Yolanda Díaz y el peligro del reformismo en el movimiento obrero

Durante los últimos años y después del duro golpe que supuso para el conjunto de la clase trabajadora la crisis económica de 2008 y las políticas llevadas a cabo por PSOE primero y PP después, partidos de la izquierda parlamentaria accedieron a gobernar junto al PSOE, con la coalición PSOE-Unidas Podemos (IU, PCE, Podemos, etc.), y actualmente con PSOE-Sumar. Desde entonces, muchos trabajadores y trabajadoras vertieron sus esperanzas en una coalición de gobierno que, autodenominándose “el Gobierno más progresista de la historia”, ha demostrado no haber resuelto en absoluto los problemas más elementales que sufrimos trabajadores y trabajadoras a diario, más allá de tímidas reformas de fácil reversión, y que en la práctica ha supuesto una garantía para los negocios de los capitalistas1.

Durante estos años se ha extendido mucho la idea entre personas progresistas de que, confiando en que el Gobierno no iba a traicionar a los y las trabajadoras, “la izquierda del Gobierno está haciendo lo que le dejan”, que “Yolanda Díaz está haciendo todo lo que puede”, etc. Aun todavía hoy entre algunos sectores del movimiento obrero predomina este punto de vista, difundido por activistas de partidos de la izquierda parlamentaria y particularmente por los dirigentes sindicales, en el que se confía en que nuestra situación puede cambiar “poco a poco” si dejamos al Gobierno actuar y si votamos “bien” para que se mantenga la aritmética parlamentaria en favor de un Gobierno supuestamente progresista.

Pero, ¿hasta qué punto esto es así? Si dijéramos simplemente que no, que Yolanda Díaz (o Alberto Garzón, Irene Montero, Pablo Iglesias…) no han tenido nunca intenciones reales de cambiar nada, no estaríamos explicando del todo el fondo de la cuestión. Y es que, independientemente de las personas que estén en un Gobierno “de izquierdas”, salvo en los matices, los resultados no iban a ser diferentes ya que, como intentaremos explicar en este artículo, no es posible reformar el Estado capitalista en favor de la clase trabajadora. Todo esto lo hace más grave cuando aquellos que intentan convencernos de lo contrario son perfectamente conocedores de este hecho.

¿La clase trabajadora está protegida con un Gobierno “de izquierdas”?

Durante estas dos últimas legislaturas, desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, hemos analizado las medidas políticas más importantes del Gobierno para intentar aportar, desde nuestra humilde posición, una visión crítica que permitiese desmontar el mito reformista y entender por qué no es posible, incluso con ministros y ministras “de izquierdas”, reformar el capitalismo y cambiar el país en favor de la clase trabajadora. Si bien en este artículo nos centraremos en abordar las medidas políticas del terreno sindical o laboral para alertar sobre el peligro del reformismo en el ámbito del movimiento obrero, nos gustaría señalar, a modo de recordatorio, algunos ejemplos que permitan entender cómo las medidas políticas del Gobierno ni tan si quiera les han hecho un rasguño a los grandes capitales y en absoluto han cambiado la situación para los trabajadores y trabajadoras.

Un ejemplo claro de ello nos lo enseñaron los y las activistas por el derecho a la vivienda que, tal y como explicamos en el artículo Ley de la vivienda: de la burbuja inmobiliaria al timo reformista2, el Gobierno únicamente dejó de lado su indiferencia y dejadez al respecto de desarrollar la ley de vivienda (promesa en su acuerdo de coalición) ante la presión del movimiento. Después de hacerse la foto con los activistas por la vivienda a las puertas del Congreso, la Ley que el Gobierno acabó aprobando fue un timo, tal y como denunciaron estos activistas públicamente, llena de trabas burocráticas que impiden limitar realmente los precios, pasándole la pelota a las Comunidades Autónomas para alimentar el circo parlamentario si el PP-Vox no quiere aplicarla, y sin ninguna medida efectiva para poner freno a la especulación.

