ANÁLISIS: Se consuma la estafa de la «reforma laboral»

Ya es un hecho: la reiterada promesa electoral de “derogar la reforma laboral” ha demostrado ser una farsa. La ministra de trabajo Yolanda Díaz celebraba el pasado jueves 23 de diciembre el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la modificación de la legislación laboral. Un acuerdo que en absoluto supone una derogación de las últimas reformas laborales (ni si quiera la última reforma del PP) y que mantiene intactos los aspectos esenciales de estas. Recordemos que las tres reformas laborales realizadas entre 2010 y 2012 (la primera por el PSOE, la segunda y tercera por el PP) supusieron un duro golpe a los derechos de la clase trabajadora con el fin de facilitar a los capitalistas su recuperación tras el estallido de la crisis de 2008. Este acuerdo, a pesar de las disputas públicas entre diferentes patronales, ha sido defendido públicamente por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, como un acuerdo muy positivo que “puede generar mucha paz social”¹. A continuación, desarrollamos los principales aspectos de esta reforma.

La estafa de la “derogación de la reforma laboral”

El acuerdo para la reforma laboral llega bajo el compromiso del Gobierno de España con la UE para recibir los fondos Next Generation dentro de su “Plan de recuperación para Europa” tras la pandemia. Estos fondos van a permitir la inyección de 140.000 millones de euros de dinero público a las empresas². En materia laboral se hará lo propio con medidas como el “Mecanismo RED” y otras medidas que explicaremos a continuación. El requisito para la UE era que el Gobierno de España llegase a acuerdos con los agentes sociales para, supuestamente, “frenar la temporalidad y la precariedad” (lo cual muestra el cinismo de la UE, pues promovió lesivas reformas laborales tras la crisis de 2008). El resultado: el Gobierno de España logra un acuerdo favorable para la patronal incumpliendo la repetida promesa electoral de “derogar la reforma laboral”.

En síntesis, los aspectos principales de esta reforma podemos resumirlos en los siguientes puntos, a los cuales añadiremos algunas apreciaciones:

• Se introduce el llamado “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”. Similar a los procesos de ERTE que protagonizaron la pandemia, se consolida un mecanismo que puede poner en marcha el Consejo de Ministros para facilitar a las empresas llevar a cabo suspensiones de contratos y reducciones de jornada. Todo apoyado con un fondo de dinero público que permitirá a las empresas librarse de parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y no descontará la prestación por desempleo a los trabajadores. Se consolida así una medida que se planteó como de urgencia durante la pandemia, donde miles de empresas cometieron multitud de irregularidades y donde la clase trabajadora ha vivido en la completa incertidumbre.

• Los contratos eventuales se reducen a dos tipos: los debidos a “circunstancias de la producción” y los de “interinidad”. La única exigencia que el nuevo Real Decreto hace a los empresarios es que justifiquen de manera detallada los motivos de cada contratación, algo que presentan como novedad pero que realmente ya recoge la redacción actual del Estatuto de los trabajadores.

• La duración de los contratos por circunstancias de la producción de máximo 6 meses podrán ser prorrogables hasta 1 año, y la concatenación de contratos hasta 18 meses máximo en un período de 24. Algo que por sí mismo puede suponer una mejora, no es cierto que se vaya a traducir en estabilidad para los trabajadores: primero porque las empresas pueden continuar haciendo uso de contratos cortos, sometiendo a los trabajadores a tener que circular entre unas empresas y otras sin necesidad de hacerles fijos; segundo porque la concatenación de contratos eventuales de manera fraudulenta forma parte del día a día en las empresas, las cuales se benefician de las funciones y recursos limitados de los que se dota a la Inspección de Trabajo para llevar a cabo estas prácticas. Tampoco se aumenta la indemnización por despido para este tipo de contratos, por lo que mantienen la facilidad para las empresas de desprenderse de los trabajadores al finalizar estos contratos.

