Análisis sobre la lucha de clases en el campo: los pequeños agricultores frente al capital monopolista

Durante los últimos dos meses, los cortes de carretera protagonizados por los agricultores, así como sus enfrentamientos contra los cuerpos represivos del Estado, han ocupado gran parte de las noticias y han sido tema de conversación en muchos ámbitos. Las movilizaciones y protestas se realizan en el marco del debate entre dos posiciones claramente representadas en el parlamento burgués: la izquierda, abogando por el mantenimiento de los acuerdos comerciales con medidas estéticas, y la derecha y ultraderecha, encabezando las reivindicaciones proteccionistas que abogan por el ceso de los acuerdos comerciales internacionales.

En este artículo, expondremos y desarrollaremos la siguientes tesis políticas:

  • La bota que aplasta al grueso de pequeños agricultores es la de los monopolios del sector agroindustrial: estos fijan precios de compraventa irrisorios a los productores, controlan el acceso a los medios de producción, herramientas, abonos, materiales, combustibles, semillas, crédito y seguros, modulan la regulación aplicable, y también fijan los desorbitados precios al consumidor final. En ausencia de alternativa, parte de los pequeños productores marchan bajo la bandera de su enemigo.
  • El debate entre el librecambismo y proteccionismo enfrasca al pueblo entre el cosmopolitanismo imperialista y el chovinismo español. Como veremos, la solución a la cuestión agraria no pasa ni por recrudecer la explotación del tercer mundo (que como analizaremos, no repercute en precios más bajos para el consumidor final), ni en la subvención al sector con los criterios actuales (que por la concentración de la propiedad de tierra, se destina a los grandes capitalistas).
  • La burguesía monopolista sale beneficiada con ambas opciones, mientras que la mediana burguesía agrícola puede medrar con las medidas proteccionistas: aumentando el nivel de explotación a sus numerosos jornaleros y el volumen de venta, aunque los precios de venta unitaria impuestos por los monopolios sean irrisorios. Los pequeños productores agrícolas no pueden aumentar más su nivel de explotación (y autoexplotación).
  • El desarrollo agrícola bajo el capital monopolista desbanca a la competencia con la tecnificación, producción a escala, y otros métodos, pero este avance supone un incremento del capital constante, proveniente de la maquinaria y principalmente del monstruo logístico de selección, mantenimiento y empaquetado para adiestrar al consumidor en que todo producto alimentario debe ser bonito y siempre accesible. El monopolio, en su búsqueda de una rentabilidad superior al sector industrial (si no, no invertiría en otro sector), desbanca a la competencia pero hunde su rentabilidad, por lo que la única opción de asegurar su margen de beneficio es estableciendo precios bajísimos a los productores y elevados precios de venta final.
  • El interés del proletariado, aún más en los períodos más duros de la revolución, es que haya un abastecimiento de productos agrarios de buena calidad y que trabajar en el campo no signifique prácticamente la esclavitud. Desde la perspectiva proletaria, el sector puede funcionar a coste (sin margen de ganancia, permitiendo la vida digna de las clases trabajadoras del sector pero sin permitir la acumulación de beneficios) ya que es un sector necesario, intentando estirar menos la temporalidad y evitando el acaparamiento y el despilfarro, medidas que solo son posibles en el socialismo.

  • Los comunistas, como aspirantes a representar al proletariado, apoyamos que los pequeños agricultores luchen y reclamen ayudas para tener una retribución justa por su trabajo, así como por regulaciones que limiten los abusos en los préstamos bancarios y aseguradoras, u otras formas de lucha como utilizar las cooperativas para exigir precios de venta unitarios mayores a los almacenes a costa del margen de beneficio de los monopolios.

  • Sin embargo, estas no dejan de ser reivindicaciones dentro del marco capitalista de explotación. Únicamente con la revolución socialista los pequeños agricultores podrán librarse de la bota monopolista que les aplasta y somete. Para esta alianza estratégica con el proletariado, los pequeños productores agrícolas debe renunciar a intensificar la explotación a sus jornaleros. Estas son las bases para la posible y necesaria alianza del proletariado con los pequeños agricultores en el marco de una potencia imperialista.

En el presente análisis partiremos de la situación concreta para realizar un análisis general, que nos permitirá dar respuesta a la contradicción principal en el campo español, por lo tanto, estableciendo conclusiones políticas concretas a nivel táctico y estratégico. En particular, partiremos de analizar el sello de clase de las actuales protestas y reivindicaciones mayoritarias, así como las razones detrás de la inflación de los productos alimentarios. Desde este contexto concreto, analizaremos la cuestión agraria en las potencias imperialistas, concretando el caso de España, y la estructura de clases presente en el sector agroalimentario. Esto nos permitirá etiquetar como “falso debate” a la actual polémica entre las fuerzas políticas burguesas en torno al campo, entre librecambismo y proteccionismo. También en base a este análisis general podremos evidenciar la contradicción principal en el sector: la lucha antagónica de la pequeña burguesía agrícola contra las matrices monopolistas. Para resolver esta contradicción, analizaremos la posibilidad de la alianza del proletariado con la pequeña burguesía agrícola, tanto en la situación actual de resistencia contra el capital como ligado a la estrategia revolucionaria.

Esperamos que nuestra humilde contribución sirva para construir una posición política proletaria sobre la candente y generalmente desatendida cuestión agraria en las potencias imperialistas actuales.

Las protestas en el campo, lideradas por la mediana y gran burguesía y sus representantes políticos

Empezaremos por describir el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas burguesas. Como es habitual, las fuerzas que ostentan el gobierno central tratan de frenar y desmovilizar por distintos medios toda protesta, que al fin y al cabo pone en cuestión su gestión de la miseria capitalista, mientras que las fuerzas de oposición utilizan la movilización de forma oportunista con el fin último del rédito electoral:

La izquierda reformista ha caracterizado las protestas como un paro patronal de carácter reaccionario, y han hecho un llamado a mantener las formas de protesta encauzadas dentro de los márgenes de la legalidad. En esta difusión, la aristocracia obrera de los sindicatos obreros mayoritarios, es decir, sus dirigentes vendidos al capital, han tenido un rol protagonista. Por otra parte, un sector minoritario del reformismo reconoce la justeza de algunas de estas reivindicaciones, y ha orientado algunas de sus propuestas políticas para intentar contentar a un sector de la pequeña burguesía agrícola con medidas estéticas, o, como argumentaremos, ineficaces [1].

Por otra parte, la derecha y la ultraderecha han aprovechado el marco de las protestas de un sector con exigua aristocracia obrera para capitalizarlas y sacar rédito electoral, poniendo en el centro de la cuestión la Agenda 2030, una supuesta dicotomía con el ecologismo, el proteccionismo local e, incluso, fomentando el racismo poniendo al Norte de África como chivo expiatorio. El sello distintivo de la ultraderecha ha sido la organización espontánea por WhatsApp de algunas de las tractoradas, cosa que ha despertado críticas dentro de los grupos de agricultores de carácter progresista.

Aunque las reivindicaciones con mayor eco mediático son las que piden medidas proteccionistas contra la “competencia desleal” del mercado extracomunitario (exterior a la Unión Europea), también se hacen eco las reivindicaciones asociadas a una mayor flexibilidad respecto a la normativa en distintos ámbitos: fitosanitaria, del uso de agroquímicos y combustibles, inclusive laboral; así como más subvenciones, facilidad de crédito en mejores condiciones, una distribución justa de las ayudas de la Política Agraria Común, etc. Analizaremos a qué clase social agraria corresponden estas reivindicaciones, y su justeza.

Las protestas movilizan a distintas clases sociales bajo la bandera de “la defensa del campo español”, que como veremos, es la defensa de los intereses de la mediana burguesía agroindustrial. Vemos marchar a la mediana burguesía agraria junto con algunos terratenientes, e, incluso, la gran burguesía, conjuntamente con un grueso de pequeños agricultores, e incluso semiproletarios. Como podemos anticipar, los intereses de cada una de estas clases es distinto, y hasta antagónico. Por ello, en el presente artículo ofreceremos un análisis de clase del campo español, describiendo sus intereses y reivindicaciones, y por lo tanto trazando la línea divisoria entre el campo del enemigo y el campo popular.

