En 2021 salió a la luz el anteproyecto de La Ley de la Vivienda con la premisa de ofrecer una serie de herramientas a las Administraciones territoriales para aumentar la oferta de la vivienda en precios asequibles, articulándose y aplicándose en especial para aquellas personas más precarizadas que no podían acceder a una necesidad tan básica como tener un techo [1].
En aquel entonces, ya adelantamos que esta ley no era la panacea que prometía la socieldemocracia, e hicimos un análisis preliminar basándonos en el anteproyecto que en aquel entonces anunciaron.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, pero no es hasta este año 2023 cuando resurge del olvido con impulso mediático, cerca del final de legislatura del Gobierno actual. Ha sido aprobado por el Congreso el 27 de abril y publicado en el BOE el 24 de mayo.
La problemática de la vivienda es connatural al capitalismo. Ejemplo de esto es la planificación urbanística que desde los orígenes del capitalismo destina a la clase trabajadora a los barrios más pobres o directamente a ciudades dormitorio. También la gentrificación, la especulación y los pelotazos urbanísticos que elevan los precios de la vivienda y echan a la clase trabajadora de sus propios barrios. Este proceso, además, evita que la clase obrera se concentre en un único punto con poder estratégico y la aleja del centro de las grandes ciudades donde la burguesía y sus aliados viven y mantienen sus negocios, incluyendo los enclaves financieros de la oligarquía.
En el caso de España esta problemática se magnifica, en especial en las últimas dos décadas. Para entender esta situación, pasaremos a analizar lo siguiente:
- El papel que juega España en el tablero del mundo como potencia imperialista de segundo orden.
- Las consecuencias en cómo se configura la economía y hace que la cuestión de la vivienda y su gestión sea inseparable del modelo económico de España.
- Las novedades de la Ley de Vivienda desde dos vertientes: Primero como una muestra insuficiente de medidas inútiles o que rebajan de manera drástica lo que se demanda desde los movimientos sociales; y segundo, qué factores podemos aprovechar en la lucha del movimiento de la vivienda y se pueda utilizar para confrontar de mejor manera al Estado capitalista.
1. España, el modelo económico de un país imperialista de segundo orden.
España es una potencia imperialista de segundo orden que se subordina voluntariamente a potencias imperialistas más poderosas. Esto no lo hace por coacción, sino por un interés de la oligarquía financiera española por mantener su parte del pastel, en vez de pelear por una porción más grande. A nivel económico esto se traduce en un país industrializado, pero en un menor grado con respecto a otras potencias imperialistas.
En este sentido, la economía española depende en un grado mayor de la producción de beneficio rápido, como puede ser la construcción o la hostelería, donde los ciclos de rotación del capital son más breves: Es decir, construir un edificio y venderlo es un proceso mucho más rápido que invertir en procesos más complejos de la cadena productiva, pese a que éstos sean de mayor valor añadido.
Es en esta tesitura en la que se desarrolla una burbuja de la construcción; de manera desordenada, sectores de la gran y pequeña burguesía invierten de manera desmedida en este sector.
Esto se ve acompañado, lógicamente, por políticas y administraciones del Estado acordes a este desarrollo productivo. En este sentido vemos, en específico, que la Ley del Suelo del 1998 sirvió para categorizar como urbanizable prácticamente todo el suelo no protegido durante toda su aplicación (hasta 2001), facilitando así el desarrollo hipertrófico del sector constructivo [2].
A esto se le suman también los numerosos casos de corrupción vinculados a este mismo sector [3]. Estos casos de corrupción no eran hechos aislados que se debieran a la mera casualidad de ciertos personajes que quisieran sacarse un sobresueldo, sino todo un entramado de corruptelas que, por una parte, compraba a los representantes políticos de la burguesía y, por otra parte, servía de lubricante para este modelo económico. En esto se enmarcan ventas de suelo no urbanizable, comisiones o pagos a tocateja a cambio de facilitar licenciaturas de edificación, concursos públicos amañados…
Finalmente, los bancos también aprovechan esta tirada, adjudicando miles de hipotecas y préstamos de pago dudoso para permitir que siguiese en aceleración constante el sector de la construcción, y luego amortizando parte de los gastos mediante la titulización de las mismas.