• Se amplían las causas para realizar contratos fijos-discontinuos, a causas más asociadas a la estacionalidad/eventualidad. Esta es una medida anunciada meses atrás por la ministra Yolanda Díaz, la cual parece desconocer la realidad que la clase trabajadora sufre bajo este tipo de contratos: infracciones empresariales en los “llamamientos”; incertidumbre sobre el tiempo que van a trabajar, sufrir así el desempleo de manera intermitente y, en consecuencia, incertidumbre sobre los ingresos que obtendrán; empresarios aprovechándose de la desinformación de los trabajadores y trabajadoras para despedirles sin derecho a reclamar pasados los 20 días hábiles (plazo para presentar una demanda judicial tras un despido) tras incumplir el “llamamiento”, etc. Todo esto ocurre prácticamente a diario en sectores como la hostelería, la fabricación textil y de calzado, el sector agrícola, etc. sin consecuencias salvo sanciones anecdóticas.

• La prevalencia del salario del convenio sectorial al del convenio de empresa (sin afectar a nada más que el salario). El convenio de empresa seguirá primando en aspectos como la distribución de la jornada semanal, el régimen de sanciones, las licencias y permisos, etc. Se abandona, por tanto, la reivindicación sindical de los últimos 10 años que planteaba la vuelta a la prevalencia total del convenio colectivo sectorial.

• La eliminación del despido objetivo en las administraciones públicas y la posibilidad de la activación del “Mecanismo RED” de ámbito sectorial. Todo ello sin abordar las causas de precariedad laboral existentes en las administraciones públicas en las que, bajo esa supuesta garantía de pertenecer al ámbito “público”, reproducen las lógicas capitalistas, tal y como denuncian día tras día los sindicatos que vigilan el cumplimiento de los diferentes contratos que afectan particularmente a la juventud bajo el marco de la mal llamada “Garantía Juvenil”.

• Dentro de las medidas de “flexibilidad interna y ERTE” se reduce de 15 a 7 días el “período de consultas” para la negociación de un ERTE en empresas de menos de 50 trabajadores. Esto es algo muy peligroso: los procesos de negociación son muy duros para las plantillas de las empresas y sus representantes sindicales. Los motivos “objetivos” para justificar estos procesos son preparados con detenimiento durante meses por las empresas y sus asesores antes de iniciar las negociaciones para pasar el filtro legal. Reducir el tiempo de negociación supone dificultar a la plantilla su capacidad de organización, su capacidad de información y revisión de la documentación, etc. Limita su capacidad de lucha en todos los sentidos, pero particularmente en los casos de huelga: la ley de huelga obliga a cumplir los plazos de 5 días de antelación para convocarla legalmente. Esta medida es un auténtico ataque a la capacidad de lucha de los trabajadores de estas empresas.

• Se consolida la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas (tal y como hicieron con los acuerdos de ERTE en la pandemia). Un 20% para los ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y un 90% para los ERTE por fuerza mayor. Otra vez, los fondos públicos que provienen del salario de los trabajadores vuelven a usarse para salvar a las empresas cuando necesiten aplicar un ERTE.

• Los cambios introducidos en materia de negociación colectiva recuperan la llamada ultraactividad, es decir, que, durante las negociaciones de convenio, en caso de finalizar sin acuerdo, éste se prorrogará en lugar de caer al Estatuto de los Trabajadores. En este caso, sí que se mantiene la reivindicación sindical mejorando la negociación.

• Se introduce un aumento en las cuantías de las sanciones para las empresas que incumplan en materia de contratación. Ahora se sancionará por cantidad de infracciones (por trabajador) y no por empresa. Pero este es otro brindis al sol cuando no existen mecanismos reales de control sobre las infracciones de las empresas, donde la actuación de Inspección de Trabajo es poco más que anecdótica y donde suelen ser los trabajadores y trabajadoras organizadas en sus sindicatos quienes tienen que controlar y denuncian estas actuaciones.

Cuando se presentan estas modificaciones de la legislación laboral suelen hacerse omitiendo o camuflando las medidas que directamente perjudican a los trabajadores, que sencillamente mantienen aspectos esenciales de las reformas anteriores, o sin los matices burocráticos que determinan la trascendencia de las medidas. Por citar algún ejemplo, cualquier trabajador o trabajadora sabe que la contratación en fraude de ley (concatenación de contratos eventuales de manera fraudulenta, trabajar más horas que las que recoge el contrato, modalidades de contrato que no se corresponden, etc.) es la tónica habitual y que la Inspección de Trabajo no es un instrumento útil para defender a los trabajadores en el cumplimiento de la propia legislación burguesa. Por tanto, esta modificación de la legislación laboral es aún más papel mojado en el momento se comprende que incluso Inspección de Trabajo, la llamada “autoridad laboral” que en teoría debe velar por su cumplimiento, es una institución totalmente funcional para los capitalistas.