En un contexto en que el movimiento comunista se encuentra en una situación de debilidad, es normal que, en un sector menos desarrollado que la producción industrial, sin una clase trabajadora que en su mayoría sea agraria, la gran y mediana burguesía tengan la capacidad para cooptar parte de la lucha para que forme parte de su agenda política, que en el sector del campo se manifiesta en las políticas antiecologistas y antiglobalistas, arrastrando a la pequeña burguesía e incluso otros sectores populares en contra de sus propios intereses [2]. En ausencia de alternativa, parte de los pequeños productores marchan bajo la bandera de su enemigo.

La inflación de los productos alimentarios responde a los intereses de los monopolios

Pasemos a aclarar una cuestión de candente actualidad: ¿cuál es la razón de los elevadísimos precios de los alimentos, cuando el coste de producción es tan reducido?

Los productos agrícolas, por el tiempo de trabajo requerido para su obtención (tanto directo, como acumulado en forma de maquinaria y productos necesarios para la producción, que han necesitado de un trabajo para obtenerse), tienen un bajo valor unitario: con el actual conocimiento y capacidad técnica acumulada, la producción agroalimentaria es altamente eficiente en relación con el esfuerzo humano requerido.

Esta es la realidad económica de la pequeña producción capitalista. En ausencia de competencia monopolista, la pequeña producción agrícola es altamente rentable: con una limitada cantidad de capital constante inicial (puesto que no es necesario mucha maquinaria moderna ni sofisticados métodos de control), es posible vender productos agrícolas de la pequeña producción a precios que permiten un margen de beneficio relativamente elevado. Esta era la realidad principal hasta hace no muchas décadas en España.

Como analizaremos en más detalle en la siguiente sección, la tasa de ganancia (la rentabilidad) en la gran industria se ve limitada por la apabullante y siempre creciente cantidad de capital constante necesario para poder ser competitivo. Por ello, el capital financiero se lanza a la conquista de otros sectores menos tecnificados (con menor capital constante requerido) y por lo tanto, con mayor tasa de ganancia. Para ello, deben apostar por la tecnificación y la economía de escala, que hace más competitiva la producción, y desbanca a la competencia. Esto se da de múltiples formas: facilitando o restringiendo créditos y préstamos, aseguradoras y sus condiciones de cobertura, empresas multisector que apuestan por la diversificación, fondos de inversión y filiales… En el caso del campo español, podemos identificar una transformación progresiva, con saltos productivos relevantes en el tardofranquismo, la Transición, y la crisis de 2008.

Como en todos los sectores, la inversión en mejores técnicas de producción (maquinaria más sofisticada, uso de agroquímicos, economía de escala) permiten a unos burgueses ser más competitivos que otros (que el coste unitario de las mercancías se reduzca, disminuyendo sus precios). La mejora de un burgués se convierte en una obligación para el resto de burgueses para poder competir por el grueso de la cota de mercado, por lo que progresivamente es necesaria más y más tecnificación, que supone más y más capital constante para la producción. Por tanto, al descomponer el precio de un producto en relación a la inversión de capital constante invertido (tierra, maquinaria, combustible, materias primas como abono, que no aumentan su valor sin la inversión del capital variable) y capital variable (coste de la mano de obra implicada), vemos cómo la inversión de capital constante adquieren más y más peso, con un doble efecto.

En primer lugar, supone un recrudecimiento de la explotación de la mano de obra. El burgués desea maximizar la rentabilidad (aumentar su capital) y ser competitivo (que la relación precio-calidad de su producto sea igual o mejor que la de la competencia). Para ser competitivo, debe mantener el precio. Para ser rentable, debe por lo tanto reducir los costes de producción. En tanto que la inversión requerida de capital constante aumenta, para maximizar la rentabilidad debe hacer más eficiente su inversión en capital variable, de la mano de obra: disminución del salario del obrero, aumento de sus ritmos de trabajo (aunque hay otras formas, como la disminución de su salario real, lo que la economía burguesa denomina capacidad adquisitiva).

En segundo lugar, este aumento del capital constante supone una barrera de entrada para los pequeños productores, que son pequeños en tanto que disponen de pequeño capital (escasas tierras, escasa posibilidad de invertir en maquinaria, que además en muchas ocasiones es rentable para grandes extensiones), y también se ven obligados a hacer más eficiente la inversión en capital variable para ser competitivos (explotar y autoexplotarse más intensamente). Profundizaremos más en esta cuestión en el siguiente apartado.

Vemos cómo las mejoras técnicas, que podrían traducirse en unas condiciones de trabajo más humanas en el campo, permitiendo alimentar a toda la población, bajo el capitalismo monopolista, se truncan en su contrario.

Llegados al punto actual de que el capital se encuentra concentrado a niveles increíbles, esta capa superior de la burguesía va a continuar con su modus operandi de maximizar su rentabilidad a toda costa. Esto lleva a que el capital fluye de forma desigual en los distintos sectores. Como sabemos, la punta de lanza en la adición de valor a las mercancías es el sector industrial, inundando múltiples mercados de consumo con productos cada vez más sofisticados y variados. Pero que, a su vez, tiene una creciente inversión en capital constante que limita el margen de ganancia. Por ello, el resto de sectores, con menor tecnificación, reciben el influjo de capitales bajo la imperiosa presión de la máxima rentabilidad, pero vencer la competencia hace florecer las condiciones que limitan la rentabilidad del sector industrial. Por ello, el monopolio lleva al estancamiento, y en última instancia, a equiparar la rentabilidad de este “nuevo” sector, al menos, a la que ofrece el sector industrial. Si no, el capital monopolista reducirá su inversión en el sector.

El influjo del capital monopolista tiene, principalmente, cinco efectos:

  • Como hemos expuesto, la explotación de la mano de obra se recrudece, tanto dentro como fuera de la matriz monopolista (donde la hostelería es un ejemplo estrella).

  • Se erigen barreras de entrada cada vez más altas, por lo que a las capas inferiores de la burguesía se le presentan dos opciones: integrarse en el circuito monopolista, o proletarizarse.

  • Los monopolios se hacen con el control del sector, de forma que les permite imponer los precios que aseguren su margen de ganancia.

  • Esta estructura de control también incrementa el coste fijo de las mercancías, puesto que hay que alimentar el monstruo administrativo y logístico monopolista.

  • Se desarrollan las condiciones óptimas para las prácticas especulativas que elevan el precio de las mercancías a cotas muy superiores a la del trabajo socialmente necesario para su obtención (véase el mercado de la vivienda como ejemplo paradigmático).

Por lo tanto, para asegurar que un alimento no solo es rentable, si no que sea rentable al nivel que aspira un monopolio (que tiene que ser una tasa de rentabilidad similar o superior a la rentabilidad industrial), el monopolio impone una serie de necesidades a la mercancía alimentaria para fidelizar a sus clientes: tiene que haber todo el año (aunque obtenerlo en volumen fuera de temporada tenga un coste muy elevado), tiene que venderse por lotes mínimos para aumentar la ganancia, y tiene que presentar unas propiedades organolépticas que la hagan atractiva (color homogéneo, brillante, formas simétricas, sin imperfecciones, texturas suaves, sabores hiperpalatables); todo ello para educar al consumidor en que el producto alimentario ofertado por el monopolio es superior y justificar su coste.

A su vez, los monopolios han implementado progresivamente la tormenta perfecta para asegurarse la venta de estos productos: el grueso de las capas populares se ven forzadas a comprar en el supermercado, ítem final de la cadena monopolista alimentaria, puesto que concentra todos los productos de la cesta de la compra en un único lugar, siendo la forma más eficiente de realizar esta tarea necesaria para reproducir su fuerza de trabajo con unos ritmos de trabajo intensificados. El adoctrinamiento del consumidor se realiza de múltiples formas, que han ido aparejadas a mil prácticas y estratagemas que han desplazado a la pequeña burguesía de la venta de alimentos al por menor de forma sin igual en las últimas décadas.