2. Consecuencias de esta configuración de modelo económico respecto a la vivienda.
Este cúmulo de factores que, al final, no es más que el funcionamiento típico de un Estado capitalista en las condiciones descritas, genera una burbuja inmobiliaria que, precedida por la crisis financiera del 2007, acaba estallando en el 2008 [4].
En aquél momento la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que habían adquirido hipotecas no pueden pagarlas. A su vez esto implica que los bancos tengan de repente un montón de «activos tóxicos», es decir, de deudas impagadas que dejaban a los bancos sin liquidez, viéndose obligados a llevar a cabo un ajuste en su valoración, haciéndola más acorde al mercado y, por lo tanto, asumiendo pérdidas. En ocasiones esto puede llevar incluso a la quiebra y, en muchos casos, con las viviendas que servían para amortizar las hipotecas.
El capitalismo actual no puede funcionar sin los instrumentos financieros de que dispone, por lo que el Estado decide rescatar a los bancos con dinero público, siendo este impacto económico de más de 100.000 millones de euros [5]. También se le suma a esto los bancos que se nacionalizan, se sanean y luego vuelven al sector privado. Este es el caso de Unnim Banc que fue nacionalizado y saneado, con una inversión de 958 millones de euros, y luego vendido por 1 euro simbólico al BBVA.[6]. Este proceso es también una enorme transferencia de rentas de las clases trabajadoras, de las que sale el grueso de la financiación del Estado, a la burguesía.
Como guinda del pastel, desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dirigido por y parcialmente financiado la UE, se crea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Esta sociedad de gestión acumularía una parte de los activos tóxicos de los principales bancos de España para sanearlos y extraer rentabilidad de los mismos.
Pero no es sólo el Estado español el que toma interés en sustraer el activo tóxico de la banca. A partir del 2012-2013 se abre la veda a diversas SOCOMIS (Sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario) o fondos buitre, entidades financieras cuya actividad económica se basa en el capital especulativo, es decir, que compran a un precio bajo una serie de activos para luego revenderlos cuando éstos se revaloricen. Éstas comienzan a invertir en acaparar activos inmobiliarios y activos tóxicos en España. Ejemplo de esto es la compra de 1800 viviendas públicas que efectúa Blackstone en 2013 en la ciudad de Madrid, la compra de la gestión de 12.200 millones de euros en activos inmobiliarios de Bankia por parte de Cerberus en 2013, o la compra del 50% de la cartera de activos inmobiliarios de Kutxabank por parte de Lone Star en 2014 [7].
En este momento, el 5.4% de las viviendas en el Estado Español están en manos de fondos buitre. Esta cifra, aunque parezca pequeña, es muy notoria para el estado del mercado de la vivienda. En concreto, hay que considerar que la mayoría de estas viviendas de grandes propietarios se concentra en las grandes ciudades (como Valencia, Barcelona o Madrid) o en zonas turísticas gentrificadas (Como las Baleares o la costa brava) [8].
Estas viviendas, que a menudo se quedan vacías durante largos periodos de tiempo, sirven exclusivamente para especular. Los fondos buitre compran los activos tóxicos por un precio irrisorio, dado que el banco se quiere desprender de ellos a cambio de liquidez y para conseguir mejores beneficios fiscales. Luego venden los paquetes o pisos separados en un momento en que el precio de venta les pueda ser muy beneficioso.
De esta manera hay una gran cantidad de pisos vacíos constantemente y se le añade este factor para que el alquiler suba desmesuradamente.
Así vemos cómo cobra importancia la contradicción existente entre los monopolios bancarios, que requieren que la vivienda siga siendo una mercancía con la que hacer negocio, monopolizándola y especulando con su precio, y las clases populares que necesitan un acceso garantizado a la vivienda.
3. La Ley de Vivienda, análisis: cuáles son sus novedades, límites y qué podemos aprovechar en la lucha de la vivienda contra el Estado capitalista.
3.1. Sus novedades y cambios legislativos.
La Ley de Vivienda que se nos presenta, el primer gran cambio legislativo a nivel estatal en la materia desde el 2007, nace en esta tesitura. En un mercado dominado por fondos buitre, en un nivel de precios descomunal.