Podríamos hablar de otros ejemplos, como la pasividad ante la desorbitada subida de precios de los últimos años que ha mermado el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el mantenimiento de la Ley Mordaza (salvo el aspecto de los piquetes) y el agravamiento del Código Penal para la condena más dura y arbitraria de las protestas militantes, etc. Y, ante toda esta situación, en el momento la clase trabajadora y otros sectores del pueblo se han lanzado a luchar, el Gobierno “progresista” no ha dudado en aplicar la represión del Estado para evitarlo. Recordemos cuando, en la masiva huelga del sector del metal de Cádiz en noviembre de 2021, el secretario general del Partido “Comunista” de España (miembro de Unidas Podemos), Enrique Santiago, salió en rueda de prensa a decirle a los obreros que confiaran en el Gobierno para solucionar su situación3, a la vez que el Gobierno al que pertenecía su partido enviaba a cientos de unidades de la Policía Nacional y desplegaba sus últimas adquisiciones, como tanquetas blindadas, a reprimir las protestas. O cuando los camioneros autónomos o los pequeños agricultores sufrieron las cargas policiales, las detenciones y las multas, bajo una campaña de deslegitimación vinculándoles a la extrema derecha4.

¿Qué pasó con la reforma laboral?

En el ámbito sindical, sin duda la medida política del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos más polémica fue la reforma laboral. Esta reforma, que analizamos en el artículo Se consuma la estafa de la reforma laboral5, se llevó a cabo tras un acuerdo entre la dirección de los sindicatos CCOO y UGT, la patronal y el Gobierno. Bajo la fachada de luchar contra la temporalidad en el empleo, la reforma laboral supuso la consolidación de las medidas políticas más drásticas del gobierno del PP de Mariano Rajoy a cambio de las exiguas mejoras parciales que consiguieron arrancar los dirigentes sindicales en la mesa de negociación (como, por ejemplo, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, la prórroga automática mientras se negocia uno nuevo).

Señalamos que el “fin de la temporalidad” que anuncia el Gobierno como una gran conquista de la izquierda desde sus Ministerios no es más que una fachada, en tanto que es una exigencia de la Comisión Europea en la remodelación del mercado europeo, como señala el comisario europeo de Finanzas: “El Consejo [Europeo] aprobó el plan y en el mercado laboral pidió que la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico. No es algo subjetivo. […] el plan [del Gobierno español] incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren su funcionamiento”6.

Por tanto, existía la necesidad de alcanzar un acuerdo para conseguir los 12.000 millones de euros de los fondos europeos que, para sorpresa de nadie, irían dirigidos principalmente a las grandes empresas (ya que fueron quienes principalmente los solicitaron).

Entre muchos delegados y delegadas de Comités de empresa, sindicales, etc., así como entre muchos sindicalistas honestos y honestas, surgió la preocupación entonces de por qué esa reforma laboral se había acordado a puerta cerrada y por qué no se había movilizado a la clase trabajadora para presionar por un acuerdo más favorable. El predominio del reformismo y visión conciliadora entre la dirección de los sindicatos es tal que ni si quiera se plantearon esta posibilidad. Y, desde luego, cualquier trabajador o trabajadora con un mínimo de experiencia sindical sabe que no puede existir un acuerdo en el que se consiga algo sin la participación y la movilización de los trabajadores.

Las preocupaciones no eran exageradas y las consecuencias las estamos viendo a diario: las empresas siguen con facilidades para justificar la causa para despidos, ERE, ERTE, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, etc.; los despidos siguen produciéndose con las mismas facilidades de siempre y los trabajadores siguen sin medios para impedirlos; mientras el Gobierno alardea de haber incrementado históricamente el porcentaje de contratos indefinidos, la realidad es otra: las empresas utilizan el período de prueba a modo de contratación eventual, muchos contratos indefinidos son a jornada parcial o fijos-discontinuos que no garantiza en absoluto la estabilidad ni nivel de ingresos decente, etc. A esto, debemos de sumarle una inspección de trabajo completamente limitada, una Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) muy permisiva con las empresas, con multas anecdóticas que no frenan los abusos, etc.

