estado[3], fue de 1610,30€ por persona. Una subida de cerca de un 15% en gastos de alimentación a este promedio durante 2022 supone que cada persona, como media, gastará unos 250€ más por cabeza.
Asumiendo que el promedio de gasto anual de 2021 estará inflado por los hogares de trabajadores con ingresos superiores a los 27.000€ anuales por familia, pequeña burguesía acomodada y, por supuesto, burguesía, sin contar con todos los datos del Gobierno, probablemente hayan asumido que 200€ por hogar absorberán la subida en los hogares precarios.
Ahora bien, la intuición que tiene cualquier trabajadora o trabajador sobre que este cheque es una burla es totalmente correcta.
Para empezar, los trabajadores no nos limitamos a alimentarnos para seguir trabajando, el alza inflacionaria ha medrado nuestros sueldos por muchos otros flancos.
Para seguir, los productos básicos de alimentación, seguidos de aquellos no considerados básicos por el Gobierno pero que forman parte de la dieta usual de la mayoría de trabajadoras y trabajadores (carne, pescado, etc) son, precisamente, los que han registrado subidas más altas. Es decir, que el impacto de la subida de los precios no es equitativo, ha impactado principalmente sobre la clase trabajadora, especialmente la de ingresos más bajos, porque los productos básicos tienen más peso en la cesta de la compra de una familia precaria.
Y para terminar, como ya explicamos en nuestro artículo desmontando el Ingreso Mínimo Vital[4]:
A esta situación hay que añadirle un fenómeno demostrado desde hace décadas por los sociólogos burgueses. La burocratización del estado por un lado y la marginación de las capas más empobrecidas por otro, termina haciendo que este tipo de políticas sociales no lleguen a notables porcentajes de la población a la que quieren llegar, limitando más todavía su efectividad.
Dicho con otras palabras: si es necesario realizar un trámite burocrático para que se ingresen 200€ del Estado en una cuenta, muchos de esos “4.2 millones de hogares” que cita Pedro Sánchez como beneficiarios de la limosna, van a acabar por no recibirla, precisamente porque en hogares más pobres es más habitual no contar con cuentas bancarias, no contar con los conocimientos para completar un trámite burocrático (especialmente si es virtual), encontrarse en una situación irregular (entre 600.000 y 800.000 personas en España) o, directamente, no prestar demasiada atención a un circo político que, por norma general, no tiene mucho que ofrecer.
El transporte – ¿las gallinas que entran por las que salen?:
Por un lado, podemos leer que el Gobierno mantiene una rebaja del 30% al transporte público y la gratuidad temporal de los trenes de cercanía y media distancia, además de apoyarse en el entramado burocrático de las autonomías y ayuntamientos para complementar hasta el 50% de rebaja.
Por otro lado, que el Gobierno dejará de pagar la compensación de 20 céntimos por litro de combustible, excepto para su uso por parte de profesionales.
Obviando la cuestión de que todas estas rebajas son temporales, ¿si suben las ayudas al transporte público y se eliminan las ayudas al transporte privado, nos quedamos igual?
La respuesta corta es no. Aunque rebajar o incluso hacer gratuito el transporte público tiene un impacto en el bolsillo de las clases populares, particularmente las que viven en las ciudades más grandes, lo cierto es que, comparativamente, la subida del combustible para vehículo privado (incluso contando con la rebaja de 20 céntimos/litro) es una medida que no se compensa ni por asomo con una rebaja del precio del transporte público.
Hay que partir de que, en España, el transporte público encuentra su red más densa en las grandes ciudades, particularmente en las zonas de negocios y comerciales. Si no lo son en un principio, rápidamente “atraen” a la burguesía a invertir en dichas zonas. La mayoría de zonas densamente pobladas están cubiertas por el transporte público principalmente a modo de “lanzadera” hacia las grandes ciudades, para ir a trabajar o consumir. Otras tantas directamente están desconectadas del transporte público, más allá de una dotación mínima para cubrir el expediente.