Para alimentar este monstruo logístico que termina en el supermercado, pero cuyas ramificaciones se extienden a toda la cadena alimentaria, los monopolios aplican una doble criba: en origen, el agricultor (sea este proletario agrícola, jornalero, o pequeño productor) recoge todo el producto cuando está de temporada, independientemente de sus “propiedades organolépticas” (sea feo o bonito). En el caso de la pequeña producción, el agricultor entrega la cosecha a la cooperativa, y esta busca un almacén al que venderlo. En este primer paso, en la interacción del agricultor con la cooperativa ya hacen una primera clasificación del producto, una primera criba, de acuerdo con la calidad del mismo. Esta primera criba sería suficiente para realizar una distinción cualitativa entre aquellos alimentos mejor acabados destinados al consumo directo (por ejemplo, los mejores tomates), y aquellos a destinar a la elaboración de alimentos procesados (siguiendo con el ejemplo, para hacer tomate frito con los tomates que no están en condiciones óptimas, pero aptos para el consumo). Pero cuando la cooperativa vende los alimentos y entran en el circuito monopolista a través del almacén, o llega a este desde la mediana y gran producción, se realiza una segunda criba aplicando criterios absurdos que ya hemos descrito, de interés en exclusiva bajo la lógica del monopolio. El coste de la mercancía se multiplica con el transporte de los alimentos de un sitio a otro, manteniendo instalaciones frigoríficas y de selección, para que la consecuencia última sea lotes enormes de producto, el grueso del cual va a caducar en el supermercado y en las casas de la gente. Por no hablar del grandísimo volumen que no se recoge por no salir rentable con lo precios fijos que establecen los monopolios a los productores, que se desecha en la primera criba por estos criterios, o el gran volumen que se despilfarra en la segunda criba de los monopolios.

En temporadas en las que es muy caro obtener estos productos, se opta por la importación o por técnicas de producción agrícola intensivas más caras. A todas luces, este esfuerzo es rentable para el monopolio, en tanto que el elevado coste de la selección y la producción fuera de temporada se verá repercutido en el precio final, un precio que mantendrá principalmente fijo en temporada, cuando compre grandísimos volúmenes de producto a precios irrisorios a los productores y obtenga un amplísimo margen de ganancia.

La cuestión agraria en una potencia imperialista contemporánea

Una de las características que define al imperialismo, la fase superior del capitalismo, es la concentración de la producción y la fusión de ramas productivas con el sector bancario. Es decir, el grueso de la producción se concentra en pocas manos, formando grandes monopolios, entretejidos con la banca. Esta fusión, como hemos comentado en el apartado anterior, se concreta de múltiples formas: fondos de inversión, relación-dependencia de la industria con entidades crediticias y aseguradoras, estructuras empresariales multisector con grandes grupos accionistas que tienen como filiales las empresas filiales productivas… La capa superior de la burguesía que tiene en propiedad desde bancos hasta sectores industriales recibe el famoso nombre de oligarquía financiera. Si en el capitalismo premonopolista el Estado ya se desarrolla como un capitalista colectivo, la concentración del poder económico y político en la oligarquía perfecciona toda la maquinaria estatal para primar la salvaguarda de los intereses no de la burguesía en su conjunto, sino de su capa superior. Todo gobierno de un país imperialista tiene la función fundamental de ser garante de la estabilidad de la oligarquía financiera. Este principio político arroja luz al acalorado debate entre las fuerzas parlamentarias burguesas de izquierda y derecha: tanto el librecambismo como el proteccionismo son funcionales a los intereses de la oligarquía financiera. Más adelante dedicaremos un apartado a profundizar en esta cuestión.

El desarrollo capitalista basado en la competencia lleva a la concentración del capital. El monopolio es la consecuencia natural. Las matrices monopolistas controlan el mercado, fijan los precios, restringen el acceso a la competencia y la tecnología, influyen directamente en las políticas y regulaciones, y convierten a la gran y mediana burguesía (e incluso a parte de la pequeña burguesía en algunos sectores) en sus subsidiarias y complemento, mientras que únicamente permite medrar a la pequeña burguesía en aquellos sectores que aún no ha considerado suficientemente atractivos, que cada vez son más escasos, aplastando al resto de la pequeña burguesía independiente por ser incapaz de competir.

El monopolio es un hecho de una forma incuestionable en el sector agroalimentario: Los grandes capitalistas tienen el control de toda la cadena del sector, desde su comienzo con los costes de producción (medios de producción en tierras, semillas y maquinaria), precios fijos mayoristas a los productores, préstamos y seguros, mecanismos de control administrativos y sanitarios, el nivel de escala productiva (que determina el capital constante inicial para tener una producción competitiva), hasta el final de la cadena, fijando el precio final al minorista. El puñado de empresas que controlan el sector agroquímico forman un todo con las anteriores y todo el entramado de la distribución, el transporte y la logística. De Bayer a Mercadona, todo forma parte de una misma cadena, no ausente de luchas intestinas, pero con el objetivo común de maximizar sus ganancias a costa de la sangre y sudor de las clases populares.

Por supuesto, la concentración afecta a la propiedad de tierra, a la producción de alimentos de forma directa. La mayor parte del terreno explotable para la agricultura está en manos de la gran burguesía agraria: grandes terratenientes y sociedades anónimas de empresas multisector, junto con, recientemente, fondos de inversión que han empezado a acaparar tierras con finalidad especulativa.

En el caso de España, como potencia imperialista de segundo orden, se cuenta con un sector agrario que sigue estas dinámicas de concentración de la tierra: una cuarta parte del terreno aprovechable para la agricultura está en manos del 6% de los propietarios totales (ya sea personas jurídicas o sociedades mercantiles). Dentro de este sector, encontramos grandes fortunas familiares y fondos buitre que invierten en grandes terrenos, donde la SAREB juega un rol relevante. En particular, la SAREB aglutina más de 30.000 terrenos urbanizables, que junto con las alrededor de 45.000 viviendas y las 21.000 en construcción, en 2021 superaba los 34.000 millones de euros de deuda pública acumulada que vendía progresivamente a precios irrisorios a fondos buitre y otros especuladores.

En este caso, vemos a todas luces que la tierra en sí misma es un factor importante de especulación: desde reventas hasta pelotazos urbanísticos. Este sector puede permitirse sacar rentabilidad a las tierras, sea de forma productiva mediante el cultivo o la ganadería, ya que la gran burguesía puede asumir los costes de producción que ellos mismos marcan, o bien mediante el uso de la tierra para el sector servicio o recreativo (fincas rurales, cotos de caza, campos de golf, etc.). A nivel político, este sector acapara la mayoría de subvenciones de la Política Agraria Común, un 80%, incluso si sus terrenos no están destinados a la producción de alimentos.

Estas grandes empresas también deslocalizan la producción de alimentos. De acuerdo a los datos de comercio exterior ofrecidos por DataComex (del Miniterio de Industria, Comercio y Turismo de España), actualmente el 54% del volumen económico de las importaciones agroalimentarias proceden de países externos a la Unión Europea. China y EEUU contribuyen un 4.5% y 5.5% al balance de importaciones, respectivamente. El resto de la importación guarda una relación relevante con la exportación del capital español (con su dominación a terceros países): el 13% de Latinoamérica y el 11% de África, correspondiendo la mitad a las importaciones de Marruecos; así como con el resto de los países dominados: las importaciones procedentes de Ucrania ascienden a un 9%, y las del sudeste asiático, excluyendo China, a un 5%.

Es importante resaltar que el 24% de la importación procedente del Norte de África y de América Latina corresponde a su peso en términos monetarios, pero corresponde a un volumen de alimentos muy superior en comparación al que tiene como origen otras potencias imperialistas. La deslocalización de las empresas españolas en países dominados les permite saltarse normativa aplicable en España en todos los terrenos: la superexplotación de la mano de obra, menores medidas de seguridad en el trabajo, el uso de agroquímicos agresivos que están prohibidos por su impacto a medio plazo en el suelo y los ecosistemas, menores o nulos controles sanitarios… Todo para ahorrar costes, repercutiendo en un menor coste por unidad, pero que no repercute sustancialmente en un menor precio final al consumidor. Donde sí impacta sustancialmente es en obtener un mayor margen de beneficio. Esta gran burguesía y los monopolios son los principales beneficiarios de los tratados actuales de comercio.