A pesar de todo esto, tanto antes como después de la negociación de la reforma laboral la dirección de los sindicatos continúa infundiendo en sus estructuras la visión de que esta reforma laboral ha cambiado la vida de los trabajadores y trabajadoras. Ya antes del acuerdo frases del estilo “no podemos hacerle una huelga a Yolanda Díaz porque es una de las nuestras” se han escuchado a lo largo y ancho del país de boca de los dirigentes sindicales a diferentes niveles y, lejos de ser una simple anécdota, manifiesta no solo una visión completamente acrítica hacia el Gobierno, sino un claro sometimiento a la izquierda parlamentaria y una concepción completamente equivocada de las posibilidades de las reformas políticas en el capitalismo. Lo peor es que, a la vista de los hechos está, no ha habido ningún avance significativo, sino más bien parches de fácil retroceso con cualquier cambio de gobierno y la consolidación de las políticas más lesivas del gobierno del PP.

Nuevas falsas promesas: la supuesta reducción de la jornada laboral

En cuanto a las futuras medidas que el Gobierno de PSOE-Sumar pretende impulsar, la más sonada en el ámbito laboral es la referente a la reducción de la jornada laboral a 38,5h en 2024 y 37,5h en 2025. Sin embargo, como explicaremos a continuación, esa reducción ya existe en la práctica en la inmensa mayoría de convenios colectivos. El propio Antonio Garamendi, portavoz de la CEOE, si bien plantea matices sobre la medida, reconoce que esa reducción ya existe y se muestra a favor de regularla en el seno del diálogo social7. Y es que esta medida, que formaba parte del acuerdo de investidura de PSOE y Sumar, se anuncia a bombo y platillo sin explicar lo que ocurre realmente con la jornada laboral en España:

En primer lugar, la legislación española, concretamente en el Artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, dice que: “La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. Esto supone en la práctica varias cuestiones a tener en cuenta:

  • La jornada máxima es un promedio en cómputo anual. Si a esto le sumamos que en muchos casos las empresas aplican la distribución irregular de la jornada (la llamada flexibilidad horaria o “bolsa de horas”), encontramos sectores en los que se trabaja más de 40h durante varias semanas al año (el sector agrícola en el campo y almacenes, por ejemplo, donde oficialmente se permite trabajar hasta 49 horas). Para asegurar que la reducción de la jornada laboral sea un avance real, habría que, para empezar, impedir que los empresarios pudieran aplicar la distribución irregular de la jornada y que la jornada máxima semanal no se pueda calcular en base a un promedio anual. Estas cuestiones, desde luego, no están sobre la mesa.

  • Por otra parte, los convenios colectivos de la inmensa mayoría de sectores ya recogen una reducción de la jornada laboral máxima a lo largo del año. Una jornada laboral de 40h semanales de promedio anual supondría unas 1826 horas y media aproximadamente al año. Muchos convenios colectivos establecen, desde hace muchos años, jornadas de 1780h, 1752h, 1792h, 1759h… Por tanto, la supuesta medida estrella de Yolanda Díaz no es más que trasladar algo que ya se aplica en la práctica desde hace muchos años al documento del Estatuto de los trabajadores y que no supone ninguna mejora al respecto.