No es que tener un sistema público de transporte sea negativo, sino que, en el contexto específico de una situación inflacionaria, con la red de transporte público y la distribución de la población en España, no dar alternativas al transporte privado y centrar las rebajas en el transporte público significa acelerar la tendencia a exprimir más y más a los trabajadores para que vayan de casa al trabajo o al centro de consumo, y vuelta a casa.
Por supuesto, hay un por qué detrás de tocar los precios del transporte público y no los impuestos o directamente el precio del combustible: como ya analizamos hace meses[5], el precio del petróleo viene fijado por los monopolios especializados en él y por la recaudación necesaria por parte del Estado para mantener el aparato militar y las infraestructuras civiles necesarias para poder asegurar el suministro de petróleo. En la medida en que las distintas potencias imperialistas, incluida España, han ido haciendo del mundo una “tierra quemada” a efectos de obtener petróleo, a base de guerras, sanciones y bloqueos comerciales, los precios fijados por los monopolios suben, y el Estado es reticente a renunciar a la recaudación que supone. No es casualidad que uno de los grandes proyectos de Sánchez sea engrosar el ejército.
La forma de intentar capear los máximos históricos del precio del combustible alcanzados en 2022 sin tocar ni los intereses petroleros ni la recaudación, fue sufragar una cantidad fija que se nos “devolvía” con del enorme pico de recaudación que supuso el alza de precios del combustible. Los 20 céntimos por litro salían directamente de los impuestos que se nos cobraban, cuyo montante había subido por el alza disparatada de los precios del combustible.
Haciendo cuentas, el precio medio de la gasolina 95 en 2021 fue de 1,289€/l y en 2022 el precio mínimo ha sido de entorno a 1,59€/l. Es decir, el precio promedio más bajo en 2022 ha sido 30céntimos/l mayor que el promedio anual total de 2021, así que los 20 céntimos/l no han llegado a compensar la subida de los precios ni en los “mejores momentos”.
Ahora, aprovechando que los precios del combustible están bajando, siempre por encima de 2021, el Gobierno retira los 20 céntimos/l de ayuda, después de que los monopolios del petróleo y el Estado burgués nos hayan sangrado más que de sobra durante todo un año.
La excepción hecha para camioneros y otros trabajadores y pequeños empresarios que trabajan con vehículos privados no hay que verla como una medida paliativa. Es simplemente una medida inevitable para no provocar automáticamente nuevas huelgas del sector del transporte.
La situación final es que hemos recortado nuestros desplazamientos al mínimo “necesario”, necesario principalmente para la producción capitalista, hemos gastado a nivel de máximos históricos, y ahora se nos pide que nos contentemos con unas rebajas temporales que la mayoría de trabajadores no aprovecharemos suficiente y con una situación “estabilizada” donde el precio de partida del combustible en 2023 supera con mucho el precio promedio de 2022.
Los alquileres y desahucios – Humo y promesas incumplidas:
De regular el mercado del alquiler, a congelar los precios del alquiler. De congelar los precios del alquiler, a limitar la subida de precios en la renovación de alquileres ya existentes. Este ha sido el camino de los reformistas de Unidas Podemos en el Gobierno con el que era uno de sus principales caballos de batalla.
Como denuncian los sindicatos de barrio y sindicatos de inquilinos por todo el país, el mercado de la vivienda es un mercado totalmente desregulado a nivel de garantías para los inquilinos. Los precios suben cada año, la especulación en base a la oferta y la demanda, agudizada por el poder monopolista de los bancos, infla los alquileres e hipotecas a la vez que la calidad de las viviendas e infraestructuras retrocede.
No solo un mismo piso puede haber pasado de valer 400€ a 700€ en pocos años, sino que, además, no existe ninguna garantía firme al acceder a un alquiler o hipoteca respecto a las condiciones en que se encuentra el piso o el mobiliario que hay en él, como puedan ser las referentes a instalación eléctrica, de calefacción, de aislamiento, calidad de los muebles, etc.
Mejor dicho, es un mercado regulado abiertamente para el beneficio de la oligarquía financiera y, por goteo, para una parte de la mediana y pequeña burguesía rentista que aprovecha la corriente favorable que generan los bancos en periodos de burbuja.