La gran burguesía agrícola, de la mano de la oligarquía financiera, controla absolutamente el sector, integra a la mediana burguesía en el centro imperialista en su red y somete a los pueblos de terceros países, utilizando el Estado para obtener políticas que repercuten en su beneficio: permisividad de la especulación con el suelo y los precios, recepción de subvenciones agrarias aún sin explotar el suelo a tal fin, y una política de comercio exterior, relaciones diplomáticas, uso de la deuda y la inversión, e incluso intervencionismo militar para mantener la superexplotación de los pueblos dominados.

Pero a pesar de que la tendencia al monopolio y a la concentración es un hecho, también lo es la prevalencia de la pequeña propiedad, siendo los pequeños agricultores o agricultores familiares una clase social mayoritaria en el campo.

Ya hemos expuesto cómo el capital monopolista busca la máxima rentabilidad, por lo que la inversión y desarrollo de los distintos sectores productivos es desigual. La superexplotación imperialista en los sectores primarios de las colonias y semicolonias tiene la traducción en el centro imperialista de que la capacidad productiva agrícola está sistemáticamente infradesarrollada e infrafinanciada, concentrando el capital en la producción industrial, el sector financiero y el sector terciario en ciudades o en suelo industrial cercanas a éstas.

Esto supone una realidad angosta para los pequeños propietarios del campo: la competencia con la cadena monopolista impide a la pequeña burguesía agrícola desarrollarse, y sin la capacidad de explotación técnica y humana, ahogados por la deuda y los costes, la pequeña producción se queda atrasada, y una parte de la población joven emigra a la ciudad en búsqueda de un mejor nivel de vida, limitando el relevo generacional.

Sin embargo, las crisis cíclicas en el capitalismo, la búsqueda sistemática del máximo beneficio por parte de los capitalistas, la ausencia de planificación económica centralizada, y en consecuencia, los flecos recurrentes en el mercado, junto con el infradesarrollo sistemático de la gran industria agrícola, seguirá permitiendo la pequeña propiedad en el campo, que complementa a la producción de la gran industria. Por ser la mayoría en el campo, los pequeños agricultores son una clase social que puede impulsar una agenda política para sobrevivir. El capitalismo es incapaz de solucionar la cuestión agraria, y una vez superada la feudalidad y en ausencia de campesinado, continúa perpetuando la contradicción campo-ciudad y aplastando a las capas populares del campo.

Las clases en el campo español

El campo en España aglutina a distintas clases sociales, cada una con unas contradicciones particulares con el propio sistema capitalista y entre sí, que necesariamente se reflejan en sus reivindicaciones y formas de lucha.

Como desgranaremos en este apartado, enla cuestión agraria hay dos grandes campos:

  • El campo del enemigo, que aglutina a la oligarquía financiera y a la gran y mediana burguesía.
  • Y, por otro lado, está el campo del pueblo. El del proletariado en su conjunto, incluyendo el proletariado agrícola, como clase dirigente y en alianza con el resto clases populares: el semiproletariado agrícola y el grueso de la pequeña burguesía agrícola.

En el corazón del campo del enemigo nos encontramos con la oligarquía financiera y la gran burguesía agroindustrial. Estas capas de la burguesía concentran en escasas manos la mayoría de tierras en propiedad, controlan todos los eslabones de la cadena (de forma directa e indirecta: logística, fitosanitarios, maquinaria, normativa, seguros, crédito…), y son políticamente contrarrevolucionarias por su posición en la cadena imperialista. Por su papel de grandes burgueses, su forma de obtener beneficios es variada, muchas veces alquilando a terceros sus terrenos y participando de manera puramente parasitaria en la producción. Se trata de un potente sector de la burguesía que es capaz de marcar agenda en la política gubernamental y arrastra al resto de clases del sector agrario, en una medida desigual, a posiciones reaccionarias, diluyendo los problemas reales a falsas dicotomías basadas en el racismo o el negacionismo climático.

El grueso de la propiedad de la tierra se encuentra en manos de la burguesía mediana. La ofensiva de los monopolios dio a cada empresa mediana dos opciones: integrarse o perecer. Por tanto, en los sectores en los que el capital monopolista se ha abierto paso y ha transformado la producción de acuerdo a sus necesidades, como es el sector agrario, las empresas medianas que encontramos están integradas en las matrices monopolistas, siendo dependientes de ellas, ofreciendo productos específicos en condiciones desfavorables para su iniciativa empresarial. La aplicación sistemática y consciente de Mercadona de este principio ha transformado radicalmente el sector en apenas dos décadas, y se pone de ejemplo en la academia económica burguesa.

La mediana burguesía presenta contradicciones con la oligarquía financiera y la gran burguesía: su actividad se ve resentida por la presión de las matrices monopolistas, de los bancos, las nuevas normativas y el aumento general en los costes de producción; pero estas contradicciones son secundarias, en tanto que se alía con el gran capital para mantener su posición de clase. Para ello intensifica la explotación del trabajo asalariado, hace propia la política reaccionaria, combate activamente la sindicación, y saca partido de la precariedad y la estacionalidad. Por lo tanto, la mediana burguesía es el grueso del campo burgués.

En cuanto a la pequeña burguesía, dentro de los propietarios es el sector más numeroso y el que tiene una contradicción más aguda con los monopolios y la política de los países imperialistas. Esta clase es heterogénea y encontramos pequeñoburgueses que emplean a varios trabajadores como apoyo en las tareas de recolección, mientras que el trabajo de mantenimiento de la producción recae en el propietario o sus familiares (pesticidas, mantenimiento y gestión de maquinaria, saneamiento del campo, etc.) y también existen pequeños propietarios con modelos familiares o mayoritariamente autoempleados. Como bien sabemos, la pequeña burguesía tiene un carácter ambivalente que aquí se pone de manifiesto: mientras que es una clase social destinada a la proletarización violenta, siendo absorbida por la gran burguesía, arruinada por la deuda o por no poder ser lo suficientemente competitiva, también existe y se beneficia de la explotación del proletariado, y es capaz de medrar en aquellos sectores y funciones que aún no han sido estandarizados (por falta de incentivo o complejidad) por la industria monopolista. Además, en las protestas lideradas por la pequeña burguesía, se evidenciará su óptica de clase: aunque algunos sectores puedan sostener reivindicaciones progresistas para mejorar las condiciones en las que producen, pero pueden también ser ganadas por los sectores reaccionarios.

Finalmente, nos encontramos con proletarios y semiproletarios del sector agrícola. La mayoría de jornaleros no viven únicamente de su trabajo en el campo, sino que se combina con otra fuente de ingresos. Podemos poner las excepciones en las zonas de agricultura extensiva o los focos de agroexportación como Huelva, en los que los jornaleros trabajan más meses. Así pues, al ser un trabajo temporal, combinado con otros trabajos, estacional y, en ocasiones, informal, con un grado bajo de sindicación, no conforman muchas veces una clase que pertenezca exclusivamente al sector agrario, limitando sus intereses y capacidad de lucha.

Como capa de la clase trabajadora agrícola que merece especial mención no podemos olvidar aquella bajo régimen de “contratación en origen”. La miseria producida por el imperialismo empuja a las capas más depauperadas de las clases populares de los países dominados a aceptar un trabajo en el centro imperialista, en el que por largos meses estarán lejos de sus familiares y amigos, a cambio de sueldos irrisorios y sin los derechos laborales básicos. A la ausencia formal de derechos básicos se le suman los nulos mecanismos de control, que suponen un verdadero tráfico de personas cíclico para trabajar en condiciones de esclavitud: partiendo de criterios de selección discriminatorios (es común el criterio de que sean mujeres con hijos menores de 14 años para maximizar las posibilidades de retorno cuando termine el ciclo de trabajo), salarios irrisorios, arbitrariedad en la duración y descansos durante la jornada, viviendas pésimas (cuando las hay) para los trabajadores migrantes, la posibilidad de retorno del trabajador bajo el criterio del empresario (dificultando la protesta), e incluso numerosos casos de violencia física y sexual por parte de los empleadores; la contratación en origen es la importación del régimen de semifeudalidad al territorio de la potencia imperialista, con la complacencia del “avanzado” y “garantista” Estado capitalista, para permitir la superexplotación en su mismo ámbito de jurisdicción.

