¿Medidas de apoyo para la clase trabajadora?

Desde convocatoria del estado de alarma el 14 de marzo hemos visto la aprobación de varias medidas contundentes por parte del gobierno. Si bien puede padecer que estas tienen un supuesto cariz social en diferentes casos, en realidad podemos observar que las mismas tienen un “doble rasero” desde el punto de vista de nuestra clase social.

Así, estamos viviendo el decreto de confinamiento en nuestras casas y la paralización y cierre de diferentes sectores (como parte del comercio minorista, hostelería, centros educativos…) al mismo tiempo que se han mantenido durante estas semanas la construcción y la producción en actividades no necesarias para atajar la crisis sanitaria o atender las necesidades básicas de la población. De esta manera, hemos visto como a la urgencia por recluirnos en nuestros hogares se contraponía de manera contradictoria (en relación a la necesidad de contener el virus) el permitir medios de transportes atestados o centros productivos con gran cantidad de gente.

Además, con el paquete de medidas de apoyo a empresas que se aprobó el 17 de marzo vimos que junto a la moratoria del pago de hipotecas y la prohibición de cortar agua, gas y luz a colectivos vulnerables se unía la aprobación y destinación de fondos públicos a dar una línea de avales a empresas, así como agilizar los ERTEs, de lo cual ya hablamos en otro artículo hace unos días.

A las anteriores, en los últimos días se ha sumado otra tanda de medidas que a simple vista también pueden parecer de radical calado social, pero, de nuevo, observamos como tienen su “gato encerrado”:

Por un lado, el día 27 la Ministra de Trabajo comunicó la imposibilidad de que las empresas se acogieran al despido objetivo durante esta crisis, además de afirmar que el tiempo que pase desde el decreto del estado de alarma no computaría para el periodo de duración de los trabajos temporales, quedándose estos así en stand by. Además, también anunció que los ERTEs aplicados durante estas semanas acabarían con el levantamiento del estado de alarma y que se revisarían los ERTES realizados con el fin de detectar aquellos fraudulentos y hacer pagar, en ese caso, todo su coste al empresario.

Por otro lado, el día 28 el gobierno informó de la paralización de toda actividad no esencial desde el 29 de marzo hasta el 8 de abril, lo cual, a priori, parecía la medida que tanto se reivindicaba por parte de trabajadoras y trabajadores de distintas empresas.

Prohibición de despidos y paralización de la actividad no esencial: la otra cara de la moneda

A pesar de lo bien que puedan sonar estas últimas medidas, la óptica desde la cual se han implementado, sin lugar a duda, no es la que beneficia a los intereses de las y los asalariados.

Con respecto a lo anunciado por Yolanda Díaz, la imposibilidad de despedir llega 13 días después del inicio del estado de alarma. El tiempo que ha pasado, si bien a simple vista puede parecer poco, o una cuestión secundaria, en realidad es crucial a la hora de entender la envergadura de esta decisión por un buen motivo: esta medida no es retroactiva. Lo anterior cambia radicalmente el alcance que pueda tener la disposición de no despedir, pues buena parte de los despidos que se podían producir ya se han realizado, dado que la burguesía actuó velozmente una vez decretado el confinamiento y paralización de parte de la actividad económica el día 14, ya fuera mediante el mecanismo del ERTE o del despido total. Añadido a lo anterior, debemos tener en cuenta que no es exacto hablar de prohibición de los despidos (al contrario de lo que daban a entender los grandes titulares de los medios de comunicación), sino de la modalidad del despido por causas objetivas. Es decir, sigue siendo posible el uso del despido improdecente pagando 33 días por año trabajado al trabajador afectado, lo cual puede dar lugar a que, ante la situación actual de sobresaturación de inspecciones laborales y sindicatos, se aplique en un contexto de mayor desprotección del obrero.

Yolanda Díaz, además, también anunció el pasado viernes dos medidas más: la revisión de los ERTEs y la finalización de los mismos al terminar el estado de alarma.

Con respecto a la revisión de los ERTEs lo primero que surge es una pregunta clave, ¿con qué medios? Si ya en un contexto normal inspección laboral no puede abarcar la fiscalización de todas las empresas que lo merecen, en una situación como la actual, con casi 200.000 ERTEs confirmados a 26 de marzo[1], inspección laboral se encuentra totalmente sobrepasada por la realidad. A esto se une la disparidad de criterios que en cada zona tiene inspección laboral sobre el terrero, considerando la misma actuación correcta o no en dos empresas diferentes según quien esté inspeccionándolo. Por lo tanto, más allá de que inspección pueda descubrir unos pocos casos irregulares, esta es una afirmación de cara a la galería que pretende mejorar la imagen del gobierno delante de la clase obrera y no actuar de manera efectiva y real en su defensa.