En este contexto, las medidas aprobadas por el Gobierno son, una vez más, tan limitadas que son contraproducentes, dado que dan por buena la situación de partida que la población trabajadora organizada en sindicatos de vivienda y de barrio denuncia.
Las medidas concretas son la limitación al 2% del incremento del precio en alquileres ya existentes. No se congelan los precios del alquiler, puesto que los nuevos contratos del alquiler quedan sin limitar, de manera que la tendencia alcista generalizada seguirá siquiera sin paliarse, golpeando especialmente a quienes contraten nuevos alquileres, como la juventud trabajadora y estudiantes de capas populares.
En cuanto a la supuesta congelación y prórroga de los desahucios durante 6 meses, cualquiera que viva en un barrio de una ciudad mediana o grande sabe más que de sobra que los desahucios siguen en marcha, y que el Estado sigue reprimiendo con total brutalidad a quienes tratan de detenerlos.
Todo esto no es de extrañar, España es una potencia imperialista de segundo orden. Su economía depende en una medida mayor de lo habitual de sectores de bajo valor añadido, como la hostelería o el turismo, o con marcado carácter especulativo, como la vivienda. Si el estancamiento general del capitalismo a nivel internacional ya provoca que las ramas especulativas crezcan, en España, donde el sector productivo es más débil, las burbujas afectan más intensamente y estallan con más fuerza, y la explotación y opresión de las capas populares de la población son más directas.
Es normal, entonces, que la oligarquía financiera de los bancos y fondos de inversión no esté dispuesta a ceder fácilmente en lo que se refiere al precio y condiciones de los contratos de vivienda, y que sus servidores políticos, incluyendo PSOE y Unidas Podemos, traten de pasar de puntillas sobre la cuestión, porque indudablemente tendría un efecto sobre las inversiones y negocios de los capitalistas.
El precio de la luz seguirá sangrando a la clase trabajadora:
La única medida al respecto del precio de la electricidad sigue siendo la ridícula rebaja de impuestos de un 10% a un 5%. De esta manera, sigue inalterado lo que ya dijimos hace meses con nuestro artículo sobre el precio de la luz: los capitalistas mandan, su Gobierno ejecuta[6].
Medidas temporales – Hasta las elecciones:
Como si de un mal chiste se tratara, el Gobierno “más progresista” e hipócrita de la Historia parece querer esforzarse por hacer ciertas las parodias de la derecha, y ha promulgado todas estas medidas durante 6 meses desde el 1 de enero de 2023. Es decir, hasta junio de 2023, siendo las elecciones autonómicas y municipales el 28 de mayo de 2023.
No solo este “pack anti-crisis” en realidad es un batiburrillo de medidas que no combaten en absoluto la inflación y que, en algunos casos, agravan sus efectos, es que además hasta las medidas que podrían presentarse como limitadas pero positivas (como el precio del transporte o la bajada del IVA en algunos productos alimentarios) son temporales.
Es una muestra de cinismo y decadencia absoluta de los partidos capitalistas, del funcionamiento del circo electoral burgués incluso en su rama izquierda. Unidas Podemos pasa del oportunismo electoral al electoralismo barato más chabacano.
Está por ver si este comportamiento tan descaradamente orientado a cubrir el expediente antes de las elecciones se consolida en todos los aspirantes a gestionar el Gobierno de los capitalistas o si es una manifestación particularmente extrema de hasta qué punto las instituciones burguesas crean políticos ajenos a la vida y opinión de las amplias masas de la población.
La izquierda burguesa del siglo XXI – Asistencialismo barato:
Lo que sí se confirma una vez más con este paquete de medidas es que la izquierda burguesa del siglo XXI solo puede permitirse políticas asistencialistas que hubieran sido propias del centro-derecha a mediados del siglo XX, y de políticos social-liberales como Tony Blair a finales.