Como comunistas, no cabe un ápice de duda en que apoyamos las reivindicaciones de los trabajadores, su organización y lucha en el sector agrícola junto al resto de la clase, desde el proletariado agrícola tecnificado de la gran industria a los miembros de nuestra clase contratados en origen en las más duras condiciones, pasando por el grueso de jornaleros que representan el semiproletariado del sector. Pero limitar aquí nuestro posicionamiento significaría caer en el viejo error del economicismo.

La línea proletaria, aquella línea política que acerca al proletariado a la revolución y, tras la revolución, aquella que aboga por la defensa y construcción del socialismo, no emana de las reivindicaciones de los trabajadores. Necesariamente, considerar tal cosa encadena las posiciones revolucionares a las reivindicaciones espontáneas e inmediatas de los trabajadores por unas mejores condiciones de explotación. Aún incluso que se lleven estas reivindicaciones a sus últimas consecuencias, convierte la propuesta comunista en reformista radical. Las reivindicaciones espontáneas de los trabajadores son reivindicaciones por unas mejores condiciones de explotación, no por acabar con la explotación en sí misma.

Por si fuera poco, en el análisis del conflicto, se hace evidente que el proletariado está infrarrepresentado numéricamente, y no constituye el agente social principal. La pequeña burguesía y el semiproletariado agrícolas son las principales clases del campo popular. La relación constante y directa de los pequeños agricultores con la producción agraria les dotan de un gran peso en la lucha popular en el campo.

Llegados a este punto, tomemos posiciones en el debate sobre “la defensa del campo español”, para, a continuación, enunciar con toda claridad la contradicción principal que verdaderamente atraviesa el campo español, y la relevancia que esta tiene en la estrategia revolucionaria.

Librecambismo vs. Proteccionismo: el falso debate de los capitalistas en el campo

Las protestas europeas del sector agrario llevan a la palestra qué opción de explotación debe priorizarse: si la explotación de los países dominados, o la explotación de las clases populares locales. Ambas son funcionales a la oligarquía financiera. La clase social que impulsa estas protestas es la mediana burguesía, que encuentra limitaciones para mantener su cuota de mercado en las presentes circunstancias internacionales (bloqueos, guerras, deslocalización), medioambientales (sequía) y nuevas normativas sanitarias y de sostenibilidad, y trata de torcer la tendencia política actual, para favorecer posiciones proteccionistas. En ausencia de alternativa, consigue arrastrar consigo a parte de las capas populares del campo.

En este marco, la mediana burguesía, en colaboración con la gran burguesía y la oligarquía financiera, y haciendo uso del amarillismo propio de los medios de comunicación, presenta al pueblo una falsa dicotomía. Se afirma que los precios de los alimentos son altos porque el nivel de vida en España es demasiado alto, por lo que hay dos opciones: o asumir la deslocalización como un producto del progreso y nuestro “alto nivel de vida”, o poner remedio, mediante medidas proteccionistas (limitación de importaciones, aumento de subvenciones) para evitar la ruina de los pequeños agricultores.

Algo no encaja cuando el precio de los productos españoles es más caro en España que en el extranjero, pero esto solo es la punta del iceberg. Los altos precios, como hemos visto, no se deben al alto nivel de vida, la calidad laboral, o el exigente control ecológico en el campo español. Actualmente vivimos la época en la que conviven mayor explotación en el tercer mundo por parte de empresas agrarias españolas, junto con la peor calidad de vida en para las clases populares del campo y el mayor grado de concentración de la tierra. A pesar de todas estas circunstancias favorables para la reducción del coste unitario de las mercancías, los precios de los alimentos para el consumidor final baten récords históricos. Esto responde en exclusiva a la maximización del margen de ganancia por parte de los monopolios, que se imponen a cualquier limitación reformista, como la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021, en palabras del Ministro de Agricultura Luis Planas “la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura” que iba a “establecer una relación justa entre todos los integrantes de la cadena”, y que no frenó ni por un momento el descontento y las movilizaciones de la pequeña y mediana burguesía del campo [3].

Las fuerzas políticas burguesas se dividen (hipócrita y oportunistamente) en dos: aquellos que abogan por mantener las relaciones comerciales de importación de productos alimentarios con las semicolonias, y quienes defienden su limitación para favorecer la producción nacional, atendiendo a esta reivindicación de la burguesía mediana. En España, el gobierno central de PSOE y Sumar encarnan la primera posición, mientras que la derecha y ultraderecha de PP y Vox tratan de abanderar de forma oportunista las reivindicaciones proteccionistas de la mediana burguesía [4].

Actualmente, los acuerdos entre las organizaciones del sector agrario y el gobierno central versan sobre una simplificación de los procesos administrativos para optar a las subvenciones, y una partida de crédito de 700 millones de euros. Actualmente, los grandes capitalistas son los mayores receptores de subvenciones agrícolas, que se destinan de acuerdo al volumen de la propiedad de la tierra. Por tanto, solo en segundo lugar esta medida beneficiaría a la mediana burguesía, siendo exiguas, comparativamente, las ayudas a percibir por el grueso de pequeños agricultores.

La subvención estatal de sectores productivos bajo el capitalismo es una medida que constituye esencialmente una transferencia de rentas del pueblo a la clase capitalista. Rentas del pueblo, puesto que las partidas presupuestarias del Estado emanan de los impuestos al consumo (mayormente el consumo de las clases populares para su subsistencia), a los salarios (de nuevo, el volumen total procede de los salarios de la clase trabajadora, junto la carga impositiva a las clase intermedias), y, en menor medida, de los beneficios empresariales (en menor medida, puesto que las deducciones y reducciones de impuestos son más comunes a mayor es el tamaño de la empresa, y aún así, estos beneficios son producto del sudor de las clases trabajadoras). Las subvenciones a la producción, medida proteccionista por excelencia, en las condiciones actuales de ausencia de disputa por el control de la producción, no son ninguna solución ni para las clases populares del campo en particular, ni para el pueblo y la clase trabajadora en general.

La mediana burguesía quiere arrastrar a la pequeña burguesía a defender el “campo español”, el sector agroindustrial, igual que la aristocracia obrera presenta defender a los capitalistas industriales como defender “el empleo” del proletariado industrial. La defensa del “campo español” se realiza desde una óptica reaccionaria, oponiendo los intereses del proletariado y pueblo español, al pueblo marroquí, los pueblos latinoamericanos, u otros.

En el terreno de las negociaciones a escala europea, otro punto que se ha avanzado es eximir de controles y sanciones relacionados con las practicas respetuosas con el medio ambiente para pequeñas explotaciones (menos de 10 hectáreas), medida que beneficiaría al 65% de los agricultores [5]. En la práctica, esta medida supone una renuncia por parte de la oligarquía financiera a implementar los cambios que son necesarios para la sostenibilidad y rendimiento de la producción agrícola a medio plazo, anteponiendo los intereses inmediatos de la mediana burguesía. Nada impide subdividir administrativamente las medianas y grandes explotaciones para así que estas también estén eximidas de la normativa de sostenibilidad para recibir las subvenciones de la Política Agraria Común.

Como vemos, es la gran burguesía la principal beneficiaria de las medidas proteccionistas, pero también es la mayor beneficiaria de la explotación en el tercer mundo. A pesar del aparente terremoto político que anuncian los telediarios, este no se traduce en un ataque directo a ningún sector o fuerza política, puesto que la oligarquía financiera tiene la seguridad de salir beneficiada sea cual sea la opción ganadora.

La defensa de la explotación imperialista y de las medidas librecambistas se concretan en la defensa y mantenimiento de los acuerdos comerciales actuales, con modificaciones como la inclusión de las “clausulas espejo”. Estas clausulas se venden como un incentivo para la implementación de medidas de producción sostenible en estos países. No cabe la menor duda que estas medidas serán estéticas y no contarán con la inversión en implementación que garantice su cumplimiento hasta que sea interés de la oligarquía financiera (bien directo, bien para mantener la estabilidad de sus negocios en alianza con la mediana burguesía).