La jornada laboral de 8 horas fue una conquista del movimiento obrero y que, en su momento, supuso un golpe sobre la mesa ante la regulación de las condiciones de trabajo de entonces. Pero de eso hace mucho tiempo (105 años, para ser exactos). Hoy, los medios y conocimientos técnicos para la producción y los servicios están sumamente desarrollados, facilitando altos niveles de productividad que podrían permitir que la clase trabajadora trabajásemos menos, con ritmos más pausados para que trabajar no afectase a nuestra salud, con una jornada laboral menor, etc. El Gobierno de PSOE-Sumar, de igual modo que en la legislatura anterior con Unidas Podemos, no va a adoptar medidas de ese tipo, pues supondría atentar contra los intereses de los grandes capitales a quienes representan, aunque se llenen la boca diciendo lo contrario.

¿Realmente puede reformarse el Estado capitalista?

En marzo del año 2019 tuvo lugar el mitin electoral en el que Unidas Podemos presentaba su candidatura, con intervención de todos los líderes que la conformaban, y donde Pablo Iglesias volvió a aparecer en público liderando el proyecto8. Meses más tarde, tras las elecciones de noviembre de 2019, Unidas Podemos entraría al Gobierno junto al PSOE. En este mitin electoral, en un ambiente envuelto en consignas como “que viva la lucha de la clase obrera” y banderas republicanas, Pablo Iglesias dijo:

“Quiero deciros algunas cosas sobre cómo funciona el poder (…). Hay veinte familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado (…). Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada, y si eso es así algo está fallando en nuestra democracia. Un fondo buitre extranjero, Black Rock, que ya es propietario de la mayor parte del mercado inmobiliario de nuestro país manda más que el Ministro de Fomento y que cualquier diputado o diputada…”.

Pablo Iglesias dista mucho de ser un revolucionario, pero está claro que sabe perfectamente de qué estaba hablando, igual que sabe que no hay ningún ejemplo en la historia de país alguno que haya conseguido acabar con ese poder de los grandes capitalistas con meras reformas políticas. Entonces, ¿por qué iba a cambiar esto con la entrada de Unidas Podemos al Gobierno? Ahora bien, a Pablo Iglesias le faltaba un matiz por señalar: no es que los diputados no manden nada, sino que los diputados, Ministros, etc., tienen la función de mandar (gobernar) para garantizar los negocios de los capitalistas. A pesar de este matiz, los reformistas como Pablo Iglesias o Yolanda Díaz saben perfectamente que el Estado, sus instituciones y cauces “democráticos” están completamente limitados para el pueblo, que cualquier reforma política es completamente reversible y que los derechos democráticos, laborales, etc., van a depender de lo que el pueblo y la clase trabajadora consiga mediante la lucha y aquello en lo que los capitalistas puedan permitirse ceder en cada momento.

Cuando Marx y Engels, en su Manifiesto Comunista dijeron: Hoy, el Poder público [el Gobierno del Estado] viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”9, definieron de la manera más sintetizada posible esta realidad. Esta afirmación sigue siendo cierta hoy. La naturaleza del Estado capitalista, independientemente de la forma particular que adopte en cada país y contexto histórico, sigue intacta: cuando vemos al Presidente del Gobierno reunirse con los fondos buitre en EEUU para hablar sobre la ley de la vivienda, vemos al gerente de los negocios de estos fondos buitre. Cuando vemos a Yolanda Díaz diseñar una reforma laboral a medida de los empresarios, vemos a la directora de Recursos Humanos de estos empresarios. Cuando vemos cómo las puertas giratorias son una constante, con políticos que ya son expertos en la administración de los negocios gracias a su experiencia en el Parlamento y demás instituciones, vemos cómo de manera descarada los propios capitalistas afirman todo aquello que ya señalaron Marx y Engels en 1848.