En relación al fin de los ERTEs aplicados cuando acabe el estado de alarma, hay que matizar que esta limitación se aplicará sólo a aquellos tramitados por fuerza mayor, pudiendo por tanto prorrogarse aquellos en los que se aleguen causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.

Vemos con lo expuesto, de esta manera, como las medidas organizadas por la ministra de Unidas Podemos son, desde el punto de vista más benevolente posible, claramente insuficientes (cuando no una farsa) para quienes viven de su trabajo.

Pero a las medidas comunicadas el viernes se ha sumado la gran noticia del sábado: el gobierno, al fin, ha decretado la paralización de toda actividad no esencial de la economía con tal de disminuir la expansión del Coronavirus. Esta paralización, en principio, se alargará desde 30 de marzo al 9 de abril. Si bien esta decisión era ampliamente esperada por gran multitud de trabajadoras y trabajadores, viene acompañada por un gran perjuicio a los mismos: habrá un mantenimiento del sueldo durante el tiempo sin trabajar, pero, a cambió, se tendrán que recuperar las horas no realizadas cuando se reanude la producción. Así, observamos cómo no sólo la paralización de la producción se aplica de manera tardía con tal de no confrontar por ello con los empresarios, sino que cuando se aplica se hace mediante el llamado permiso retribuido recuperable, con la intención de salvaguardar los beneficios de la burguesía al máximo. Burguesía, por cierto, que en multitud de empresas en las que se ha reivindicado el cierre durante estas semanas (como las que citamos en otro de nuestros artículos[2]) tiene ingentes beneficios año a año. Por lo tanto, cuando finalice esta crisis sanitaria existirán trabajadores que verán como su jornada se amplia de manera drástica, viéndose seguro como habrá plantillas cuya jornada laboral aumentará hasta alcanzar las 50 horas semanales o similar. Esto no sólo descarga a lomos de nuestra clase social las consecuencias económicas de esta disposición sino que, paradójicamente, afectará a la salud de los trabajadores, pues el aumento horario tendrá sus consecuencias a nivel psicológico y social, pero también a nivel físico: parte de las empresas afectadas son precisamente algunas de las que más desgaste físico ocasionan al trabajador (obreros de la construcción, operarios de fabricación de maquinaria, etc.).

Además, con todo esto el gobierno dará a las empresas una jugosa bolsa de horas “extras” de las que disponer. Y es que, por si aún no fuera suficiente, cuando se reanude la actividad, la representación legal de los trabajadores y los empresarios tendrán siete días para pactar cómo se organiza la recuperación de esas horas, pero si en esos días no se alcanza un acuerdo la empresa, unilateralmente, podrá imponer la distribución de las horas cómo consideré.

Así, vemos como cuando se reanude la actividad económica normalizada disminuirá la calidad de vida de parte de la clase trabajadora para garantizar el nivel de ganancias de los empresarios.

En suma a lo anterior también podemos prever diferentes consecuencias colaterales. Por ejemplo, con tal de no tener que recuperar dichas horas y hacer una jornada aún más extenuante ¿habrá plantillas que imploren un ERTE a sus jefes? Ya está claro, por otro lado, que a la inversa no sucederá, pues todas las empresas que prefieran el mecanismo del ERTE podrán aplicarlo sin tapujos aunque sus trabajadores prefieran parar.  Además, ¿habrá quien destine días de sus vacaciones ahora para no tener que ver cómo se alarga su jornada laboral diaria luego? Por otro lado, ¿cómo se controlará que el listado de empresas de actividades esenciales que continuarán produciendo enfoquen su producción concreta de verdad a lo esencial? Ya en el propio decreto se permite el mantenimiento de la actividad de empresas de distribución y entrega de productos adquiridos por Internet cuando buena parte de estos productos ¿son realmente esenciales? Seguro que empresas como Amazon ven con agrado como el gobierno salvaguarda el mantenimiento de sus grandes ganancias.

[1] https://elpais.com/economia/2020-03-25/las-suspensiones-de-empleo-afectan-ya-a-15-millones-millones-de-trabajadores.html
[2] http://somosrevolucion.es/cuarentena-a-la-carta-para-la-burguesia/