La explotación de terceros países se presenta como un apoyo a su economía y desarrollo, y son comunes distintas orientaciones publicitarias para transmitir la visión ideológica del cosmopolitanismo imperialista a la clase trabajadora de las potencias imperialistas: campañas de marketing que blanquean la semifeudalidad y hacen proselitismo de una aparente felicidad y desarrollo gracias a la implantación burocrática de su multinacional deslocalizada, apuestas por un etiquetado de “comercio justo” como supuesta garantía de que no se han practicado las coacciones más brutales, sino que se ha explotado con un grado moderado, humano y aceptable, o simplemente la equivalencia del origen extranjero como sinónimo de calidad, justificando precios elevados para un producto que es “exótico”.

La lucha política sobre qué necesita el campo español, si adecuarse a los mercados internacionales o limitar la importación, no solo es una falsa dicotomía en la que la solución posibilista de aumentar las subvenciones beneficia principalmente a la gran burguesía, sino que transmite al conjunto del pueblo dos variantes de la ideología burguesa reaccionaria: da a escoger entre el chovinismo español y el cosmopolitismo imperialista.

Como vemos, con ambas opciones quien gana es el capitalista, quien pierde es el pueblo. El debate estaba amañado desde el principio, puesto que en su juego, la banca siempre gana.

Sin embargo, el pequeñoburgues agrícola podría costear perfectamente los pocos sueldos que tiene que pagar y controles eco-sanitarios mejores si no se le forzara a altos costes materiales para poder competir, a una dedicación exorbitantemente alta a gestiones burocráticas para optar a subvenciones y demostrar el cumplimiento de las condiciones de las mismas, y, sobre todo, si no se viera empujado a vender el grueso de su producción a precios absurdamente bajos para que los monopolios puedan multiplicarlos al consumidor final.

Los monopolios aplastan a los pequeños productores y explota indirectamente al resto de clases populares

A continuación, pondremos el foco en la contradicción principal actual en el campo español: la contradicción entre la pequeña burguesía agrícola y las matrices monopolísticas, que engloban la mediana y gran burguesía.

La bota que aplasta al grueso de pequeños agricultores es la de los monopolios del sector agroindustrial: estos fijan precios de compraventa irrisorios a los productores, controlan elacceso a los medios de producción, herramientas, abonos, materiales, combustibles, semillas, crédito y seguros, modulan la regulación aplicable, y también fijan los desorbitados precios al consumidor final. Para los pequeños productores agrícolas, el aumento de los costes de producción y mantenimiento que exige la normativa y la competencia con la mediana y gran burguesía no repercute en un mayor beneficio, puesto que el precio de venta se encuentra limitado de partida por la compra mayorista y distribución de los monopolios.

Como hemos desarrollado en un apartado anterior, los monopolios necesitan grandes volúmenes de venta por lotes para maximizar su beneficio. Para ello desarrollan una enorme cadena de producción y logística que asegure el abastecimiento continuo y con las mínimas perdidas de mercancías que son, de por sí, estacionales y además caducan deprisa.

Es decir, a las dificultades objetivas propias que tiene introducir economías de escala en el sector agrícola, se le suma la necesidad de hacerlo de una manera que maximice beneficios, lo que se traduce en que el precio de la unidad se ve multiplicado en dos o tres veces respecto a la compra cercana al origen de producción. A este coste añadido de la estructura monopolista se le añade además la inflación de los precios para aumentar el margen de ganancia, que llega a ser en algunos casos flagrante, como actualmente con el aceite de oliva.

Como la producción y distribución se concentra crecientemente en manos de los monopolistas, y esto se ha potenciado tras la crisis de 2008 con la centralización de la distribución de pequeñas mercancías en monopolios dirigidos por marcas de supermercados en todo el mundo (en España destaca Mercadona), el canal de distribución casi único para los productos agrícolas en España es hoy por hoy el supermercado, y los almacenes a los que las cooperativas agrícolas han de vender sus productos forman parte de esta cadena.

Para que la mercancía tenga salida al nivel que necesitan los monopolios en los supermercados, el precio con el que entra a la cadena de distribución tiene que ser bajísimo, y hay que contar no solamente con el precio de producir sino con el riesgo involucrado en una mala cosecha como la sequía actual, las fluctuaciones de los precios de producción hoy inflados, etc.

Los monopolios pueden beneficiarse del incremento en los costes de producción, porque los trasladan al precio final. Sin embargo, los pequeños y medianos burgueses agrícolas no, porque venden a precios fijados a los monopolios, de manera que el incremento de costes de producción se da a costa de su margen de beneficio.

La mediana burguesía se ha integrado en la cadena monopolista, y defiende su privilegio de clase aplastando a las capas populares: para mantener su posición puede intensificar la explotación de sus numerosos jornaleros, incrementado el volumen de ventas que se encuentra asegurado por el monopolio, y mantener la tendencia actual para obtener mayor cuota de mercado, al acabar con la competencia de los pequeños agricultores.

Para la pequeña burguesía, la concentración de la tierra sopla en su contra: no cuenta con la extensión de tierra suficiente como para que el rendimiento extraído a la mayor inversión en costes fijos le resulte rentable, y no puede aumentar más su grado de explotación.

Es decir, si la pequeña burguesía aumenta la explotación (autoexplotación principalmente, y de los escasos trabajadores que no sean familiares) puede aumentar algo su margen de beneficio, pero no suficiente como para remontar todo lo que se le exige actualmente: subidas de precio de combustibles, semillas, renta de la tierra (cuando la hay), medios de producción (incluyendo su mantenimiento y reparación), seguros… puesto que este aumento de coste no puede repercutirlo en un mayor precio de venta. Los precios de su venta al por mayor se encuentra fijados por los monopolios, siendo muy bajos.

Los monopolios empujan a la proletarización a la pequeña burguesía agrícola: de forma concreta, expulsándolos de su tierra y oficio; y de forma general, haciendo que sus condiciones de vida y trabajo se asemejen más y más a las de un proletario, sin posibilidad de acumulación de capital, exprimiendo su fuerza de trabajo para fundamentalmente poder reproducirla y mantenerse, obligándolo a aplicar las técnicas más eficientes, etc.

Como ya hemos señalado, la pequeña burguesía es ambivalente. Sin embargo, como sucede con la pequeña burguesía independiente en general y tras este análisis concreto, afirmamos que la pequeña burguesía agrícola solo puede ganar de verdad si se alía con el proletariado, como expondremos a continuación. Por lo tanto, reivindicamos que la lucha de los pequeños agricultores por su sustento es justa y que se pueden ganar a sectores de esta clase para la revolución y el socialismo.

La alianza del proletariado y la pequeña burguesía agrícola

Para evaluar la posibilidad de una alianza entre el proletariado y los pequeños agricultores, es necesario enunciar con toda claridad los intereses del proletariado en el sector agrario: el abastecimiento de productos agrarios de buena calidad, de forma sostenible, y en unas condiciones de trabajo que garanticen una vida digna para las clases trabajadoras del campo.

Por lo tanto, la posición proletaria no toma partido por ninguna de las dos opciones del debate de los capitalistas actual. La clase obrera del centro imperialista, en términos netamente económicos, no tiene ningún interés en la explotación a pueblos dominados, puesto que lo único que obtiene a cambio son alimentos a precios hinchados. Así mismo, tampoco apoya la defensa y protección del “campo español” en las condiciones actuales, en tanto que esto significa la transferencia de rentas a la burguesía, y ninguna ayuda efectiva para las clases populares del campo.

La perspectiva obrera es enemiga de todo acaparamiento o despilfarro: de forma intuitiva, la clase trabajadora apoya a los pequeños agricultores, y aboga porque las cooperativas de pequeños agricultores no tendrían que verse forzadas a vender sus productos a precios irrisorios sistemáticamente.

El proletariado sí tiene un interés objetivo en el abastecimiento local, porque no va a participar en la explotación del tercer mundo, y debe garantizarse la subsistencia con el abastecimiento continuado. La pequeña burguesía agraria, en este sentido, es necesaria, al ser en las condiciones actuales una clase popular relevante en la producción agrícola.