El peligro del reformismo es que, aun a sabiendas de todo esto, continúa insuflando falsas esperanzas al pueblo en lugar de denunciar públicamente que el Estado capitalista es irreformable. Esto es algo que ni los “más de izquierdas” del Gobierno han hecho (los miembros de en su día la coalición Unidas Podemos como Izquierda Unida, Partido Comunista de España o Podemos). Saben hasta dónde pueden llegar, saben que todo lo que hagan en el gobierno es perfectamente reversible y, aun así, prefieren hacerle creer a sus votantes que con ellos estarán en la mejor de las situaciones posibles y que más vale aceptarlo porque, de lo contrario, siempre puede venir algo peor. Y es que, al reformismo, para legitimarse, le viene genial la existencia de un rival electoral con el que atemorizar al electorado si llegase al poder (en este caso, la derecha de PP y Vox). Y así la rueda del parlamentarismo no para de girar, encerrándonos en una espiral de frustración que, en algún momento y muy a su pesar, explotará.

No podemos, por tanto, confiar nuestro presente ni nuestro futuro a ningún Gobierno, sea del color que sea, pues la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para acceder a una vivienda, la desprotección de los trabajadores y trabajadoras ante los abusos de los empresarios, etc., sigue siendo la cruda realidad que día a día vivimos millones de trabajadores en este país. Y si no luchamos contra la influencia de estas posiciones reformistas entre los trabajadores, la frustración se apoderará de amplios sectores de la clase trabajadora, sin vislumbrar mayor horizonte que asumir que esto “es lo que hay”.

El movimiento obrero no puede avanzar sin romper con el reformismo

En todas las luchas llevadas a cabo por el movimiento obrero en términos amplios, incluyendo la lucha sindical, históricamente siempre han existido posturas reformistas que, en esencia, suponen un freno al desarrollo de iniciativas y propuestas que vayan más allá de lo permisible por los cauces y vías institucionales (entre ellas, muy particularmente, la vía electoral) y, en la práctica, llevan a los trabajadores y trabajadoras a una frustración permanente ante la imposibilidad de cambiar su situación mediante esas vías. En la práctica, esta visión desarma ideológica y organizativamente a la clase trabajadora, bloquea las propuestas más combativas de los trabajadores y trabajadoras, limitando sus luchas y, en el fondo, desvía la atención sobre la necesidad de acabar con el capitalismo como la raíz de los problemas de la clase trabajadora.

Aquí tiene un papel muy importante las organizaciones y partidos de izquierdas incluyendo supuestos “comunistas” que, en la práctica, abandonaron la lucha por acabar con la explotación capitalista, convirtiéndose en partidos socialdemócratas. Hablamos particularmente del PCE, a través de su expresión electoral Izquierda Unida, y también de otras opciones políticas similares como Podemos. Muchos dirigentes sindicales, por cierto, son afiliados a estos partidos e incluso militan activamente en ellos (por no hablar de los vinculados al PSOE).

Y es que, aunque todavía podamos encontrar militantes de base que se preocupan honestamente por los problemas que el capitalismo genera día a día, si forman parte de estos partidos es porque confían en que el reformismo es la solución para encauzar las luchas de los trabajadores y trabajadoras, justificando las políticas que el gobierno de PSOE-Unidas Podemos y hoy PSOE-Sumar han desarrollado (o incluso plantándose formalmente en contra, pero no actuando en consecuencia), y trasladando esta visión a los movimientos sociales. Esto es un enorme peligro para el avance de los movimientos sociales y muy particularmente del movimiento obrero, porque trasladan la falsa esperanza de que llegará algún Gobierno o algún político muy preparado a salvarnos de nuestra situación y, como decíamos antes, anula las iniciativas más combativas de los trabajadores y la posibilidad de abolir el capitalismo como sistema de explotación.