Veremos ahora qué soluciones propone esta ley a los problemas que se derivan del contexto que hemos dado:
Primero, la nueva ley de vivienda divide zonas del Estado en zonas «tensionadas». Las zonas tensionadas se definen por tener un precio del alquiler superior al 30% de los ingresos medios de la zona, o por haber subido en los últimos 5 años el alquiler 5 o más puntos por encima del IPC. La determinación de un área como «zona tensionada» tendrá que decidirlo el gobierno autonómico, de manera que, esta decisión, recae en última instancia sobre los gobiernos de cada comunidad autónoma [9]. La comunidad autónoma podrá decidir también que en las áreas tensionadas, el rango de «gran tenedor» lo pasen a tener los propietarios a partir de 5 viviendas, en vez de 10 [10]. Además de esto, la definición de «zona tensionada» sirve para que el precio de la vivienda se regule en las mismas por una horquilla dada por parte del ministerio, y en cualquier caso los nuevos alquileres no pueden subir el precio con respecto al anterior.
En segundo lugar, se fija que la subida anual del alquiler en base al IPC (Índice de Precios de Consumo), paralizada hasta ahora en un 2%, pase a ser de un 3% en 2024, y a recalcularse entorno a otra variable distinta, que producirá el Estado. Aún no queda claro de qué manera se materializará esto, ni qué variables utilizarán para realizar dicho cálculo.[11]
En tercer lugar, se estipula que la subida del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) a las viviendas vacías por 2 o más años sea de hasta un 150% en vez de llegar hasta un 50%.[12] Esta cuestión sigue recayendo, igualmente, en los ayuntamientos. También se dan ventajas fiscales en forma de reducción del IRPF a arrendatarios que alquilen su piso (mayores ventajas aún si se trata de zonas tensionadas).[13]
En cuarto lugar, se prohíben los desahucios sin fecha y hora determinados, cuestión que antes no se recogía y permitía los desahucios con fecha abierta [14]. Es decir, las familias seguirán siendo desahuciadas, pero ahora al menos sabrán la fecha en la que ocurrirá y, según la ley, no pasará como pasaba en la actualidad en algunas ocasiones en las que la policía se presentaba una mañana sin previo aviso.
La ley contempla más elementos, pero estos son los principales y por ende en los que nos vamos a centrar.
3.2 Limitaciones.
La primera gran falta que encontramos en la Ley de Vivienda es que no contempla en ningún punto la cuestión de los alquileres turísticos. Los alquileres turísticos y la gentrificación son uno de los principales motivos del incesante incremento en el precio de la vivienda, puesto que pequeños y grandes propietarios sacan una tajada mucho mayor de este tipo de alquiler, pese a que sólo se de en unos determinados meses del año.
Este tipo de alquiler no está regulado a través de la LAU y en este sentido muchos de sus funcionamientos quedan en un gris incontrolable. Muchos pisos se destinan a este uso, que permite una extracción de rentabilidad superior. Muchos pisos quedan así fuera del alcance de la clase trabajadora, siendo su uso único el ser una mercancía de poca pérdida de valor para extraer dinero a través del turismo.
No contemplar este aspecto en lo más mínimo hace que gran parte de lo que se proponga no vaya a la raíz de las problemáticas actuales.
Por otra parte, la subida del IBI para viviendas vacías y la regulación del alquiler en áreas tensionadas sí que inciden en uno de los aspectos que son raíz del acrecentamiento de la problemática de la vivienda. Sin embargo, lo tratan con delicadeza y guantes de seda, en un claro intento por no estorbar el mercado especulativo existente. Debemos entender que gran parte de los activos que tienen los fondos buitre están destinados a la compra-venta en un lapso corto de tiempo, lo cual no se verá en absoluto afectado por la regulación del precio de los alquileres. Además de esto, la subida en el IBI de «hasta un 150%» no resulta ningún impedimento para que continúe el mercado en la misma medida en que lo está haciendo hasta ahora. Estas subidas dependerán, en última instancia, de la voluntad de los ayuntamientos específicos.
Lone Star adquirió el 50% de la cartera de Kutxabank en 2014 por 930 millones de euros y vendió el total de las acciones de la filial que los gestionaba en un lapso de 3 años por 1358 millones de euros, con un surplús de unos 428 millones de euros [15]. Este tipo de procesos rápidos, principales movimientos del capital especulativo inmobiliario, no se verán lastrados por esta ley de ningún modo notorio, incluso en los ayuntamientos en que decida aplicarse la ley de la manera más severa.