Más aún, en las múltiples formas en que los monopolios aplastan a los pequeños agricultores el proletariado es su mayor aliado, puesto que no tiene ningún interés en mantener divididos y en manos privadas los medios de producción industriales, incluida la maquinaria de producción agroindustrial y las semillas, sino que preferiría que estuvieran a la disposición de todas las clases populares. La clase obrera está a favor de todo lo que sirva para racionalizar y centralizar recursos para abaratar costes para la fabricación y mantenimiento de medios de producción (tractores, mulas mecánicas, semillas, etc.), reduciendo los costes de producción en el campo a través de la colectivización.

Y atendiendo a la manifestación principal de la contradicción entre los pequeños agricultores y la gran burguesía: el proletariado no tiene particular interés en mantener un monstruo logístico que asegure que todos los alimentos tienen unas propiedades atractivas como mercancía de hiperconsumo, vendidos en lotes de un mínimo para maximizar inversión… En el socialismo, bajo la dirección del proletariado, el sector agroalimentario podría funcionar bajo criterio político: sin margen de beneficio con el que generar un valor añadido, pero garantizando el necesario abastecimiento general, operando bajo criterios de sostenibilidad, intentando estirar menos la temporalidad (hay muchos alimentos de temporada que no es necesario que estén disponibles en el mismo volumen todo el año), y garantizando unas condiciones de trabajo dignas, equiparables a las de cualquier otro trabajador, para los trabajadores agrícolas.

Como vemos, es posible una alianza con el proletariado.

A lo único que la pequeña burguesía debería renunciar a intensificar la explotación de sus jornaleros, es la única parte por la que pierden margen de beneficio al aliarse con el proletariado en vez de con la burguesía.

Los comunistas, como aspirantes a representar al proletariado, apoyamos que los pequeños agricultores luchen y reclamen ayudas y subvenciones para tener una retribución justa por su trabajo, que les permita una vida digna.

Los pequeños agricultores deben dirigir su lucha, porque la bandera de “la defensa del campo español” y las medidas proteccionistas son la bandera de la mediana burguesía, en alianza con la gran burguesía y la oligarquía financiera. Quienes ejecutan el proteccionismo son los mismos que les están expropiando y echando de sus tierras y oficio, condenándoles a la miseria.

La lucha de los pequeños propietarios agrícolas debe dirigirse contra quienes imponen precios unitarios de venta ridículos al por mayor, especulan con la maquinaria, su mantenimiento, el combustible, la tierra, los abonos y las semillas, les asfixian con la normativa, la burocracia, los seguros y el crédito; y se hacen con la propiedad de la tierra a ritmos crecientes.

En el marco del capitalismo esta lucha tiene solo cierto margen, como tantas otras. Las organizaciones de pequeños productores y cooperativas agrícolas, con una orientación adecuada y organización y extensión suficientes, podrían hacer de cartel para exigir precios de venta unitarios mayores a los almacenes (a costa del margen de beneficio de estos y del resto de la matriz monopolista), luchar por regulaciones que les protejan de los abusos en los préstamos bancarios y aseguradoras (algo que las asociaciones de consumidores hacen, con menos fuerza, debido a que el “consumidor” no es ninguna clase social, o como los camioneros conquistaron una subvención para el combustible), o subvenciones destinadas a pequeños agricultores (y no por volumen de tierra en propiedad). Es una orientación de lucha que ya se está llevando a cabo, no en pocas ocasiones en alianza con la mediana burguesía (y el campo burgués), y por lo tanto, en su detrimento.

Con lo anterior, afirmábamos que la alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía agraria era posible. El antecedente más ilustrativo de esta posibilidad fue el Mayo francés del 1968, que para el día de la huelga obrera del 13 de mayo movilizó a 9 millones de trabajadores, junto a estudiantes y agricultores, bajo lemas principales como “abolición de la sociedad de clases” y “luchar contra el imperialismo”, que llegó a su culmen en Nantes, donde los obreros y los agricultores cortaron los accesos a la ciudad y controlaron el precio de los productos ofrecidos en las tiendas, las cuales solo podían abrir con autorización del Comité de Huelga. En estos momentos, en muchos de los centros de trabajo en huelga, comienza a plantearse la cuestión del poder obrero en las empresas, poniendo verdaderamente en cuestión la autoridad del Estado y generando un auténtico vacío de poder.

Para terminar, queremos realizar algunos apuntes estratégicos sobre no solo la posibilidad, sino la necesidad de esta alianza.

 

La estrategia revolucionaria y la cuestión agraria en una potencia imperialista contemporánea

En primer lugar, es necesario realizar una distinción fundamental de la composición de clase de un país imperialista contemporáneo como España, y la composición de clase de los países en los que contamos con experiencias históricas de toma del poder por parte del proletariado. En España no existe no existe ya el campesinado, una clase social básica que corresponde a una realidad productiva del régimen feudal.

El campesinado es aquella clase básica que desarrolla la explotación agrícola atada (económica, cultural y muchas veces políticamente) a la tierra que trabaja. Esta actividad es principalmente de autosustento, dedicando una parte de su producción al pago en especie a la clase dominante (como puede ser el diezmo), y otra parte, reducida, destinada a la venta para poder comprar aquello que no puede producir. La economía campesina es principalmente de autosustento y trueque local.

La estrategia revolucionaria siempre ha atendido a la movilización e intereses de esta clase básica del campo popular, en no pocas ocasiones numerosa, bajo la bandera de completar las tareas democrático-burguesas (en los países imperialistas) o realizar la revolución democrática (en los países dominados), bajo la dirección del proletariado. Unas relaciones de producción y clases sociales distintas implican unas contradicciones distintas.

El desarrollo capitalista sustituye plenamente en los países imperialistas las relaciones sociales de producción feudales por las capitalistas, y por tanto en España, en la que las tareas democrático-burguesas (las tareas de transición del feudalismo al capitalismo) se han completado, el campesinado ha dado paso a otras clases populares (proletariado agrícola y pequeña burguesía), ha transformado las relaciones económicas del semiproletariado, y los grandes terratenientes han dado paso a la burguesía (siendo, actualmente utilizado el término terrateniente como descriptivo de burguesía rentista o agraria que tiene propiedad de la tierra para su explotación). Cada una de estas clases, y sus capas, como hemos analizado, presentan intereses contrapuestos entre sí.

El análisis del cambio de las relaciones sociales de producción es crucial, puesto que la explotación tiene un doble carácter: por un lado, determina las reivindicaciones y formas de lucha de los explotados; por otro, establece cuál es la fuente de poder económico de los explotadores. Desvela a la vez la fortaleza y debilidad de cada clase. Como hemos podido concretar, el desarrollo capitalista, lejos de resolver la contradicción campo-ciudad, la perpetúa y agudiza en los países imperialistas, empujando a la pequeña burguesía agrícola a una alianza con el proletariado.

En esta alianza, hemos identificado que la pequeña producción agrícola, bajo los intereses del proletariado, podría desembarazarse de la bota monopolista y funcionar bajo criterio político: garantizando el abastecimiento general de alimentos, con la retribución correspondiente para que esta pudiera vivir dignamente, al nivel de cualquier obrero, aunque sin posibilidades de acumulación y ascenso social. En términos estratégicos, garantizar el abastecimiento alimentario es una tarea estratégica fundamental, sin la que ninguna revolución, y en general, ningún proceso político, puede alcanzar la victoria o mantenerla por mucho tiempo.

Debemos ser muy claros a este respecto: un proceso revolucionario no es un proceso pacífico, no puede serlo. No va a existir una revolución proletaria mundial coordinada que se dé al mismo tiempo en todas partes, ni en un territorio suficientemente extenso. Todo inicio de un proceso revolucionario se da en condiciones de debilidad absoluta, haciendo frente no solo a fuerzas económica y militarmente muy superiores, si no a todos los retos económicos que acarrea la producción.

Así que los bloqueos económicos y los boicots a un proceso revolucionario van a ser una realidad, bien por parte de la propia burguesía a la que se le disputa o se le ha arrebatado el poder político, o por la burguesía internacional.

La revolución cuenta con la gran palanca de las masas trabajadoras luchando por su liberación y la transformación socialista, vencer es posible con la línea política adecuada a las circunstancias, pero una línea política justa no diluye por sí sola estas dificultades. La línea política es la orientación que el pueblo debe tomar para superar los enormes retos que tenga por delante. Superarlos solo es posible con el esfuerzo tenaz y perseverante. Y para ello, unir a todo el que puede ser unido a la causa revolucionaria, al conjunto del pueblo, es una imperiosa necesidad. Hacer lo contrario es un crimen.