En resumen, esta modificación de la legislación laboral mantiene aspectos esenciales de las reformas laborales de 2010 y 2012, muchos de ellos denunciados reiteradamente por los sindicatos y que generan enormes dificultades para la clase obrera en el día a día, como por ejemplo:

• Se mantienen todas las facilidades para que los empresarios despidan a los trabajadores con el menor coste, pues no aumenta las indemnizaciones por despido ni modifica las causas de estos.

• Tampoco aumenta la indemnización por despido de los contratos eventuales que han modificado.

• Salvo en materia salarial, sigue primando el convenio de empresa sobre el sectorial, algo que se ha considerado como uno de los principales golpes de la última reforma laboral del año 2012.

• Para las empresas subcontratadas, sigue existiendo prioridad del convenio de empresa y no el del sector o empresa para la que realizan los servicios.

• Sigue manteniendo las facilidades de las reformas anteriores para que las empresas justifiquen los ERTE, los ERE, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenio colectivo (los llamados “descuelgues de convenio”). La permisiva justificación de las “pérdidas” y las “previsiones” económicas seguirán siendo garantía para que las empresas hagan lo que quieran con los puestos y las condiciones de trabajo.

No, esta reforma no ha sido fruto de la lucha sindical

Los principales dirigentes de CCOO y UGT, las centrales sindicales con mayor capacidad de negociación en España por su extensión organizativa y de representación, están defendiendo esta reforma laboral como un “acuerdo histórico”. Este acuerdo, sumado a los acuerdos en materia de los ERTE llevados a cabo durante la pandemia, o la ley del Teletrabajo, están alimentando la concepción socialdemócrata de la burocracia sindical sobre la posibilidad de vivir en un capitalismo bueno, donde hay unas reglas del juego que podrán respetar empresarios y trabajadores, arbitrados por un Estado supuestamente imparcial y necesario para la convivencia entre clases. Esto está llevando al planteamiento de que es posible un “nuevo contrato social del siglo XXI”, a lo que dirigentes como Unai Sordo hacen referencia frecuentemente³.

Detrás de estos acuerdos existe un interés empresarial claro: para empezar, un elemento importante de estos acuerdos se basa en la inyección de dinero público para reducir las cuotas que las empresas deben pagar a la Seguridad Social y contribuir a las prestaciones por desempleo. Con ello sigue inyectándose dinero que proviene indirectamente de los bolsillos de la clase obrera para hacer frente a gastos que provocarán las empresas. Este tipo de recursos es algo que hemos podido observar a lo largo de la historia del capitalismo repetidas veces. En este caso, la crisis económica acelerada por la pandemia de COVID ha sido la excusa perfecta para ello. Sin embargo, hay razones estructurales de peso que podemos observar a raíz de esta tendencia a nivel internacional que debemos señalar.

Tanto en la Unión Europea mediante los fondos Next Generation, como las políticas de Biden con la mayor inversión de gasto público desde mediados del siglo XX⁴, incluyendo “los presupuestos más sociales de la historia” aprobados por el Gobierno de España con el mayor gasto social hasta el momento⁵, observamos una tendencia que contrasta con las políticas emprendidas por los mismos partidos e instituciones durante la crisis de 2008. Pero estas políticas, al igual que las políticas de austeridad de años atrás, son una respuesta a las necesidades del capitalismo en cada contexto.

Actualmente, tras la reorganización de la producción derivada de la crisis anterior, con destrucción de fuerzas productivas y destrucción de derechos sociales (deterioro de servicios públicos, privatizaciones, deterioro de derechos laborales, etc.), la clase trabajadora ya no puede subsistir únicamente a base del salario que recibe. Además, servicios como la sanidad, que en el caso de EEUU está fuertemente privatizada, deben garantizar unas condiciones de acceso mínimas para mantener a la clase trabajadora en condiciones de seguir trabajando. Con ello, el estancamiento del capitalismo a nivel mundial tras la última crisis no permite la existencia de empleos estables debido a la capacidad cada vez menor de seguir expandiendo los negocios a base de reinversión, algo totalmente condicionado por la caída de la tasa de ganancia a nivel mundial. Las políticas de inyección de dinero público a gran escala vienen a responder a esta situación, en un intento de salvar los negocios de los capitalistas a la vez que intentan aliviar las necesidades de las masas trabajadoras. Algo que “ni con los presupuestos más sociales de la historia” parece ser posible.