En cuanto al sindicalismo, cabe señalar que, por sí mismo, puede verse completamente limitado en su función si se deja influir por estos planteamientos reformistas. El movimiento sindical, incluso limitándose a luchar por mejorar las condiciones en las que los obreros venden su fuerza de trabajo a los capitalistas (mejorar salarios u otras condiciones), puede tener un enormísimo potencial si, además de hacer eso, es capaz de impregnar a la clase trabajadora de una visión política más amplia para luchar contra la clase de la patronal y no contra los patronos por separado, así como contra el Gobierno que permite que sus negocios sigan asegurados. El movimiento obrero despliega todo su potencial si no solo se hace eco no solo de la explotación de la clase capitalista contra nuestra clase, sino de toda injusticia y opresión ejecutada o amparada por la clase capitalista, sus lacayos, su Gobierno, y las fuerzas represivas a su servicio. Pero la burocracia sindical, esos dirigentes que representan el ala más reformista de los sindicatos, no tiene ninguna necesidad objetiva de llevar más allá al movimiento sindical mientras sus estructuras se mantengan gracias a llegar a acuerdos con la patronal, mantener delegados en los comités de empresa y una afiliación pasiva a la que dar un asesoramiento dentro de los márgenes de la legalidad vigente.

El reformismo, por tanto, limita la reivindicación de los trabajadores a cuestiones meramente sindicales (que, desde el marxismo, definimos como “economicismo»), castrando todo el potencial transformador de la clase obrera. Pero el movimiento obrero, para desarrollar todo su potencial, debe englobar reivindicaciones que vayan más allá de las luchas por mejores condiciones de trabajo, luchando contra todas las expresiones del reformismo en su seno y abordando cuál es el papel del Estado y los Gobiernos en el mantenimiento de la explotación contra los trabajadores y trabajadoras, así como del resto de clases y sectores oprimidos. Solo así se podrá construir un movimiento obrero capaz de cambiarlo todo, un movimiento obrero revolucionario capaz de mandar al capitalismo al basurero de la historia.

Hay miles, millones, de trabajadores y trabajadoras que, aunque todavía no sepan explicar por qué, saben que este sistema es injusto; hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que saben que ningún Gobierno va a venir a salvarnos de la explotación, del abuso y de la miseria. Solo necesitan el empuje y la confianza necesaria para convencerse de que en sus manos está la posibilidad de cambiarlo todo. No permitamos que los reformistas de la izquierda institucional nos arrebaten ese ímpetu revolucionario. Sigamos el ejemplo de los obreros de Cádiz, del movimiento feminista, de los transportistas autónomos o los pequeños agricultores. No podemos aplazar esta tarea por más tiempo, pues nos va la vida en ello. Pongámonos manos a la obra.

1 Aunque podríamos desarrollar mucho más esta idea, esto es tan solo un ejemplo: en 2023 las grandes empresas batieron récord histórico de beneficios desde 2009 https://www.elnacional.cat/oneconomia/es/economia/margen-beneficios-empresas-espanolas-toca-maximos-historicos-en-2023_1160545_102.html

4 La extrema derecha intentó capitalizar estas protestas, pero eso dista mucho de ser la razón de las mismas. De hecho, muchos agricultores y camioneros expulsaron a los dirigentes de Vox de las movilizaciones porque sabían que no iban a defender su causa, sino más bien intentar extraer rédito electoral.

8 Discurso de Pablo Iglesias en el inicio de campaña electoral Unidas Podemos, marzo de 2019 https://youtu.be/RyJAcAOPyZ8?t=5463

9 K. Marx & F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista (1848) https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm

Otros artículos

Comunicado | Las elecciones son de los capitalistas. La lucha y organización de la clase obrera.

Este 23 de Julio, los trabajadores y trabajadoras estamos llamados a votar en las Elecciones Generales. Se trata de unas elecciones que se han...

Ley de vivienda: de la burbuja inmobiliaria al timo reformista

En 2021 salió a la luz el anteproyecto de La Ley de la Vivienda con la premisa de ofrecer una serie de herramientas a...

Elecciones autonómicas y municipales 2023: Frente a la farsa electoral, lucha popular y organización revolucionaria.

El próximo domingo 28 de mayo, los trabajadores y trabajadoras estamos llamados a votar en muchas de las autonomías y ayuntamientos de España. Para...