Entendemos que para organizar una revolución son necesarios los tres instrumentos: el Partido Comunista (constituido o reconstituido), el Ejército Rojo y el Frente Unido. Para ahondar en estas cuestiones, os recomendamos la lectura de nuestro documento ideológico [6] y político [7]. En este caso en concreto, es importante especificar algunas tesis respecto a la cuestión del Frente Unido, su papel en la construcción del socialismo y la posición que tienen en él las diferentes clases populares que pueden ser potencialmente aliadas del socialismo.

Definimos el Frente Unido como la unidad estratégica de todas aquellas fuerzas revolucionarias activas en la ejecución de la revolución y la construcción socialista. Concretamente en el caso de un país imperialista, la fuerza motriz de la revolución es la clase obrera, siendo el primer objetivo del frente unido estratégico la unidad de esta clase bajo el programa revolucionario, para después unir al resto de trabajadores asalariados, y finalmente a otras capas populares. Como hemos expuesto, existe una contradicción directa y antagónica de la pequeña burguesía agrícola con la mediana y gran burguesía, que extrae su riqueza de la explotación, siendo por tanto miembro del Frente Unido.

Unir a todo el que puede ser unido a la causa revolucionaria para aislar y golpear al enemigo burgués se condensa en la creación del Frente Unido. Como señalamos, unir a la pequeña burguesía agrícola al Frente Unido es una tarea estratégica, puesto que el abastecimiento durante el proceso revolucionario es una condición fundamental.

Esto es así tanto durante como tras la toma del poder político, puesto que ni la revolución ni la construcción del socialismo son procesos lineales, que avanzan sin retrocesos. La toma del poder por parte del proletariado no va a suponer tener rápidamente un sistema económico socialista sólido en el que no existan contradicciones. A continuación, repasaremos algunas experiencias históricas que apuntan en esta dirección:

La experiencia bolchevique muestra cómo la insurrección en distintos focos industriales fue el inicio de una guerra civil revolucionaria que duró cuatro años y en la que intervino militarmente más de dos decenas de países. El comunismo de guerra para la transformación de la producción al servicio de la guerra revolucionaria tenía como uno de sus ítems principales garantizar el abastecimiento general. Tras ello, durante la construcción socialista, la propiedad privada de la tierra persistió de forma notable por más de dos décadas. La cuestión agraria se fue resolviendo progresivamente, garantizando el abastecimiento de la población gestionando las contradicciones internas, aunque no de forma lineal. Un salto cualitativo en la resolución de la cuestión agraria fue la ofensiva contra la burguesía en el campo (los kulaks, campesinos ricos que explotaban a las clases populares) con las Grandes Colectivizaciones, que especulaban con los alimentos, perpetuaban el caciquismo en el campo, y en oposición a la transformación socialista, quemaron cosechas y enterraron cabezas de ganado para sabotear a la joven república soviética. Las Grandes Colectivizaciones fueron una ofensiva de las masas revolucionarias con una relación bidireccional con la dirección del Partido Comunista, que había iniciado una campaña en ese sentido, y puso fin a las hambrunas que asolaban el país desde su pasado zarista hasta dos décadas después de la Gran Revolución Socialista de Octubre iniciada en 1917.

Al ser la URSS el único país imperialista en el que el proletariado ha tomado el poder, este es un ejemplo muy ilustrativo. La cuestión del abastecimiento general está presente desde la primera experiencia revolucionaria del proletariado en la Comuna de París, pasando por la Guerra Popular Antifascista española de 1936, la Guerra Popular Prolongada que culminó con la toma del poder por el proletariado y el pueblo chino en 1949, los procesos revolucionarios que han alcanzado cotas avanzadas en disputar el poder político al Estado burgués (India, Perú, Filipinas)… En ellas, los revolucionarios han tenido que enfrentarse al reto de la transformación económica de la producción liberada en economía de guerra, no solo fabricando utensilios y avituallamiento para el frente, sino garantizando el abastecimiento de toda la población. El enfoque de los Ejércitos Rojos de nuevo tipo tienen una clara orientación de participación en la producción: no solo para autosustentarse, sino para contribuir al pueblo, así como siendo un agente político principal en la transformación socialista, educando a las masas en técnicas de producción y organización modernas.

Aunque no contamos con experiencias de procesos de revolución proletaria en países sin relaciones sociales feudales o semifeudales relevantes, sí contamos con un abanico de experiencias históricas que ponen el foco en la relevancia del abastecimiento de alimentos: el bloqueo económico a los países dominados que tratan de romper con las condiciones más indolentes de la bota imperialista, muchas veces en combinación con la ineficiencia de la burguesía burocrática, ha llevado a la hambruna a múltiples países, como Venezuela, Cuba, o Níger; cuando no ha sido un arma de dominación y genocidio (Irlanda, India, Kenia, Congo, Palestina…). Por otro lado, procesos como la resistencia partisana antifascista tuvieron que hacer frente a los retos del avituallamiento de la población de las regiones liberadas, siendo insuficiente la ayuda humanitaria recibida desde los países aliados.

Así pues, el socialismo consistirá en la apropiación de los medios de producción, para ponerlos al servicio de la construcción del socialismo (en primera instancia de la toma del poder), bajo la dirección de los intereses del proletariado y de las clases populares activas en la revolución. De cara a la subsistencia, la soberanía alimentaria es una pieza clave, ya que será necesario asegurar que el pueblo pueda acceder a los alimentos y acabar con el hambre.

La soberanía alimentaria en el marco del capitalismo monopolista es una nana de socialdemócratas y reformistas para encandilar a sectores críticos con el capitalismo de la pequeña burguesía independiente, la intelectualidad, e incluso a una capa de la clase trabajadora más sensibilizada con la cuestión ecológica. Bajo la tutela de la socialdemocracia verde, hablar de soberanía alimentaria no es más que greenwashing de la mediana burguesía agraria, estructuralmente vinculada al imperialismo y a los intereses de la oligarquía financiera y la gran burguesía. La superexplotación imperialista y la necesidad fisiológica de alimentarnos son los ingredientes perfectos para la especulación monopolista.

En la revolución y el socialismo, los esfuerzos de los pequeños agricultores, aunados con la transformación de la mediana y gran propiedad expropiadas de las manos de la burguesía en la forma de producción adecuada de acuerdo a las condiciones concretas (reparto en pequeñas parcelas, colectivización, socialización, en distinta medida y forma), adquirirán un carácter estratégico.

Por lo tanto, la primera forma de caminar hacia un campo al servicio de la clase obrera y del socialismo, será apuntalar con todas las fuerzas a los grandes monopolios y a la gran burguesía, que acaparan en sí la mayoría de la tierra y los recursos. Para ello, será necesario lidiar con las contradicciones en el seno del pueblo, entre pequeño-burgueses y proletarios, que comparten interés mutuo en este aspecto de la lucha.

¡Viva la lucha de los agricultores contra el capital monopolista!

¡Por la alianza del proletariado con la pequeña burguesía agraria y por el socialismo!

¡Caminemos hacia la construcción del Frente Unido, herramienta indispensable para el triunfo de la revolución proletaria!

[1] https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-protestas-campo_6_10909535_1105969.html

[2] https://www.elespanol.com/invertia/economia/20240131/manual-entender-ira-agricultores-burocracia-competencia-desleal-ue/828917469_0.html

[3] https://www.eldiario.es/economia/ley-cadena-alimentaria-afecta-granjeros-supermercados-consumidores_1_8544309.html

[4] https://www.eldiario.es/economia/planas-propone-43-medidas-frenar-protesta-campo-senala-pp-vox-mantener-conflicto-interes-politico_1_11254294.html

[5] https://www.eldiario.es/economia/27-avalan-flexibilidad-medioambiental-pac-planteada-bruselas-calmar-ira-campo_1_11243603.html

[6] https://somosrevolucion.es/marxismo-leninismo-maoismo/

[7] https://somosrevolucion.es/tercera-postura-congresual-nuestra-linea-politica-estrategia-y-tactica/