Por otra parte, las ventajas fiscales ofertadas a los nuevos alquileres no dejan de ser sino un trasvase de dinero de la clase trabajadora a los grandes y pequeños propietarios, que en porcentaje total acabarán pagando menos de los gastos públicos. En esencia, esto no se trata sino de una pérdida relativa de poder adquisitivo para la clase trabajadora.
En cuanto a la subida de precios anuales fijada anteriormente en base al IPC, la resolución a la que se ha llegado dista de mantener la situación como había estado hasta ahora, de subidas de un 2%, e implica una notoria pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora, a esperas de ver los ratios que se promoverán para los años posteriores al 2024.
Otra cosa que tampoco conocemos todavía es la forma que tomará la «horquilla» mediante la que el Estado pretende regular el alquiler en las zonas tensionadas. No sólo esta horquilla no se aplicará con carácter retroactivo a los alquileres ya existentes, sino que además queda la incertidumbre de cómo afectará realmente al bolsillo de la clase trabajadora.
Además, las limitaciones a las subidas del alquiler se dan en un mercado con un precio medio de alquiler increíblemente inflado, en el cual esta medida directamente cae en saco roto. Esto ya sin considerar que no queda del todo claro cómo hará el Gobierno para cerciorarse de que los alquileres no suben por encima de los precios anteriores, debido que esto implica un gasto extra en la aplicación de la ley.
En este sentido, al final ¿quién se asegurará de que se cumpla lo establecido? ¿Será responsabilidad de la persona que busca alquilar un piso el investigar los precios anteriores de la vivienda, confrontar con la propiedad y denunciar a caseros que han subido los precios del alquiler por encima de lo establecido? Si no hay mecanismos que se aseguren de que esto se cumpla, vemos que es imposible que se lleve a cabo, incluso con el poco efecto que tendría sobre la realidad del mercado de la vivienda.
En este sentido vemos que el Gobierno lleva aprobando a base de saltos burocráticos pequeñas leyes temporales para paliar una situación dramática en el terreno de la vivienda. Ejemplos de esto son las ampliaciones constantes a la moratoria o las suspensiones de desahucios, que pese a haber sido utilizadas por los movimientos sociales, no han evitado cifras de 29.000 desahucios en el 2020 [16] con la pandemia y unas cifras récord de una media de 177 desahucios al día en 2022 [17].
La socialdemocracia mantiene su eterno discurso que aboga por una vivienda digna, como una forma de amasar votos y de tranquilizar a las capas populares con su pantomima, haciendo ver que pueden arreglar la situación. Sin embargo, en aras de la situación económica, con una oligarquía financiera cada vez menos dispuesta a conceder hasta las más ínfimas migajas a la clase trabajadora, su margen de maniobra real es cada vez más reducido, y se evidencia continuamente de manera más clara que no son más que la cara amable del sistema capitalista.
3.3 Aprovechar la ley para impulsar luchas y arrancar victorias.
Aún con todo, las luchas por la vivienda siguen su curso, y esta ley sigue teniendo algunos factores que pueden ser aprovechados por las mismas, de manera que se pueda confrontar de mejor manera con el Estado capitalista.
En este sentido, una de las mayores facilidades que da esta nueva ley es el hecho de delegar prácticamente todas las cuestiones relativas a la vivienda a las comunidades autónomas. Esta cuestión hace que las distintas luchas por la vivienda tengan un enemigo claro y común, además de un interlocutor para llegar a la resolución de sus demandas.
Esto resulta útil en cuestiones que ya se demandaban anteriormente a las propias comunidades o ayuntamientos, según el caso, pero con la nueva ley se incrementan las competencias, exponiendo más claramente quién debe ser la contraparte en una situación de negociación. Esta ventaja evidentemente también puede ser usado por el reformismo para hacer campaña con falsas promesas en esta materia.
Por otra parte, está la obligación de fijar una fecha concreta para los desalojos, que puede dar mayor facilidad a la organización vecinal para detener los desahucios, y sí era una demanda propia del movimiento.
Es tarea de los y las comunistas luchar junto al pueblo por arrancar victorias al Estado con el objetivo de aumentar el número y calidad de las organizaciones de lucha, atraer a nuevos activistas. En ese proceso, entre la lucha de masas, es en el que es posible la reconstitución del partido comunista.