Por otro lado, otra razón que está facilitando los acuerdos entre Gobierno y agentes sociales, es que con el acuerdo de la reforma laboral se han quedado por el camino prácticamente todas las reivindicaciones sindicales que precedieron a las últimas reformas laborales. Y algo todavía más preocupante: han dejado al margen toda lucha, toda presión contra la patronal y, muy particularmente, contra el Gobierno. ¿Cómo no va a decir Antonio Garamendi que este acuerdo por la reforma laboral es una garantía de paz social?

Y es que, como ya denunciábamos en el artículo “Sobre el SMI y las trampas del diálogo social”⁶, no ha existido la más mínima participación de la clase trabajadora en todo este proceso. Por una parte, las movilizaciones anunciadas por los dirigentes sindicales bajo el eslogan “Ahora sí toca” acabaron siendo concentraciones simbólicas en las que ni si quiera podían participar delegados sindicales debido al reducido cupo de participación, todo bajo la excusa de las medidas sanitarias por la pandemia. Por otra, en absoluto se ha trasladado esto a los centros de trabajo con el fin de discutir y recoger reivindicaciones nacidas desde la base ni trasladar las preocupaciones y problemas diarios de los trabajadores. En definitiva, todo ha quedado en la capacidad de persuasión de la burocracia sindical en las mesas de negociación, la cual ha evitado en todo momento una confrontación abierta contra el Gobierno y la patronal.

La propia legislación española, con los mecanismos de diálogo social y negociación colectiva, facilita que sean los dirigentes sindicales quienes marquen las líneas de negociación en todo momento. Pero sin participación democrática, sin implicación activa de la base sindical, todos los problemas y necesidades de la clase obrera no se trasladarán como reivindicaciones a ninguna parte. Y, es más, sin movilización, sin capacidad organizativa de la base obrera de los sindicatos, no habrá ninguna fuerza que permita a la clase trabajadora renegociar el precio de venta de la fuerza de trabajo en mejores condiciones. Esto es imprescindible para que los sindicatos funcionen como una escuela de lucha y de participación democrática de las y los trabajadores. De no darse esto, es normal que las masas trabajadoras, igual que ha ocurrido recientemente en Cádiz, desarrollen por sí mismas sus iniciativas movilizadoras y de lucha, al margen de la burocracia sindical y sus dinámicas de negociaciones de despacho.

El Gobierno continúa mostrándose como gestor de los negocios del capital

Esta reforma, además de no atacar los problemas que la clase trabajadora sufre a diario, mantienen una legislación laboral acorde con las necesidades empresariales, tal y como la misma CEOE ha manifestado en sus declaraciones. Detrás de todo el discurso de Yolanda Díaz sobre la búsqueda de estabilidad en el empleo, esta reforma es funcional para los empresarios, pues la temporalidad en el empleo es algo que no puede atajarse si no se ataca a la raíz de la temporalidad misma: el poder de los capitalistas y el papel imperialista de España. Y ni el PSOE ni Unidas Podemos, ni los mal llamados “comunistas” en su seno, están dispuestos a ello.

De las acciones del Gobierno podemos extraer que el reformismo generará una decepción importante entre amplios sectores de la clase trabajadora. No podemos olvidar que a esta modificación de la legislación laboral se suma el resto de reformas emprendidas que o bien han sido profundamente insuficientes o directamente han permitido aplicar la política de la patronal (ingreso mínimo vital, SMI, ley de vivienda, incremento del precio de la luz…), sumado a hechos recientes como la represión al movimiento obrero de Cádiz durante la huelga del metal del mes de noviembre, todo ello bajo la todavía en vigor Ley Mordaza.

Es por tanto urgente y necesario desenmascarar a los reformistas del Gobierno, poner negro sobre blanco acerca del papel que desempeñan en la democracia burguesa, denunciar su cinismo y explicar cómo sus acciones están respondiendo directamente a los intereses de los capitalistas (no puede ser de otro modo en un Estado controlado por ellos). Esta reforma laboral es un ataque más al pueblo y a la clase obrera, una traición a la confianza que esta ha vertido en un Gobierno supuestamente progresista y una razón más para organizar la lucha contra ellos y contra el capitalismo al que sostienen.