Cuando los imperialistas europeos necesitaban reconstruir sus monopolios tras la II Guerra Mundial y frenar a una clase obrera organizada tras la resistencia antifascista, la socialdemocracia y el revisionismo hablaban de pleno empleo, de nacionalizaciones, de derechos públicos, de regulación de mercados e incluso de una supuesta “transición gradual al socialismo” o de un “socialismo de rostro humano”. En España esto llegó con la muerte de Franco y fue efímero, aunque hubo antecedentes en forma de programas de protección social incluso por parte del régimen franquista y era un enfoque ya proclamado por el PCE revisionista también en el campo del antifranquismo.
Estos “programas máximos” de la izquierda no eran más que el intento de pintar de rojo las políticas que los capitalistas estaban entonces dispuestos a tolerar, o que incluso les beneficiaban de forma pasajera.
Cuando esta situación terminó porque se abrieron a los imperialistas “occidentales” los mercados dominados por la antigua URSS socialimperialista y se consumó la paulatina desorganización del movimiento obrero y popular, estos mismos políticos se reconvirtieron, o pasaron a segunda fila y tomaron fuerza, principalmente en la socialdemocracia, las políticas neoliberales.
Los revisionistas, ya reconvertidos en la mayoría del mundo en reformistas sin careta comunista, como Izquierda Unida en España, adoptaron el discurso que dejaba atrás la socialdemocracia, combinándolo con las nuevas tendencias postmodernas pequeñoburguesas, conformándose con ser la oposición “leal” al proceso de ataques contra décadas de conquistas por parte de la clase obrera.
Hoy por hoy, particularmente tras la reestructuración económica que ha supuesto la crisis del capitalismo a nivel internacional de 2008, la izquierda reformista ha sido engullida por la realidad del capitalismo en decadencia: si promete demasiado, no puede cumplir; si no puede cumplir, no puede ganar. Si no gana elecciones, pierde sueldos. Si gana elecciones, mantiene su particular rinconcito de la política burguesa a costa de tratar de que comulguemos con ruedas de molino.
Pero, al hacer esto, aliena, desmoviliza y desmoraliza a su propia base electoral, que deja de intentar participar porque ve que no sirve para nada. El resultado es visible: una camarilla de políticos enormemente distanciados de las capas populares, tratando de pescar votos aquí y allá y no prometiendo ya un mundo distinto, sino ser un representante en la negociación con los capitalistas.
A nivel de políticas concretas, la regulación de mercado y la expansión del sector público, que eran las políticas principales que caracterizaban a la izquierda burguesa a mediados de siglo XX, han dejado paso a programas asistenciales “anti pobreza” y limosnas aisladas, y la izquierda reformista, como UP-IU-PCE, ha asumido por completo estas políticas como suyas.
Como hemos visto, esas políticas nunca fueron lo que caracterizó a la socialdemocracia o la izquierda reformista, solamente la manifestación de un determinado ciclo del capitalismo en su fase imperialista, a través de representantes que malvendían la organización y la rebelión de la clase obrera y las capas populares.
Hoy, igual que ayer, no hay que esperar que los socialdemócratas o los reformistas vengan a traernos ninguna reforma. Las conquistas sociales las consiguen la clase obrera y el pueblo con su lucha organizada, y el capitalismo cada vez deja menos margen hasta para las más sencillas.
Organizarse y luchar es el primer paso, pero solo con la revolución, con el poder obrero, será posible garantizar las conquistas populares, y solo con la reconstitución del Partido Comunista será posible organizar la revolución.
[1] https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/subida-cesta-compra-precio-alimentos-supermercados/2874181/
[2] https://www.rtve.es/noticias/20221214/ipc-cesta-compra-variacion-ultimo-mes/2405889.shtml
[3] https://elpais.com/economia/2022-09-18/la-inflacion-se-ceba-con-el-carro-de-la-compra.html
[4] https://somosrevolucion.es/ingreso-minimo-vital-y-la-miseria-del-capitalismo/
[5] https://somosrevolucion.es/combustible/
[6] https://somosrevolucion.es/subida-de-la-luz-los-capitalistas-mandan-su-gobierno-ejecuta/