4. Conclusión.
Una vez más, sin embargo, nos encontramos con que este tipo de leyes tienden a cumplirse de manera poco regular. A la par que puede dar facilidades legales para tratar de aplazar o anular desalojos que no cumplan con la ley, hoy siguen siendo frecuentes los desahucios sin aviso previo que, pese a no ser legales, acaban con una familia en la calle y poco a lo que recurrir.
Esta es otra cuestión que hay que tener en consideración de esta nueva ley. El reformismo tiende a sacar adelante muchas leyes que, incluso en los casos en que puedan parecer útiles, acaban en papel mojado por la imposibilidad de aplicarlas correctamente. Este es el caso de la mesa de emergencia de Barcelona, con listas de espera de meses y cientos de familias esperando poder conseguir una vivienda con alquiler social.
La burguesía y sus representantes parlamentarios dejan claro su mensaje con esta ley de la vivienda: a pesar de querer calmar un tanto la situación y de querer arrastrar votos para las siguientes elecciones, no quieren entrometerse en el mercado inmobiliario, no quieren hacer frente de ninguna manera a la especulación.
Además, como ocurre con los gobiernos de la izquierda parlamentaria, los movimientos sociales han salido perjudicados y divididos. En el transcurso de la ley, los sectores más derechistas del movimiento por la vivienda que se dejaron llevar por los cantos de sirena del Gobierno atenuaron su lucha. Mientras, los más combativos continuaron la lucha en la calle por la vivienda y la denuncia de las condiciones de las clases populares, evidenciando que con un cambio de Gobierno no cambia su naturaleza explotadora y opresora del Estado.
En este momento la principal problemática de la vivienda en el Estado español está clara: la especulación inmobiliaria. Es a través de la acaparación y el monopolio de las viviendas en zonas estratégicas cómo se pujan al alza lo precios, y es a través de las operaciones financieras y especulativas cómo se enriquecen los capitalistas especulativos.
La socialdemocracia no es capaz siquiera de hacer de paliativo. Solo la clase trabajadora organizada y alzada en pie de lucha puede ponerle un freno a la situación y acabar con la especulación en pos de una vivienda digna. Solo a través de esta lucha aprenderemos a combatir al capital en este terreno y podremos tirar abajo su sistema.
¡Organicémonos! ¡Avancemos la lucha de la clase trabajadora y acabemos con la especulación!
Fuentes ordenadas:
- La «Ley de la Vivienda», otra traición del Gobierno a la clase obrera – PRT
La “Ley de vivienda”: otra traición del Gobierno a la clase obrera
- https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8788 BOE ley del suelo 1998, artículo 10.
- Hay numerosos ejemplos de este hecho, como lo son el caso El Algarrobico https://www.diariodealmeria.es/almeria/Algarrobico-marana-judicial-licencia-plenamente_0_1756325047.html o el Caso Mercurio en Sabadell https://elpais.com/noticias/operacion-mercurio/
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-01-14/la-crisis-financiera-espanola-2008-2012-quien-tuvo-la-culpa_1504845/
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-03-30/cinco-anos-y-100-000-millones-despues-historia-del-rescate-de-la-banca-espanola_109053/
6. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3803182/03/12/BBVA-se-queda-con-la-nacionalizada-Unnim.html
- Blackstone: https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/5018630/07/13/Madrid-vende-a-Blackstone-1860-pisos-a-un-precio-de-69000-euros.html
Cerberus: https://www.expansion.com/2013/09/03/empresas/banca/1378190826.html
Lone Star: https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-18/lone-star-y-kutxabank-cierran-la-mayor-venta-inmobiliaria-desde-que-estallo-la-crisis_595032/
- Artículo 18 pag. 27 subapartado 1. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
- Artículo 3, pagina 19 subapartado k
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
- Página 44, disposición general undécima
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
12. Página 15 párrafo 4°
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
- Página 15 párrafo 3° https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
- Página 50 apartado tres.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-4.PDF
- https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2018/01/11/5a57144ee2704e61278b45a5.html
- https://www.newtral.es/desahucios-2020/20210304/
- [https://afectadosporlahipoteca.com/2023/03/05/bajan-las-cifras-absolutas-continuan-los-dramas-humanos-2022-acaba-con-una-cifra-de-105-desahucios-al-dia/].
